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Se estanca proceso de exjefa de FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra

La Sala Segunda de Apelaciones deberá resolver si acepta la excusa que presentó el Tribunal Octavo Penal en el caso de la exfiscal Virginia Laparra. 

La exfiscal fue enviada a juicio por el delito de abuso de autoridad por decisión del Juzgado Séptimo de Instancia Penal. (Foto: Redes sociales)
Redacción República
26 de agosto, 2022

Por tener una amistad con la acusada y con uno de los querellantes del caso contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal se excusó de conocer el expediente. 

Así lo informó la abogada Claudia González, por lo que la decisión de designar a otro Tribunal quedará a cargo de la Sala Segunda de Apelaciones. Esta instancia deberá resolver si acepta la excusa presentada por los tres jueces. 

La amistad a la que se refirió el Tribunal es la que mantiene con el querellante Omar Barrios.

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La exfiscal fue enviada a juicio por el delito de abuso de autoridad por decisión del Juzgado Séptimo de Instancia Penal. También declaró sobreseimiento a favor de Laparra por usurpación de funciones. 

Desde el 23 de febrero, la exfiscal guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala, cuando fue ligada a proceso. El Ministerio Público la acusa de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.

La solicitud de Laparra

Debido a que el cuartel de Matamoros únicamente permite el ingreso de 11 personas, tres días a la semana, la defensa pidió que se le permita ingresar además al psicólogo y tres amigas. 

Laparra, al ser abordada por la prensa, señaló que sufre acoso cibernético de varias cuentas en redes sociales. 

Por otro lado, son varios grupo que le brindan apoyo y exigen su liberación. 

El delito

De acuerdo con las autoridades, Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima, posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias. 

El artículo 418 del Código Penal establece que "el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código, será sancionado con prisión de uno a tres años".

 

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