Imagine que por un accidente de tránsito lo detiene la Policía y debe permanecer en prisión. El percance ocurre un viernes, lo que representa un fin de semana tras las rejas. Llega el lunes, pero la saturación en Tribunales impide que un juez lo escuche. Mientras tanto, comparte la reclusión con personas que han cometido crímenes mayores, como asesinatos, violaciones o extorsiones.
A partir del momento en que se ejecuta la orden de aprehensión y se pone un pie en Tribunales, el calvario empieza. Se está a merced de lo que el tiempo y la voluntad del Organismo Judicial permita. Es en ese momento cuando comienza un ataque frontal contra los derechos humanos de los sindicados.
Quien ha visto de cerca este drama es Max Erwin Quirín. Está por cumplir quince meses tras las rejas, sin mayores esperanzas en la aplicación de la justicia. Tras su captura, el 20 mayo de 2015, después de día y medio de audiencia y pasar una semana en prisión en las carceletas del sótano de Tribunales, el 27 de mayo del mismo año, la Jueza Silvia de León lo ligó a proceso y lo envió a prisión preventiva por el delito de fraude. El turno ahora era del Ministerio Público (MP) de presentar y ostentar, en un tiempo de 45 días, las pruebas que supuestamente lo vinculaban en la adjudicación anómala del contrato entre el IGSS y Pisa por Q116 millones. La espera continúa.
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Quirín es un reconocido empresario, cuya captura sorprendió a diversos sectores sociales, debido a su destacada trayectoria en el mundo cafetalero. Ecoagro, compañía a su cargo desde 1990, forma parte de un proyecto que desde finales del siglo XIX ha operado en Cobán, Alta Verapaz, y ha representado una fuente importante de empleo.
“Mi detención ha sido ilegal por este año y dos meses”, refiere el empresario Max Quirín.
“Mi detención ha sido ilegal por este año y dos meses”, refiere Quirín, al recordar su estatus en prisión preventiva. Los defensores del empresario han presentado al juez que lleva la causa varios recursos para que otorgue medidas sustitutivas. La respuesta ha sido negativa, presuntamente por presiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Colapso y atropellos
De acuerdo con el abogado penalista José Toledo, este caso ilustra el colapso y las falencias del sistema, pues de acuerdo con la Constitución Política de la República, la situación jurídica de cualquier sindicado debe ser resuelta en 24 horas.
“Vencido en ese plazo ya es una detención ilegal. Hay una figura que los actuales jueces se han inventado, y le llaman detención provisional, esta figura no existe. Basados en esta mantienen a muchas personas detenidas ilegalmente. En lugar de enviarlas a prisión, deberían ser enviadas a sus casas con respectiva vigilancia y con las advertencias que deben presentarse al proceso y que no tienen que salir de su residencia”, cita el jurista.
Según Quirín, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no cometieron delito alguno al avalar una contratación que ya había sido estudiada por la Junta de Licitación, en quienes recae la responsabilidad de las contrataciones del IGSS.
Además, aseguró que los miembros de la Junta Directiva no son cuentadantes del IGSS, pues no manejan recursos para las contrataciones de las empresas. Según Quirín, “hay una arbitrariedad en la acusación del Ministerio Público, pues la Junta Directiva” desconocía a qué empresa le habían otorgado la licitación.
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“La Junta Directiva no llega a conocer si el producto cumple con los estándares de calidad, es un trabajo de la Junta de Licitación, quienes determinan la calidad del producto”, afirma Quirín, quien explica que las evaluaciones del producto adquirido por el IGSS lleva todo un proceso para que los pacientes que utilizan los servicios sean atendidos de la mejor manera.
Sin jueces, ni efectividad
Además de la arbitrariedad y detención ilegal a la que hacen referencia Toledo y Quirín, el sistema de justicia se ha convertido en un embudo. De acuerdo con la Memoria Quinquenal del Organismo Judicial (OJ), hasta 2014 eran 906 jueces trabajando en todo el país en ese poder del Estado.
