El Ministerio Público (MP) es uno de las instituciones fundamentales para que la población tenga acceso al sistema de justicia, mientras que el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), permite al ciudadano "de a pie" tener acceso al sistema de justicia penal.

No se soslaya la primacía del Organismo Judicial, pero tanto el MP como el IDPP son las instituciones “de entrada” y corresponde a los tribunales de toda índole juzgar los casos que se les presente. Sin restar importancia a la justicia civil y mercantil, o laboral, administrativa e incluso la constitucional, es la rama penal en donde las instituciones aludidas brindan ayuda al ciudadano.

De las dos, el MP es bastante más importante en función de tamaño y misión encomendada Su rango constitucional da cuenta de ello y con mayor razón a partir de las reformas constitucionales del año 1994 en donde se separan la función de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General y Ministerio Público.

En medio de un proceso de selección para nombrar Fiscal General, hacemos un corte de caja -si se vale la expresión- de la actual gestión, sus aciertos y desaciertos.

Durante los 24 años anteriores a la gestión de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, la cobertura territorial del MP fue precaria. De los 340 municipios hasta ahora (330 en buena parte de esos 24 años), solamente había presencia en 64 municipios. Eso significa menos del 20% de cobertura.

En cualquier país y usando la métrica que se establezca, ese es un número dramático. Si a ello se agrega que según datos del MP, la mayor cantidad de denuncias presentadas en el período del 2018-2021 fueron amenazas (16%), violencia contra la mujer (15%), hurto (7%), robo de celulares (6%) y luego lesiones leves, robo agravado, hurto agravado, extorsión y otros delitos que cada uno suma entre 5 y 3 por ciento, se puede ver que la presencia territorial y cercanía a la población nunca se dio.

Si durante los 24 años anteriores hubo menos del 20% de cobertura territorial, durante la gestión de la Fiscal General la presencia del MP llegó al 100% el año pasado. Con ello se cumplió el principio básico de acceso a la justicia. Si bien la sola presencia física no hace que los casos avancen con rapidez, sí permite que haya más fiscalías y más agentes cercanos a la población que denuncia.

De nuevo, con los números propios del MP, esas denuncias son de delitos que afectan de manera directa al ciudadano de a pie que no siempre podía viajar a municipios lejanos o a la capital para tener acceso al sistema de justicia. La cobertura total del territorio nacional es crucial para el acceso al sistema de justicia, algo que estuvo relegado en las administraciones anteriores.

Cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Penal y se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, se eliminó la facultad que tenían los alcaldes (la autoridad más cercana a la población) de realizar la función juez de paz. De esa manera se logró contar con una autoridad que pudiese atender las denuncias de los ciudadanos. Pero se descuidó y no se atendió la falta de presencia en el territorio y es hasta la actual gestión fiscal que eso se enmendó.

Ahora el reto será que la cobertura territorial se traduzca en más y mejor atención de las denuncias y que no queden en el olvido, sino que se diligencien de manera oportuna. La capacidad de auditoría y fiscalización en las agencias más remotas, será algo a lo que se le ponga especial atención para evitar tortuguismo o tratos indignos por parte del personal del MP.

Otro logro de la actual administración es la certificación de las agencias fiscales. En la actualidad solo 11 han sido certificadas así que faltan muchísimas, pero es un comienzo importante.

Abrir agencias fiscales especializadas es otro avance. Para que estas agencias funcionen como fueron diseñadas, es importante que haya continuidad en ese trabajo y que las personas que se han especializado en cada una no sean trasladadas a otras fiscalías.

Las metas alcanzadas en materia de dinero incautado, extinción de dominio, incautaciones y demás operativos, no pueden catalogarse como logro. Es harta obligación de las autoridades fiscales realizar ese trabajo, aunque comparado con otras administraciones sí se puede hablar de aumento de operativos de esta índole.

La Fiscal General Consuelo Porras también implementó el modelo de Gestión Integral de Casos, que en términos simples implementa la “fiscalía natural”, figura que se asemeja al juez natural. Con ello se apunta a reducir la mora fiscal destinando un equipo en la fiscalía para la atención de casos nuevos y otro para los casos antiguos con la mira a que sean finalizados.

Todo lo anterior, como otras medidas implementadas por la actual administración, tienen la finalidad de que los casos no se queden estancados en las fiscalías por desidia o exceso de trabajo. Si se ha ampliado la cobertura al 100% del territorio, se debe tener una estructura fiscal para que funcione y no se caiga en un marasmo operativo.

Lo mencionado se puede calificar de muy bien, pero por atender otros temas y ampliar la cobertura, esta administración ha tenido rezagos en la lucha en contra de la corrupción, entendida esta como no solo aquella que atrae tiempo y espacio en las cámaras de televisión. Se deben atacar la corrupción estructural que anida en los sindicatos estatales, en la adjudicación y pago de obra física (carreteras, principalmente) y la corrupción que siempre se sospecha existe en la compra de medicamentos en el sector salud. Estas tres áreas de operación de los actores corruptos han tenido una desaceleración o desatención en comparación con otras administraciones.

Es importante destacar que no solo se trata de altos funcionarios que en todo caso son de paso, sino de la estructura de personal permanente en todas las instituciones y dependencias que permite a quienes temporalmente pasan por los despachos, llevar a cabo las acciones corruptas.

Un ministro por sí solo o coludido con algunos contratistas no pueden conseguir que el Estado sea defraudado. Se requiere del concurso de estructuras permanentes que muchas veces están enquistadas en sindicatos del sector público.

Más allá de las prebendas que consiguen los líderes sindicales luego de extorsionar a cuanto ministro o secretario pasa por los despachos, es esa maquinaria la que se engrasa con la corrupción, y por lo tanto la que hay que desmantelar. Es risible pensar que un ministro de Salud o de Comunicaciones, de inmediato al asumir el cargo, tenga la capacidad de echar andar la maquinaria estatal para fines corruptos; siempre es en connivencia con personal permanente y, como se dijo, usualmente sindicalizado.

La Fiscal General Porras tiene asignaturas pendientes, identificar, individualizar y acusar para luego averiguar la verdad de los hechos de corrupción, es la que más reclama la población, pero hay otras. La cobertura total del territorio es un importante paso, pero no suficiente. La funcionaria avanzó en áreas que anteriores administraciones no contemplaron porque no llaman la atención.

Si se puede hacer el símil, las obras de jardinización y aseo de una ciudad son importantes, pero el alcantarillado y la construcción de colectores y mantenimiento de la infraestructura subterránea es vital para el funcionamiento de una ciudad. El avance en esta administración puede no ser del todo glamuroso, pero es importante para el buen funcionamiento del Ministerio Público.