Otto Pérez Molina no puede pagar fianza de Q13 millones para contar con arresto domiciliario
“Es impagable”. Así califica el abogado César Calderón el monto establecido por el Tribunal de Mayor Riesgo B tras conceder arresto domiciliario al expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea. Por ello, el defensor del exmandatario señala que presentará una nueva acción legal para revisar la fianza.
La defensa de Pérez Molina ha solicitado en reiteradas ocasiones una medida sustitutiva para el exfuncionario. Sin embargo, la petición siempre fue rechazada. Esta vez el citado tribunal sí atendió el recurso, pero impuso una fianza de Q13 millones que el privado de libertad no puede pagar.
El expresidente, que llegó al poder por medio del Partido Patriota (PP), tiene procesos legales en su contra como La Línea y Cooptación del Estado. Por el primer proceso le fue concedido el arresto domiciliario a Pérez Molina que lleva más de seis años en la cárcel.
El caso contra Pérez Molina
El caso La Línea es un proceso judicial revelado por el Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su momento se indicó de una supuesta estructura de defraudación aduanera que establecía contacto con importadores. Mediante una red de presunta corrupción se facilitaba el pago de menos impuestos a cambio de una comisión ilegal.
En la estructura fueron acusadas y procesadas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Las piezas clave para este proceso fueron los colaboradores eficaces Salvador González. También Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La investigación se desarrolló en ocho meses. Incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura y 66 mil sesiones de interceptación telefónica. Asimismo, seis mil comunicaciones electrónicas y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros, de acuerdo con las autoridades.
Después de seis años el caso La Línea sigue en manos de los tribunales y hasta la fecha no ha llegado a etapa de juicio.
El general retirado fue funcionario durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Además diputado y luego ocupó el más alto cargo político en Guatemala.
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La defensa de Pérez Molina ha solicitado en reiteradas ocasiones una medida sustitutiva para el exfuncionario. Sin embargo, la petición siempre fue rechazada. Esta vez el citado tribunal sí atendió el recurso, pero impuso una fianza de Q13 millones que el privado de libertad no puede pagar.
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