Los casos ingresados ese año en el sistema sumaron 391 mil 290, y el OJ ha calculado que, en promedio, se deben llevar a cabo unas 1 mil 086 audiencias por día. También en 2014, las sentencias logradas fueron 37,226, lo cual implica que aproximadamente solo el 10% de los expedientes ingresados llegó al final del proceso.
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En un panorama tan complejo en el sistema, la tasa que corresponde al departamento de Guatemala indica que por cada 100 mil habitantes existen 5 órganos jurisdiccionales. Así es la realidad del acceso a la justicia en el país.
Quirín enfrentará el debate oral y público por el delito de fraude hasta el 23 de enero de 2017, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Ante esto, el penalista refiere: “En el caso de Quirín, quien lleva ya más de un año de prisión y no es sometido a debate, el artículo 268 del Código Procesal Penal, dictamina claramente: La privación de la libertad finalizará cuando la duración exceda de un año, si después de ese año la persona no ha sido llevada a proceso, debe quedar en libertad por medio de una medida sustitutiva, esto es una regla”, detalla.
Destacado empresario
En 1992 fungió como Gerente General de Ecoagro; además, participó como miembro de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, designado como titular de las Asociaciones Empresariales a partir de 2000 hasta 2010. En 2006 fue nombrado por la Junta Monetaria, como miembro de la Junta Directiva del Seguro Social, ocupando el cargo de Vicepresidente. En 2010 fue miembro titular del sector patronal de la Junta Directiva del IGSS.
A los integrantes de la Junta Directiva se les sindica de nombrar a los miembros de la Junta de Licitación; estos últimos, de acuerdo con la acusación, no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Además, de haber aprobado, supuestamente, la actuación de la Junta de Licitación sin advertir los vicios del proceso (falta de capacidad de la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., y la falta de disposición, control y supervisión de la prestación del servicio ofrecido).
Los días siguen pasando y mientras no se desentrampe el proceso, los detenidos, entre quienes se cuenta a un expresidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez, seguirán enfrentando un drama tras las rejas; y qué decir de sus familias, quienes también esperan que se haga justicia.
Imagine que por un accidente de tránsito lo detiene la Policía y debe permanecer en prisión. El percance ocurre un viernes, lo que representa un fin de semana tras las rejas. Llega el lunes, pero la saturación en Tribunales impide que un juez lo escuche. Mientras tanto, comparte la reclusión con personas que han cometido crímenes mayores, como asesinatos, violaciones o extorsiones.
A partir del momento en que se ejecuta la orden de aprehensión y se pone un pie en Tribunales, el calvario empieza. Se está a merced de lo que el tiempo y la voluntad del Organismo Judicial permita. Es en ese momento cuando comienza un ataque frontal contra los derechos humanos de los sindicados.
Quien ha visto de cerca este drama es Max Erwin Quirín. Está por cumplir quince meses tras las rejas, sin mayores esperanzas en la aplicación de la justicia. Tras su captura, el 20 mayo de 2015, después de día y medio de audiencia y pasar una semana en prisión en las carceletas del sótano de Tribunales, el 27 de mayo del mismo año, la Jueza Silvia de León lo ligó a proceso y lo envió a prisión preventiva por el delito de fraude. El turno ahora era del Ministerio Público (MP) de presentar y ostentar, en un tiempo de 45 días, las pruebas que supuestamente lo vinculaban en la adjudicación anómala del contrato entre el IGSS y Pisa por Q116 millones. La espera continúa.
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Quirín es un reconocido empresario, cuya captura sorprendió a diversos sectores sociales, debido a su destacada trayectoria en el mundo cafetalero. Ecoagro, compañía a su cargo desde 1990, forma parte de un proyecto que desde finales del siglo XIX ha operado en Cobán, Alta Verapaz, y ha representado una fuente importante de empleo.
“Mi detención ha sido ilegal por este año y dos meses”, refiere el empresario Max Quirín.
