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Centro para la Defensa de la Constitución pide celeridad a la CC

Luis Gonzalez
21 de agosto, 2018

El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), urge a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), resolver son celeridad los casos de trascendencia nacional “cuyos plazos han vencido sobradamente, ya que su atraso perjudica al Estado de Derecho”.

Mediante un comunicado, el Cedecon manifiesta que todos los casos deben resolverse en tiempo, pero agilizar los fallos cuando se trate de asuntos de importancia nacional.

“Comprometido con la prevalencia del Estado de Derecho, la necesidad de certeza jurídica y al defensa de la Constitución”, esta entidad manifiesta:

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“Su preocupación porque la Corte de Constitucionalidad en casos de igual importancia para la trascendencia nacional, ha actuado de forma desigual, resolviendo algunos asuntos en tiempos muy breves y otros asuntos de igual o mayor importancia, aún no los ha resuelto, incurriendo en una demora injustificada”.

“Es responsabilidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en el ejercicio de sus funciones, no incurrir en retraso injustificado de determinado casos que, al no resolverlos y tratarse de asuntos de trascendencia nacional, generan graves efectos económicos y sociales, así como un desgaste y falta de credibilidad e imparcialidad en la Corte de Constitucionalidad”.

El caso de la Minera San Rafael

Uno de los expedientes que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sigue sin resolver es el relacionado con la Minera San Rafael. La empresa suspendió sus operaciones luego de una resolución de las Corte del país, lo cual ha dejado sin trabajo a 700 personas.

“La empresa ha mantenido el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con sus colaboradores, durante 411 días (13 meses), de paro de operaciones más 300 días (9 meses), en los que la CC mantiene en incertidumbre el caso a pesar de ser la propia Corte la que emitió un macro sentencia, que incluso la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya utilizó para resolver este mismo caso en septiembre del año pasado. El fallo de la CSJ ordena al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta según el Convenio 169, y autorizó que la mina pueda realizar operaciones”.

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“Es responsabilidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en el ejercicio de sus funciones, no incurrir en retraso injustificado de determinado casos que, al no resolverlos y tratarse de asuntos de trascendencia nacional, generan graves efectos económicos y sociales, así como un desgaste y falta de credibilidad e imparcialidad en la Corte de Constitucionalidad”.

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Uno de los expedientes que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sigue sin resolver es el relacionado con la Minera San Rafael. La empresa suspendió sus operaciones luego de una resolución de las Corte del país, lo cual ha dejado sin trabajo a 700 personas.

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