Hace 10 años un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) atendía unos 60 casos de personas que solicitaban defensa legal gratuita. La situación reflejaba una carga laboral para los 258 profesionales que trabajaban en el instituto.
En perspectiva. La situación ha cambiado. Para el 2024, la cantidad de abogados casi se triplicó, ahora suman 626. Sin embargo, cada uno debe trabajar con 98 expedientes. La lógica reflejaría que a más abogados menos casos, pero la realidad en Guatemala es desalentadora para el IDPP, el brazo olvidado del sector justicia.
- A la carga laboral se suman otros factores, entre ellos cobertura a nivel nacional, calidad en los procesos, el tema de tecnología y digitalización, salarios del personal administrativo, operativo y legal, según los expertos consultados.
- En 2014 el presupuesto era de Q145.6M, tres años después alcanzó Q216M y para el 2024 lo asignado suma unos Q357.5M. El monto se ha incrementado a paso lento y no lo suficiente para atender las 152 sedes que tiene el IDPP. Menos para brindar cobertura a nivel nacional; apenas alcanza el 44%.
- El año pasado la institución destinó el 61% del presupuesto para la Defensoría de Adultos (Q222 millones), el 18% a Construcción y Equipamiento (Q67 millones) y Servicios Administrativos 7.8% (Q25 millones), según el Flujograma de Justicia del Centro de Investigación de Económicas Nacionales (CIEN).
Por qué importa. En unos meses se realizará el proceso para elegir al nuevo director del IDPP. Expertos recomiendan a los candidatos incluir en su plan de trabajo el tema de cobertura, calidad de los procesos y la digitalización. Enfocarse en equipos técnicos acordes a la carga laboral.
- La responsabilidad del IDPP es brindar un servicio público de defensa penal oportuno, gratuito y eficaz a todas las personas que lo requieran. Ese servicio debe cumplir con informar, representar y brindar asistencia técnica, según la normativa guatemalteca.
- La situación para los casos en los municipios donde no hay sedes es paupérrima. Los abogados deben coordinar el viaje, cambiar su agenda de trabajo, conscientes que ello incrementará su carga laboral. En ocasiones se suspenden las audiencias para que los abogados del IDPP estudien el expediente. A veces son horas dependiendo de la experiencia del profesional y en otros casos son días, pero la ley lo ordena.
Sí, pero. Durante los diez últimos años el IDPP obtuvo más ingresos, incrementó el número de abogados y de sedes. Sin embargo, no lo necesario para la cobertura que tienen el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
- De las seis instituciones del sector, justicia y seguridad: MP, OJ, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF y el IDPP, este último parece estar en olvido. Cada año solicitan más presupuesto para alcanzar la cobertura acorde al crecimiento de las instituciones de justicia.
- Más allá de la carga laboral, preocupa la calidad del servicio. Los abogados deben estudiar los casos, realizar visitas a los centros carcelarios para explicar a los procesados, capacitarse y asistir a las audiencias. El tiempo es limitado.
- “Por ley, el IDPP enviará un abogado defensor, pero eso no garantiza la calidad. A medida que avanzan los procesos, las solicitudes se incrementan, porque los familiares de los sindicados ya no tienen dinero para pagar un abogado. Puedo decir que casi un 80% de los procesos en sus diferentes etapas los atiende el IDPP. Creo que es una de las instituciones más afectadas históricamente que se ha mantenido de manera limitada”, afirmó David Casasola, investigador del CIEN.
En conclusión. A pesar de su importancia, no se ha fortalecido a la institución; se debe revertir la tendencia de trabajar con recursos mínimos. Además, es urgente que tenga capacidades, cuando menos, a la par del MP y OJ, para que no se generen cuellos de botella que dificulten los procesos.
- Se sabe que desde el año pasado grupos gremiales realizan eventos para promover a candidatos. Disfrazan las actividades como capacitaciones, convivios, reuniones sociales. También se habla de acercamientos con algunos diputados.
