“En este proceso no hay ningún solo documento, un solo hecho o acto que le de a la CC la justificación legal para suspender definitivamente esta licencia”, aseguran ejecutivos de la Mina San Rafael.
Estas fueron las palabras de Ana Gabriela Roca, abogada y Directora de Asuntos Corporativos de Minera San Rafael, cuando se le preguntó cómo analizaba el posible caso de que la Corte de Constitucionalidad (CC), resolviera suspender de manera definitiva el proyecto de la Mina San Rafael.
En una conferencia de prensa este jueves 9 de agosto, para recordar los 400 días de suspensión de la mina, tanto el portavoz como la abogada de la compañía, manifestaron su preocupación por los “constantes atrasos” y a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo que lleva 289 días de espera.
¿Cómo ve Minera San Rafael los posibles fallos de la CC?
La abogada Gabriela Roca agregó que en el caso que la CC llegará a fallar por la suspensión definitiva de la licencia, la sentencia tendría que ser “escrudriñada a cabalidad porque sabríamos que sería una sentencia totalmente ilegal.”
Roca insiste que la CC “no tiene fundamento legal para suspender definitivamente el proyecto.”
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El retraso preocupa a comunidad internacional
Minera San Rafael no es la única que expresa preocupación por el mensaje negativo que se le envía a los inversionistas extranjeros por la falta de resolución del caso; ya que se debilita el estado de derecho al incumplir los compromisos suscritos y cancelar las licencias otorgadas por el Estado.
Don Wallace, un abogado estadounidense experto en derecho internacional, sobre todo en temas de litigios relacionados con el comercio, señaló las preocupaciones que se han generado tanto en el gobierno como el sector comercial en EEUU en cuanto al tema de seguridad jurídica e inversiones extranjeras.
Asimismo, Wallace advirtió las consecuencias que se podrían derivar de una resolución que se niegue a reactivar las licencias de minera San Rafael
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¿Habrá una demanda internacional?
“Tahoe, como empresa extranjera lamenta muchísimo que pareciera ser que el único recurso que queda, es la demanda internacional”, dice la abogada Roca, quien agrega: “porque el resultado de esta demanda siempre es económico y lo pagamos todos los guatemaltecos…es una pena económica que le [quedaría] al guatemalteco”.
Pero enfatizó que la empresa primero quiere agotar todos los recursos para que los responsables del retraso sean los que al final tomen la responsabilidad y “no sea el guatemalteco” el que quede tanto responsable, como con la pena económica del retraso.
¿A quién beneficia el retraso?
Esta es la pregunta constante que se hace la minera, que ya lleva 400 días de suspensión.
“Nos preguntamos a quién beneficia esta suspensión, este retardo y este retroceso en el proceso de transparencia y de generación de confianza en el sistema judicial”, dijo Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la empresa.
El retraso de la CC ha obligado al despido de más de 500 empleos directos, 7,500 empleos indirectos, más de Q440 millones que el Estado de Guatemala ha dejado de recaudar en concepto de impuestos y regalías, y son más de Q2 millardos que han dejado de ingresar en el país.
Entre todas las consecuencias negativas, la migración es una por el desempleo en el área. Varios trabajadores han tenido que sacar a sus hijos de la escuela, 57 colaboradores ya se marcharon hacia EEUU y dos de ellos fueron capturados, uno iba con su hijo y los separaron.
¿Entonces vale la pena realmente preguntar, quién se beneficia por el atraso de la CC?
“En este proceso no hay ningún solo documento, un solo hecho o acto que le de a la CC la justificación legal para suspender definitivamente esta licencia”, aseguran ejecutivos de la Mina San Rafael.
Estas fueron las palabras de Ana Gabriela Roca, abogada y Directora de Asuntos Corporativos de Minera San Rafael, cuando se le preguntó cómo analizaba el posible caso de que la Corte de Constitucionalidad (CC), resolviera suspender de manera definitiva el proyecto de la Mina San Rafael.
En una conferencia de prensa este jueves 9 de agosto, para recordar los 400 días de suspensión de la mina, tanto el portavoz como la abogada de la compañía, manifestaron su preocupación por los “constantes atrasos” y a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo que lleva 289 días de espera.
¿Cómo ve Minera San Rafael los posibles fallos de la CC?
La abogada Gabriela Roca agregó que en el caso que la CC llegará a fallar por la suspensión definitiva de la licencia, la sentencia tendría que ser “escrudriñada a cabalidad porque sabríamos que sería una sentencia totalmente ilegal.”
Roca insiste que la CC “no tiene fundamento legal para suspender definitivamente el proyecto.”
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Don Wallace, un abogado estadounidense experto en derecho internacional, sobre todo en temas de litigios relacionados con el comercio, señaló las preocupaciones que se han generado tanto en el gobierno como el sector comercial en EEUU en cuanto al tema de seguridad jurídica e inversiones extranjeras.
Asimismo, Wallace advirtió las consecuencias que se podrían derivar de una resolución que se niegue a reactivar las licencias de minera San Rafael
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Pero enfatizó que la empresa primero quiere agotar todos los recursos para que los responsables del retraso sean los que al final tomen la responsabilidad y “no sea el guatemalteco” el que quede tanto responsable, como con la pena económica del retraso.
¿A quién beneficia el retraso?
Esta es la pregunta constante que se hace la minera, que ya lleva 400 días de suspensión.
“Nos preguntamos a quién beneficia esta suspensión, este retardo y este retroceso en el proceso de transparencia y de generación de confianza en el sistema judicial”, dijo Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la empresa.
El retraso de la CC ha obligado al despido de más de 500 empleos directos, 7,500 empleos indirectos, más de Q440 millones que el Estado de Guatemala ha dejado de recaudar en concepto de impuestos y regalías, y son más de Q2 millardos que han dejado de ingresar en el país.
Entre todas las consecuencias negativas, la migración es una por el desempleo en el área. Varios trabajadores han tenido que sacar a sus hijos de la escuela, 57 colaboradores ya se marcharon hacia EEUU y dos de ellos fueron capturados, uno iba con su hijo y los separaron.
¿Entonces vale la pena realmente preguntar, quién se beneficia por el atraso de la CC?