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Juez decide futuro legal de Jose Rubén Zamora y Samari Gómez

En la tercera jornada de la audiencia de primera declaración contra Jose Rubén Zamora y la auxiliar fiscal, Samari Gómez, la defensa centro sus argumentos en la presunción de inocencia y la ilegalidad de los audios que presentó el MP. 

Este martes se lleva a cabo la tercera jornada de la audiencia de primera declaración contra Jose Rubén Zamora. (Foto: República)
Luis Gonzalez
09 de agosto, 2022

Durante más de tres horas, el juez Séptimo Penal, Freddy Orellana escuchó los argumentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la defensa de José Rubén Zamora y Samari Gómez, así como de la Procuraduría Generala de la Nación (PGN) y querellantes, durante la tercera jornada de la audiencia de primera declaración por un caso de lavado de dinero. 

La audiencia inició 26 minutos después de las 10:00 horas y la primera en intervenir fue la fiscal Cinthia Monterroso, quien insistió en que habían indicios suficientes para ligar a proceso a Zamora por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. Mientras que para Gómez, por el delito de revelación de información confidencial o reservada y ahora está en manos del juez el futuro de ambos. 

"Fue alarmante escuchar ayer que hubo investigaciones extrajudiciales antes y después y que Juan Francisco Sandoval tenía acceso a esa información", aseveró.  

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Por eso pide al juez analizar los hechos imputados con lo dicho en Gómez en su declaración. "Me hubiera gustada que respondiera por qué particulares tenían conocimiento de los casos y por lo cual se presume que hay un delito penal", refirió.

De la declaración de Zamora, la fiscal Monterroso cuestionó el argumento de Zamora de que los Q300 mil eran producto de una donación. "¿Por qué no lo bancarizó de inmediato?" cuestionó Monterroso y a la vez se respondió: "el MP tiene la respuesta y es porque el origen del dinero tiene un origen ilícito...aquí tuviéramos a los supuestos donantes...la defensa no debe consistir en señalar a otros", insistió la fiscal. 

Asimismo, justificó que las grabaciones no son ilegales. "Hay delito cuando son grabaciones a terceros sin autorización o intercepciones ajenas", dice Monterroso y añade: "no son violatorias de ningún derecho porque el denunciante es participante de la misma, como ocurre en este caso, pues los audios fueron obtenidos por el denunciante y le hace parte directa", reiteró. 

También cuestionó el supuesto apoyo que pidió Zamora. "En ese medio de comunicación (elPeriódico) tachaban a García Navarijo de corrupto", dijo. POr eso puso en duda "cómo es posible que una persona 'recta' se valga de una persona así (en referencia a García Navarijo) para tener ese cheque y obtener ese dinero", enfatizó.

Por su parte Falla, abogado de García Navarijo y querellante en el caso, dio sus argumentos del por qué deben ambos ser ligados a proceso. "No estamos en presencia de una persecución selectiva, a la prensa y a un periodista, sino por una actividad individual cometida por Zamora, en su entorno mercantil", dijo. Mientras que de Samari Gómez refrendó que compartió información reservada a un prófugo de la justicia, por lo que pidió añadir el delito de abuso de autoridad. 

Insisten en la presunción de inocencia

Armando Mendoza, abogado defensor de Samari Gómez, se centró en todo momento en la presunción de inocencia de su patrocinada, sobre todo, porque en los audios presentados, en el 90% habló el denunciante Ronald Giovanni García Navarijo y no hay pruebas de los delitos que se le acusan. 

Hizo mención de que en las pocas ocasiones que fue audible la voz de Gómez, únicamente fue para brindar información que le era permitida como encargada de la investigación a su cargo. 

El defensor de Samari Gómez cuestionó que "el Estado de Guatemala se vuelva encubridor de delincuentes, ligados a proceso primarios o reincidentes para que apuñale al ente investigador", en referencia a García Navarijo. 