Hace 10 años un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) atendía unos 60 casos de personas que solicitaban defensa legal gratuita. La situación reflejaba una carga laboral para los 258 profesionales que trabajaban en el instituto.
En perspectiva. La situación ha cambiado. Para el 2024, la cantidad de abogados casi se triplicó, ahora suman 626. Sin embargo, cada uno debe trabajar con 98 expedientes. La lógica reflejaría que a más abogados menos casos, pero la realidad en Guatemala es desalentadora para el IDPP, el brazo olvidado del sector justicia.
- A la carga laboral se suman otros factores, entre ellos cobertura a nivel nacional, calidad en los procesos, el tema de tecnología y digitalización, salarios del personal administrativo, operativo y legal, según los expertos consultados.
- En 2014 el presupuesto era de Q145.6M, tres años después alcanzó Q216M y para el 2024 lo asignado suma unos Q357.5M. El monto se ha incrementado a paso lento y no lo suficiente para atender las 152 sedes que tiene el IDPP. Menos para brindar cobertura a nivel nacional; apenas alcanza el 44%.
- El año pasado la institución destinó el 61% del presupuesto para la Defensoría de Adultos (Q222 millones), el 18% a Construcción y Equipamiento (Q67 millones) y Servicios Administrativos 7.8% (Q25 millones), según el Flujograma de Justicia del Centro de Investigación de Económicas Nacionales (CIEN).
Por qué importa. En unos meses se realizará el proceso para elegir al nuevo director del IDPP. Expertos recomiendan a los candidatos incluir en su plan de trabajo el tema de cobertura, calidad de los procesos y la digitalización. Enfocarse en equipos técnicos acordes a la carga laboral.
- La responsabilidad del IDPP es brindar un servicio público de defensa penal oportuno, gratuito y eficaz a todas las personas que lo requieran. Ese servicio debe cumplir con informar, representar y brindar asistencia técnica, según la normativa guatemalteca.
- La situación para los casos en los municipios donde no hay sedes es paupérrima. Los abogados deben coordinar el viaje, cambiar su agenda de trabajo, conscientes que ello incrementará su carga laboral. En ocasiones se suspenden las audiencias para que los abogados del IDPP estudien el expediente. A veces son horas dependiendo de la experiencia del profesional y en otros casos son días, pero la ley lo ordena.
Sí, pero. Durante los diez últimos años el IDPP obtuvo más ingresos, incrementó el número de abogados y de sedes. Sin embargo, no lo necesario para la cobertura que tienen el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
- De las seis instituciones del sector, justicia y seguridad: MP, OJ, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF y el IDPP, este último parece estar en olvido. Cada año solicitan más presupuesto para alcanzar la cobertura acorde al crecimiento de las instituciones de justicia.
- Más allá de la carga laboral, preocupa la calidad del servicio. Los abogados deben estudiar los casos, realizar visitas a los centros carcelarios para explicar a los procesados, capacitarse y asistir a las audiencias. El tiempo es limitado.
- “Por ley, el IDPP enviará un abogado defensor, pero eso no garantiza la calidad. A medida que avanzan los procesos, las solicitudes se incrementan, porque los familiares de los sindicados ya no tienen dinero para pagar un abogado. Puedo decir que casi un 80% de los procesos en sus diferentes etapas los atiende el IDPP. Creo que es una de las instituciones más afectadas históricamente que se ha mantenido de manera limitada”, afirmó David Casasola, investigador del CIEN.
En conclusión. A pesar de su importancia, no se ha fortalecido a la institución; se debe revertir la tendencia de trabajar con recursos mínimos. Además, es urgente que tenga capacidades, cuando menos, a la par del MP y OJ, para que no se generen cuellos de botella que dificulten los procesos.
- Se sabe que desde el año pasado grupos gremiales realizan eventos para promover a candidatos. Disfrazan las actividades como capacitaciones, convivios, reuniones sociales. También se habla de acercamientos con algunos diputados.