Los privados de libertad también se adaptan para continuar sus acciones ilícitas desde las cárceles: no lo hacen más con llamadas de voz. Se ha identificado que las llamadas de teléfonos móviles los delatan con más facilidad que una comunicación por aplicaciones como WhatsApp y otras redes sociales.  

• No lo han podido resolver autoridades anteriores; el partido Movimiento Semilla no es la excepción y de nuevo pretende endilgarle al sector privado resolver un problema que es responsabilidad el gobierno. 
• El año pasado, esa bancada presentó una iniciativa para obligar a las empresas a bloquear las telecomunicaciones desde las cárceles. El proyecto de ley salió de las gavetas y está de nuevo en discusión, justo cuando el Ministerio de Gobernación anuncia que el combate a las extorsiones será un pilar fundamental de su plan de trabajo.
• La iniciativa, que fue conocida por el pleno el 1 de febrero de 2024, establece plazos a las empresas para bloquear las telecomunicaciones. Además, multas de 1% y 2% “de la renta bruta reportada por los operadores autorizados durante el periodo fiscal anterior” en caso de “incumplimiento de las proveedoras de servicios de internet y de telefonía celular”. 

En perspectiva. Los delincuentes operan a sus anchas desde las prisiones. Extorsionan, amenazan e intimidan a sus víctimas, reconoció Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación. Lo hacen pandilleros, así como imitadores integrantes de otros grupos criminales, agregó.  

• El funcionario anunció que convocará a las distintas empresas de telefonía y de internet para analizar el tema de bloqueo de señal, no solo de llamadas telefónicas.  Desde el Gobierno de Óscar Berger se ha prometido impedir comunicaciones desde los centros de detención, pero todo se ha quedado en anuncios, pues no logran detener las extorsiones. 
• Un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó que existen 53 antenas o sistemas para bloquear las llamadas desde los centros carcelarios, pero estos aparatos no bloquean la señal 4G y 5G, como tampoco el WIFI.  
• La prueba de que no funcionan es que 9 de cada 10 extorsiones se coordinan desde las prisiones, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). La mayoría dirigidas por grupos llamados “imitadores” (simulan ser pandilleros). Además, las requisas han confirmado que siguen operando sin problemas porque se decomisan celulares, chips, memorias USB y cargadores de teléfono.  

Sí, pero. Más allá del tema de los bloqueadores de señal, la interrogante es cómo ingresan los aparatos y cómo se mantienen en las prisiones. Expertos coinciden en los pocos controles en los ingresos de las cárceles, corrupción (directores, custodios) e incluso falta de voluntad política para una regulación efectiva a largo plazo, que hacen vulnerable el sistema penitenciario.

• Solo en una de las últimas requisas desmantelaron “centros de llamadas” dedicadas a extorsionar. “¿Cómo le llamamos a la incautación en la Cárcel de mujeres Santa Teresa? 122 celulares, 5 routers de internet y 9 SIMs adicionales”, manifestó Jiménez en su cuenta de X.  
• También es recurrente que durante las inspecciones en las encomiendas que ingresan en las prisiones se localicen diferentes artículos prohibidos. Familiares y amigos se las ingenian para introducir celulares, droga o accesorios de celulares –los esconden en pasteles, y bolsas de comida–.  
• Los presos logran mantenerlos en su poder porque los entierran, esconden en las paredes, incluso se los introducen en el cuerpo para despistar a los custodios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). No descartan que se vendan entre los reos. 

Ahora qué. Jiménez afirma que, sumado a los bloqueadores de señal, estudian la adquisición de escáner para identificar objetos extraños en el cuerpo. No obstante, es una opción a mediano o largo plazo por los procesos administrativos que establece la ley para comprarlos, instalarlos y brindar atención. 

• El ministro añadió que implementan estrategias para paliar los problemas en los centros carcelarios, como continuar con las requisas, la creación de equipos especiales para identificar los ilícitos que se quieren ingresar en los centros carcelarios. 
• La iniciativa de ley de Semilla denominada: “Ley para el Bloqueo de Señal desde los Centros Carcelarios de Privación de Libertad”, fue enviada a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen. 
• El proyecto contiene siete artículos y busca establecer “las condiciones y responsabilidades para el bloqueo de señal de telefonía celular, inalámbrica y de cualquier otro medio no controlado que permite las telecomunicaciones de los privados de libertad hacia fuera de las cárceles”.  

En conclusión. La aproximación a resolver el problema de las extorsiones desde las cárceles es responsabilidad de las autoridades y funcionarios; el gobierno de Semilla –al igual que los anteriores– pretende lavarse las manos de su responsabilidad, achacándosela a empresas privadas, a quienes multaría gravosamente por incumplimientos.