Hizo ver además que "la figura del colaborador eficaz es un beneficio para el sujeto procesal y consta en decir todo lo que sabe, pero también devolver lo que sustrajo". "Qué bonito que sea colaborador, pero se le liberen Q33 millones", expresó.

 Por eso, Mendoza pidió respetar la presunción de inocencia de su patrocinada, al mismo tiempo que cuestionó al MP por no haber iniciado una investigación administrativa antes que la penal, como lo ordena su Ley Órgánica. 

Defensa de Zamora afirma que audios son ilegales

El abogado Cristian Ulate inició sus argumentos a favor de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, con la referencia de que aceptó la defensa pese a que recibió ataque del medio de comunicación que dirige Zamora, para luego resaltar que los audios que presentó el MP, son ilegales. 

A su consideración, faltan pruebas del delito de chantaje. "No he visto ninguna prueba de dónde, cuándo y con quién se cometió el delito", insistió. 

Mencionó que la conspiración es un acuerdo de voluntades, donde ambas partes tienen el conocimiento de que se conspira para cometer un delito. "Ahora dice que la jefa financiera de la empresa Aldea Global, S.A. y mensajero sabían del chantaje, pero donde está la prueba, insistió". 

"Los audios son ilegales", dice la defensa de Zamora, en referencia a que el Estado ya era conocedor del delito, como ocurre en este caso, "porque sabían de la denuncia del supuesto chantaje para cometer lavado de dinero", pero el MP no investigó y solo basa la imputación en la denuncia de García Navarijo.

"Desde el momento en que el MP tuvo conocimiento de la denuncia debió investigar y si había un posible delito, debió intervenir teléfonos, pero dejó que todo el trabajo lo hiciera el denunciante". "El MP no puede decirle al denunciante, grave todo, reciba todo y me lo trae", argumentó. 

Y puntualizó "Si hay audios ilegales solo le queda a usted juez analizar la declaración de Ronald García Navarijo, donde él presume que se quería lavar dinero, porque presume que vienen de chantajes", dice, antes de volver a pedir falta de mérito para su patrocinado. 

 

 

Juez decide futuro legal de Jose Rubén Zamora y Samari Gómez

En la tercera jornada de la audiencia de primera declaración contra Jose Rubén Zamora y la auxiliar fiscal, Samari Gómez, la defensa centro sus argumentos en la presunción de inocencia y la ilegalidad de los audios que presentó el MP. 

Este martes se lleva a cabo la tercera jornada de la audiencia de primera declaración contra Jose Rubén Zamora. (Foto: República)
Luis Gonzalez
09 de agosto, 2022

Durante más de tres horas, el juez Séptimo Penal, Freddy Orellana escuchó los argumentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la defensa de José Rubén Zamora y Samari Gómez, así como de la Procuraduría Generala de la Nación (PGN) y querellantes, durante la tercera jornada de la audiencia de primera declaración por un caso de lavado de dinero. 

La audiencia inició 26 minutos después de las 10:00 horas y la primera en intervenir fue la fiscal Cinthia Monterroso, quien insistió en que habían indicios suficientes para ligar a proceso a Zamora por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. Mientras que para Gómez, por el delito de revelación de información confidencial o reservada y ahora está en manos del juez el futuro de ambos. 

"Fue alarmante escuchar ayer que hubo investigaciones extrajudiciales antes y después y que Juan Francisco Sandoval tenía acceso a esa información", aseveró.  

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Por eso pide al juez analizar los hechos imputados con lo dicho en Gómez en su declaración. "Me hubiera gustada que respondiera por qué particulares tenían conocimiento de los casos y por lo cual se presume que hay un delito penal", refirió.

De la declaración de Zamora, la fiscal Monterroso cuestionó el argumento de Zamora de que los Q300 mil eran producto de una donación. "¿Por qué no lo bancarizó de inmediato?" cuestionó Monterroso y a la vez se respondió: "el MP tiene la respuesta y es porque el origen del dinero tiene un origen ilícito...aquí tuviéramos a los supuestos donantes...la defensa no debe consistir en señalar a otros", insistió la fiscal. 

