La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este miércoles de suspender la licencia de explotación minera de la empresa Mina San Rafael, ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, fue rechazada en el sector industrial, agroindustrial e incluso jurídico.
La Cámara del Agro, minutos después de publicada la resolución, expresó su rechazo ante la “nefasta resolución de la Corte Suprema de Justicia que violenta la Constitución Política de la República”.
También exigió a la Corte de Constitucionalidad que en respeto y cumplimiento a la Constitución Política de la República, revoque la resolución de la CSJ y aseveró que continuar destruyendo la certeza jurídica ahuyenta la inversión, generando condiciones de mayor desempleo, pobreza y conflictividad.
La Cámara de Industria de Guatemala presentó una solicitud de Amicus Curie, “en virtud de la preocupación que genera el hecho que grupos y organizaciones usen de forma mal intencionada la acción de amparo y mecanismo de consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para paralizar proyectos de inversión y desarrollo en detrimento de la economía del país”.
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Mala imagen de país
Diversos sectores coinciden que la imagen del país se deteriora.
“Como Cámara de Industria sabemos que el daño se le hace al país. Realmente esta resolución es contradictoria con la emitida por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la hidroeléctrica Oxec, en la cual la CC resolvió que para estos casos la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, sin suspender proyectos que ya están en funcionamiento“, expresa Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.
“No deja de ser frustrante y preocupante porque el afectado adicionalmente al proyecto es la comunidad, los trabajadores, como toda Guatemala y como país nos vamos a volver más pobres“.
Agrega que esta situación se ha dicho hasta la saciedad y que la falta de certeza jurídica está ahuyentando a inversionistas nuevos y a eso se suma el cierre de empresas de una manera que no es justa ni adecuada lo que genera zozobra y pobreza.
Contradicciones afectan certeza jurídica
La contradicción entre las cortes agrava más el escenario en vez de aclararlo expresan los consultados. La resolución de OXEC en donde se ordena un año para realizar la consulta al pueblo indígena debió ser una línea de claridad para la CSJ sin embargo la justicia en esta corte prefirió ser ciega, agregan.
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En opinión del Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, las resoluciones de suspender licencias de hidroeléctricas y mineras es innecesario.
“No hay necesidad. Ya hay un criterio sustentado por la Corte de Constitucionalidad donde claramente se indica que la consulta se puede hacer posteriormente. Veo una tendencia a afectar“, explica.
“No le podría decir si las resoluciones no están apegadas a derecho porque el Convenio 169 es un convenio internacional en materia de derechos humanos y es obligatorio cumplirlo. En el convenio dice que debe hacerse una consulta previo a la autorización y eso es una responsabilidad del Estado. Es una línea muy tenue entre lo que es ilegal y legal porque creo que se puede cumplir con la ley sin afectar la inversión. La resolución también afecta a otros grupos sociales importantes del país como son los trabajadores y todo lo que ello depende”, comenta Molina.
Magistrados de CSJ no tienen idea
Al preguntarles si los magistrados están conscientes de las decisiones que toman y las vidas que afectan, Zepeda no tiene una respuesta concreta. “No sé si lo tienen claro o no, pero las contradicciones entre una Corte y otra es preocupante”.
“Parte del problema es que hay abuso por parte de ciertas organizaciones que bajo alguna ‘sombrilla ambientalista’ y que en otros casos son representantes de las comunidades que únicamente viven del conflicto y de donaciones del extranjero. Lo que hacen es confundir y generar desinformación y causan parte de este caos. Desconocemos si los magistrados saben el impacto negativo que le hacen al país, al haber una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad que es bastante clara“, comenta el empresario.
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“Es evidente que hay una mala orientación por la resoluciones emitidasd en los dos últimos años. Esto ha causado una confusión en los tribunales porque hay resoluciones muy distintas, pero creo que después de la resolución de la hidroeléctrica Oxec, la CC establece un parámetro importante para no afectar las licencias y no interrumpir las operaciones“, añade Molina.
“Es muy importante que las cortes no contradigan el objetivo del convenio 169 de la OIT que pretende más desarrollo, integración e inclusión de los pueblos indígenas y que no siga con la suspensión arbitraria a proyectos de inversión. Sino se resguarda la seguridad jurídica del país y sobre todo que eviten contradicciones en las resoluciones que la CC y la CSJ emiten. Están ahuyentando el empleo formal y el desarrollo de los guatemaltecos”, concluye Zepeda.
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También exigió a la Corte de Constitucionalidad que en respeto y cumplimiento a la Constitución Política de la República, revoque la resolución de la CSJ y aseveró que continuar destruyendo la certeza jurídica ahuyenta la inversión, generando condiciones de mayor desempleo, pobreza y conflictividad.
La Cámara de Industria de Guatemala presentó una solicitud de Amicus Curie, “en virtud de la preocupación que genera el hecho que grupos y organizaciones usen de forma mal intencionada la acción de amparo y mecanismo de consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para paralizar proyectos de inversión y desarrollo en detrimento de la economía del país”.
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Mala imagen de país
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Agrega que esta situación se ha dicho hasta la saciedad y que la falta de certeza jurídica está ahuyentando a inversionistas nuevos y a eso se suma el cierre de empresas de una manera que no es justa ni adecuada lo que genera zozobra y pobreza.
Contradicciones afectan certeza jurídica
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“No le podría decir si las resoluciones no están apegadas a derecho porque el Convenio 169 es un convenio internacional en materia de derechos humanos y es obligatorio cumplirlo. En el convenio dice que debe hacerse una consulta previo a la autorización y eso es una responsabilidad del Estado. Es una línea muy tenue entre lo que es ilegal y legal porque creo que se puede cumplir con la ley sin afectar la inversión. La resolución también afecta a otros grupos sociales importantes del país como son los trabajadores y todo lo que ello depende”, comenta Molina.
Magistrados de CSJ no tienen idea
Al preguntarles si los magistrados están conscientes de las decisiones que toman y las vidas que afectan, Zepeda no tiene una respuesta concreta. “No sé si lo tienen claro o no, pero las contradicciones entre una Corte y otra es preocupante”.
“Parte del problema es que hay abuso por parte de ciertas organizaciones que bajo alguna ‘sombrilla ambientalista’ y que en otros casos son representantes de las comunidades que únicamente viven del conflicto y de donaciones del extranjero. Lo que hacen es confundir y generar desinformación y causan parte de este caos. Desconocemos si los magistrados saben el impacto negativo que le hacen al país, al haber una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad que es bastante clara“, comenta el empresario.
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“Es muy importante que las cortes no contradigan el objetivo del convenio 169 de la OIT que pretende más desarrollo, integración e inclusión de los pueblos indígenas y que no siga con la suspensión arbitraria a proyectos de inversión. Sino se resguarda la seguridad jurídica del país y sobre todo que eviten contradicciones en las resoluciones que la CC y la CSJ emiten. Están ahuyentando el empleo formal y el desarrollo de los guatemaltecos”, concluye Zepeda.
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