Alfonso Carrillo Marroquín fue uno de los abogados más influyentes en Guatemala gracias a que sus clientes han sido algunos de los grupos empresariales más importantes en el país, además de representar a multinacionales de toda índole, entre ellas y desde hace unos pocos años, bancos rusos controlados por ese gobierno y, por ende, bajo el régimen de Vladimir Putin.

Este es un dato muy relevante -sobre todo para las autoridades estadounidenses- dado que hace unos días Rusia invadió territorio ucraniano en abierta violación al derecho internacional, lo que causó una batería de sanciones económicas a individuos cercanos y entidades rusas bajo el control de Putin. Esa cercanía y control no es nuevo. Ciertamente era así desde que Carrillo aceptó el mandato de entidades bancarias de ese país.

Pero más allá de las multinacionales, los grupos empresariales nacionales a quienes representó y asesoró, le proveyeron de honorarios que llegaron a casi US$2 millones mensuales, según exmiembros del bufete que él lidera (aunque desde 2018 se encuentra fuera de Guatemala). Esa importante facturación lo hubiese hecho el contribuyente por servicios legales más importante de Guatemala, sin lugar a duda.

El asunto es que tal monto parece no cuadrar con lo reportado al fisco guatemalteco y según fuentes consultadas, ese hecho está siendo investigado, más no ha sido posible comprobarlo puesto que existe prohibición constitucional de revelar impuestos pagados o utilidades de los contribuyentes.

Esa prosperidad también se debió, sin duda alguna, al control que ejerció en el sistema judicial guatemalteco desde inicios de siglo cuando logró colocar a su padre, Alfonso Carrillo Castillo, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en 2003 como presidente de esa institución y, por ende, de uno de los tres organismos del Estado.

A partir de entonces, Carrillo Marroquín toma control del bufete del padre y no lo deja desde entonces, aunque en 2008 dice apartarse de la dirección para “buscar solución a los problemas de Guatemala”.

En esa supuesta gesta por "el bien del país", empata intereses con el primer comisionado de la CICIG, Carlos Castresana y según antiguos socios, ve una ventana de oportunidad. Entabla una fraternal amistad con el abogado español al presentarlo con la más alta sociedad y la élite empresarial guatemalteca.

Lo conecta, pues, con who’s who, como se dice en inglés. Para los acercamientos convocaba a cenas en una casa ubicada en la exclusiva colonia La Cañada, zona 14 de la capital. Estas reuniones le sirvieron para avanzar su agenda personal y económica.

Del bufete Carrillo a Baneto

Aunque todo ello es un secreto a voces y alguna de esas relaciones ya ha sido mencionadas, lo que no ha sido tratado por los medios de comunicación es que mientras el bufete crecía y tenía ingresos muy importantes, la estructura societaria del bufete y de otra sociedad paralela (Baneto, Sociedad Anónima) no tenía, o no reconocía socios.

Uno de esos socios naturales, digamos, era su hermana menor, la abogada Analucía Carrillo Marroquín. Ella persigue una carrera en Derecho y se suma al bufete de su padre desde que le es posible, al graduarse. Sin embargo, a partir de que su hermano Alfonso toma control de la oficina jurídica, la relega a facturar al bufete como cualquier otro abogado contratado y no la incluye en la sociedad como su padre presumiblemente hubiese querido para sus dos hijos: ser socios de su legado.

Analucía trabaja durante 34 años, hombro con hombro, con su hermano, más nunca la hace socia del bufete, como ella misma cuenta. Factura y escritura para la “sociedad” Carrillo y Carrillo, S.A. y  para la estructura paralela al bufete que realiza investigaciones, para Baneto, S.A. Cabe decir que la relación entre Baneto -o los investigadores de Baneto- con la extinta CICIG es muy cercana.

Si bien la relación laboral con la hermana nunca fue fraternal, tampoco fue tirante, hasta que Analucía empieza a cuestionar la repartición de ingresos del bufete. A partir de entonces recibe un paulatino, pero certero distanciamiento en el trato que la lleva a tomar la decisión de abandonar la oportunidad de ser socia del bufete que el padre funda y decide independizarse, después de tres décadas de laborar con Alfonso Carrillo.

Así, cuando informa eso a su hermano, el dueño del bufete, Alfonso Carrillo Marroquín la conmina a no ejercer su profesión fuera de la oficina que él dirigía, pero como eso resultaba imposible, la obliga a firmar una serie de documentos que le limitan sus derechos a reclamar lo que le correspondía.