Asimismo, justificó que las grabaciones no son ilegales. "Hay delito cuando son grabaciones a terceros sin autorización o intercepciones ajenas", dice Monterroso y añade: "no son violatorias de ningún derecho porque el denunciante es participante de la misma, como ocurre en este caso, pues los audios fueron obtenidos por el denunciante y le hace parte directa", reiteró. 

También cuestionó el supuesto apoyo que pidió Zamora. "En ese medio de comunicación (elPeriódico) tachaban a García Navarijo de corrupto", dijo. POr eso puso en duda "cómo es posible que una persona 'recta' se valga de una persona así (en referencia a García Navarijo) para tener ese cheque y obtener ese dinero", enfatizó.

Por su parte Falla, abogado de García Navarijo y querellante en el caso, dio sus argumentos del por qué deben ambos ser ligados a proceso. "No estamos en presencia de una persecución selectiva, a la prensa y a un periodista, sino por una actividad individual cometida por Zamora, en su entorno mercantil", dijo. Mientras que de Samari Gómez refrendó que compartió información reservada a un prófugo de la justicia, por lo que pidió añadir el delito de abuso de autoridad. 

Insisten en la presunción de inocencia

Armando Mendoza, abogado defensor de Samari Gómez, se centró en todo momento en la presunción de inocencia de su patrocinada, sobre todo, porque en los audios presentados, en el 90% habló el denunciante Ronald Giovanni García Navarijo y no hay pruebas de los delitos que se le acusan. 

Hizo mención de que en las pocas ocasiones que fue audible la voz de Gómez, únicamente fue para brindar información que le era permitida como encargada de la investigación a su cargo. 

El defensor de Samari Gómez cuestionó que "el Estado de Guatemala se vuelva encubridor de delincuentes, ligados a proceso primarios o reincidentes para que apuñale al ente investigador", en referencia a García Navarijo. 

Hizo ver además que "la figura del colaborador eficaz es un beneficio para el sujeto procesal y consta en decir todo lo que sabe, pero también devolver lo que sustrajo". "Qué bonito que sea colaborador, pero se le liberen Q33 millones", expresó.

 Por eso, Mendoza pidió respetar la presunción de inocencia de su patrocinada, al mismo tiempo que cuestionó al MP por no haber iniciado una investigación administrativa antes que la penal, como lo ordena su Ley Órgánica. 

Defensa de Zamora afirma que audios son ilegales

El abogado Cristian Ulate inició sus argumentos a favor de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, con la referencia de que aceptó la defensa pese a que recibió ataque del medio de comunicación que dirige Zamora, para luego resaltar que los audios que presentó el MP, son ilegales. 

A su consideración, faltan pruebas del delito de chantaje. "No he visto ninguna prueba de dónde, cuándo y con quién se cometió el delito", insistió. 

Mencionó que la conspiración es un acuerdo de voluntades, donde ambas partes tienen el conocimiento de que se conspira para cometer un delito. "Ahora dice que la jefa financiera de la empresa Aldea Global, S.A. y mensajero sabían del chantaje, pero donde está la prueba, insistió". 

"Los audios son ilegales", dice la defensa de Zamora, en referencia a que el Estado ya era conocedor del delito, como ocurre en este caso, "porque sabían de la denuncia del supuesto chantaje para cometer lavado de dinero", pero el MP no investigó y solo basa la imputación en la denuncia de García Navarijo.

"Desde el momento en que el MP tuvo conocimiento de la denuncia debió investigar y si había un posible delito, debió intervenir teléfonos, pero dejó que todo el trabajo lo hiciera el denunciante". "El MP no puede decirle al denunciante, grave todo, reciba todo y me lo trae", argumentó. 

Y puntualizó "Si hay audios ilegales solo le queda a usted juez analizar la declaración de Ronald García Navarijo, donde él presume que se quería lavar dinero, porque presume que vienen de chantajes", dice, antes de volver a pedir falta de mérito para su patrocinado.