“Mi detención ha sido ilegal por este año y dos meses”, refiere Quirín, al recordar su estatus en prisión preventiva. Los defensores del empresario han presentado al juez que lleva la causa varios recursos para que otorgue medidas sustitutivas. La respuesta ha sido negativa, presuntamente por presiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Colapso y atropellos
De acuerdo con el abogado penalista José Toledo, este caso ilustra el colapso y las falencias del sistema, pues de acuerdo con la Constitución Política de la República, la situación jurídica de cualquier sindicado debe ser resuelta en 24 horas.
“Vencido en ese plazo ya es una detención ilegal. Hay una figura que los actuales jueces se han inventado, y le llaman detención provisional, esta figura no existe. Basados en esta mantienen a muchas personas detenidas ilegalmente. En lugar de enviarlas a prisión, deberían ser enviadas a sus casas con respectiva vigilancia y con las advertencias que deben presentarse al proceso y que no tienen que salir de su residencia”, cita el jurista.
Según Quirín, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no cometieron delito alguno al avalar una contratación que ya había sido estudiada por la Junta de Licitación, en quienes recae la responsabilidad de las contrataciones del IGSS.
Además, aseguró que los miembros de la Junta Directiva no son cuentadantes del IGSS, pues no manejan recursos para las contrataciones de las empresas. Según Quirín, “hay una arbitrariedad en la acusación del Ministerio Público, pues la Junta Directiva” desconocía a qué empresa le habían otorgado la licitación.
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“La Junta Directiva no llega a conocer si el producto cumple con los estándares de calidad, es un trabajo de la Junta de Licitación, quienes determinan la calidad del producto”, afirma Quirín, quien explica que las evaluaciones del producto adquirido por el IGSS lleva todo un proceso para que los pacientes que utilizan los servicios sean atendidos de la mejor manera.
Sin jueces, ni efectividad
Además de la arbitrariedad y detención ilegal a la que hacen referencia Toledo y Quirín, el sistema de justicia se ha convertido en un embudo. De acuerdo con la Memoria Quinquenal del Organismo Judicial (OJ), hasta 2014 eran 906 jueces trabajando en todo el país en ese poder del Estado.
Los casos ingresados ese año en el sistema sumaron 391 mil 290, y el OJ ha calculado que, en promedio, se deben llevar a cabo unas 1 mil 086 audiencias por día. También en 2014, las sentencias logradas fueron 37,226, lo cual implica que aproximadamente solo el 10% de los expedientes ingresados llegó al final del proceso.
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En un panorama tan complejo en el sistema, la tasa que corresponde al departamento de Guatemala indica que por cada 100 mil habitantes existen 5 órganos jurisdiccionales. Así es la realidad del acceso a la justicia en el país.
Quirín enfrentará el debate oral y público por el delito de fraude hasta el 23 de enero de 2017, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Ante esto, el penalista refiere: “En el caso de Quirín, quien lleva ya más de un año de prisión y no es sometido a debate, el artículo 268 del Código Procesal Penal, dictamina claramente: La privación de la libertad finalizará cuando la duración exceda de un año, si después de ese año la persona no ha sido llevada a proceso, debe quedar en libertad por medio de una medida sustitutiva, esto es una regla”, detalla.
Destacado empresario
En 1992 fungió como Gerente General de Ecoagro; además, participó como miembro de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, designado como titular de las Asociaciones Empresariales a partir de 2000 hasta 2010. En 2006 fue nombrado por la Junta Monetaria, como miembro de la Junta Directiva del Seguro Social, ocupando el cargo de Vicepresidente. En 2010 fue miembro titular del sector patronal de la Junta Directiva del IGSS.
A los integrantes de la Junta Directiva se les sindica de nombrar a los miembros de la Junta de Licitación; estos últimos, de acuerdo con la acusación, no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. Además, de haber aprobado, supuestamente, la actuación de la Junta de Licitación sin advertir los vicios del proceso (falta de capacidad de la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., y la falta de disposición, control y supervisión de la prestación del servicio ofrecido).
Los días siguen pasando y mientras no se desentrampe el proceso, los detenidos, entre quienes se cuenta a un expresidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez, seguirán enfrentando un drama tras las rejas; y qué decir de sus familias, quienes también esperan que se haga justicia.