“Manipula a las personas de tal forma que hacen lo que él quiere y es desconfiado al extremo que no deja nada por escrito, pero sí se cuida con que los demás dejen constancias de sus actos”, es una frase que Analucía usa para describir el proceder de Alfonso, su hermano mayor.

El reclamo legal de la hermana

Luego de su salida, Analucía al ver que lo que le fue prometido no se cumplió, en 2019 inicia acciones de naturaleza civil para reclamar por la vía judicial lo que, según ella, en derecho le correspondía. Así, plantea tres acciones en contra de Carrillo y Carrillo, S.A. y Beneto, S.A. (la estructura paralela que crea Alfonso Carrillo) con la finalidad que se le cancelen honorarios profesionales y prestaciones laborales dejadas de percibir y pendientes de pagar.

Como suelen hacer quienes esquivan enfrentar los procesos, Alfonso Carrillo Marroquín decide no solo plantear acciones civiles (contrademandar), sino que plantea también acciones penales y laborales contra de su hermana menor. En las acciones civiles su abogado es Alejandro Balsells Conde y en las penales uno de ellos es Leopoldo Zeissig, exmandatario de la extinta CICIG (Este abogado no es el único extrabajador de CICIG que labora o tiene contrato en su oficina).

Dos de esas acciones penales contra su hermana menor las plantea la sociedad (que Alfonso controla) Carrillo y Carrillo, S.A. Pero su resentimiento llega a tanto que otra de las denuncias, la laboral, sí llega a tribunales de manera personal. Quienes le conocen cuentan que aparte de las acciones constitucionales que tanto realce le dieron, en los juicios ordinarios nunca aparece él en personalmente. Excepto contra su hermana menor.

Una muestra de cómo Alfonso Carrillo Marroquín pretende manipular los procesos, ahora desde el extranjero utilizando entidades para su beneficio personal, es que dentro del incidente de liquidación de honorarios planteado por su hermana Analucía, el “Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados (American Bar Association ABA )” presentó un memorial para ser “observador” y solicitó copia certificada del proceso.

Más allá de que la figura de “observador” en un proceso de esa naturaleza, no está contemplada en el ordenamiento jurídico procesal de Guatemala, (pero sí en otras jurisdicciones), el interés del ABA en un proceso de esa naturaleza es muy raro, por decir algo. Resulta evidente que es instrumentalizado por Carrillo Marroquín (que tiene buenas relaciones con esa organización) para sus fines personales.

Pero no es la primera vez que el abogado Carrillo acciona por medio del ABA, que, aunque es una organización decimonónica, no es el equivalente a lo que se conoce como Colegio de Abogados, sino es simplemente una asociación gremial que mediante una cuota acepta como miembros a profesionales del derecho no solo de ese país, sino de otros. Además, otorga membresía a estudiantes y asistentes (paralegals, en inglés). Así, el “Centro de Derechos Humanos” del ABA pretendió introducirse en ese proceso judicial con fines desconocidos, pero sin éxito. Un episodio raro, sin duda.

Todos los procesos, tanto los civiles de Analucía contra de Carrillo y Carrillo, S.A. y Beneto, S.A., como los que su hermano planteó en su contra (civiles, penales y laboral), se encuentran entrampados en el sistema de justicia guatemalteco.

Obtener justicia cuando Alfonso Carrillo Marroquín es el demandado o el sindicado era algo imposible de pensar mientras él era una de las personas más cercanas a antiguos comisionados de CICIG, tanto Castresana como Velásquez.

Hoy que eso ya no es así y que ya no infunde temor en oficiales y jueces, ahora que le tocaría enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano, está ausente del país. Vive en Estados Unidos en una suerte de retiro académico, aunque desde esa posición y muy bien relacionado -todavía- pretende influir en algunas decisiones políticas en Guatemala, aunque ahora por medio de oenegés estadounidenses.

En Guatemala, salvo algunas organizaciones y personas particulares que le siguen siendo fieles, así como los pocos clientes locales que le quedan, le guardan estima. Ninguno de sus antiguos clientes le tiene en la estima de otro tiempo. Algunos incluso fueron víctimas de su ambición y del doble juego que durante un tiempo le hizo tener una práctica muy lucrativa. Entre las muchas víctimas que tuvo en su ejercicio profesional, tristemente, está su hermana menor, Analucía.