Juicio contra exfiscal Virginia Laparra entra en la recta final
Virginia Laparra fue jefa de la FECI y durante su gestión presentó cuatro denuncias administrativas contra el juez Lester Castellanos, supuestamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio Público.
El juicio contra la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, se encamina a la recta final y se prevé que antes que finalice diciembre se conozca la sentencia contra la abogado procesada por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
La defensa y acusadores presentaron sus argumentos en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal a cargo de la jueza Oly González, quien se prepara para escuchar, el 14 de diciembre, a Omar Barrios, uno de los agraviados en el caso que mantiene a la expectativa a diversos sectores de la sociedad.
Laparra fue jefa de la FECI y durante su gestión presentó cuatro denuncias administrativas contra el juez Lester Castellanos, supuestamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio Público. Las acciones legales no prosperaron, pero fue denunciada por Castellanos quien consideró que la fiscal abusó de su autoridad.
El jefe inmediato de Laparra, en ese entonces, era Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI de la capital). Por ello en el juicio la defensa pidió admitirlo como testigo, pero Sandoval no aceptó declarar desde el consulado de Guatemala en Washington, por temor a ser capturado, ya que tiene cuatro órdenes de detención en su contra, según el abogado Raúl Falla, querellante adhesivo en el proceso.
La defensa de Laparra
Claudia González, defensora de Laparra, asegura que la exfiscal actuó en ley y por ello esperan que el tribunal absuelva a la exjefa de la FECI de Quetzaltenango. De acuerdo con Falla, la defensa intentó convencer a la juzgadora que Laparra actuó como cualquier ciudadana que tiene derecho a presentar una denuncia. Sin embargo, el abogado sostiene que para el caso de la exfiscal no aplica ese principio porque no puede actuar más allá de lo establecido en la ley.
Falla comentó que Sandoval tomó como justificación las órdenes de captura en su contra para no declarar, pero consideró que el verdadero motivo es que no tiene opción. Ello porque si dice que no le dio la instrucción a Laparra, entonces ella queda como responsable, y si asegura lo contrario, entonces acepta que ordenó las denuncias contra Castellanos y podría enfrentar otros cargos en su contra.
El problema para Laparra, aparte del proceso penal, es que su abogada, Claudia González, también representa a Sandoval y por ello está velando más por el exfiscal que por los intereses de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, sostiene Falla, quien subraya que se trata de un "patrocinio infiel".
El juicio continuará el 14 de diciembre a partir de las 10:00 horas con el testimonio del abogado Omar Barrios. De ser condenada, Laparra podría enfrentar más de cinco años de cárcel por dos agravantes: el delito se habría cometido en forma continuada y por ser una funcionaria pública cuando presentó las denuncias.
Juicio contra exfiscal Virginia Laparra entra en la recta final
Virginia Laparra fue jefa de la FECI y durante su gestión presentó cuatro denuncias administrativas contra el juez Lester Castellanos, supuestamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio Público.
El juicio contra la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, se encamina a la recta final y se prevé que antes que finalice diciembre se conozca la sentencia contra la abogado procesada por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
La defensa y acusadores presentaron sus argumentos en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal a cargo de la jueza Oly González, quien se prepara para escuchar, el 14 de diciembre, a Omar Barrios, uno de los agraviados en el caso que mantiene a la expectativa a diversos sectores de la sociedad.
Laparra fue jefa de la FECI y durante su gestión presentó cuatro denuncias administrativas contra el juez Lester Castellanos, supuestamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio Público. Las acciones legales no prosperaron, pero fue denunciada por Castellanos quien consideró que la fiscal abusó de su autoridad.
El jefe inmediato de Laparra, en ese entonces, era Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI de la capital). Por ello en el juicio la defensa pidió admitirlo como testigo, pero Sandoval no aceptó declarar desde el consulado de Guatemala en Washington, por temor a ser capturado, ya que tiene cuatro órdenes de detención en su contra, según el abogado Raúl Falla, querellante adhesivo en el proceso.
La defensa de Laparra
Claudia González, defensora de Laparra, asegura que la exfiscal actuó en ley y por ello esperan que el tribunal absuelva a la exjefa de la FECI de Quetzaltenango. De acuerdo con Falla, la defensa intentó convencer a la juzgadora que Laparra actuó como cualquier ciudadana que tiene derecho a presentar una denuncia. Sin embargo, el abogado sostiene que para el caso de la exfiscal no aplica ese principio porque no puede actuar más allá de lo establecido en la ley.
Falla comentó que Sandoval tomó como justificación las órdenes de captura en su contra para no declarar, pero consideró que el verdadero motivo es que no tiene opción. Ello porque si dice que no le dio la instrucción a Laparra, entonces ella queda como responsable, y si asegura lo contrario, entonces acepta que ordenó las denuncias contra Castellanos y podría enfrentar otros cargos en su contra.
El problema para Laparra, aparte del proceso penal, es que su abogada, Claudia González, también representa a Sandoval y por ello está velando más por el exfiscal que por los intereses de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, sostiene Falla, quien subraya que se trata de un "patrocinio infiel".
El juicio continuará el 14 de diciembre a partir de las 10:00 horas con el testimonio del abogado Omar Barrios. De ser condenada, Laparra podría enfrentar más de cinco años de cárcel por dos agravantes: el delito se habría cometido en forma continuada y por ser una funcionaria pública cuando presentó las denuncias.