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MP detalla por qué fueron capturados dos auxiliares fiscales de la FECI

Los dos auxiliares fiscales fueron capturados durante varios allanamientos coordinados por la Fiscalía de Asuntos Internos. 

Foto República: Redes Sociales
Glenda Sanchez
16 de febrero, 2022

Willy Roberto Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, los dos auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fueron capturados durante varios operativos el miércoles 16 de febrero. 

Los dos auxiliares fiscales son señalados por la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) del delito de abuso de autoridad por posible coacción y presiones en contra de una persona. 

De acuerdo con el comunicado de prensa del MP la investigación del caso empezó por una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos. 

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Después de realizar el análisis de los distintos medios de investigación se solicitó al juez competente cuatro órdenes de captura por su posible responsabilidad de abuso de autoridad. Hasta el momento dos personas fueron detenidas”, detalla el documento. 

Los nombres de los señalados son: 

  1. Willy Roberto Racanac López, auxiliar fiscal I, capturado 
  2. Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II, capturada
  3. Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal, pendiente de captura 
  4. Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II, pendiente de captura

Detalles del caso 

Según la Fiscalía de Asuntos Internos, el 20 de julio de 2021 Herrera Lemus, con acuerdo previo de los otros tres investigadores, se sospecha que realizó un acto de arbitrario e ilegal contra la persona que presentó la denuncia (sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020). 

Explicó que se sospecha de la ilegalidad porque se violaron los principios de debido proceso, derecho de defensa, seguridad y certeza jurídica luego de formular un interrogatorio de hechos ajenos a la investigación que se tramitaba en el expediente Comisiones Paralelas 2020. 

Por medio de amenazas, violencia o procedimientos intimidatorios pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un acuerdo de colaboración eficaz. En esa ocasión le indicaron que de no suscribir el acuerdo se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva”, explicó el MP. 
 

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