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Magistrado es condenado por negociar resolución

Luis Gonzalez
04 de julio, 2018

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a cinco años de prisión a Erick Gustavo Santiago de León, magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Quiché, por negociar una resolución judicial.

Junto al magistrado también fue condenado a dos años de cárcel, el abogado Eliot Imeri Diaz, por tráfico de influencias. Mientras que Samuel Alvarado fue absuelto.

Erick Santiago de León y Eliot Imeri Díaz permanecerán en libertad hasta que cause firmeza el fallo.

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El Tribunal le impuso una multa de Q50 mil a Santiago de León, ambos fueron inhabilitados para ejercer como abogados y notarios por cinco años.

Morelia Ríos, jueza del Tribunal, manifestó que se buscaba que la Sala de Apelaciones que integraba Santiago de León dictara su fallo antes del cambio de magistraturas que se dio en octubre de 2014.

Irregularidades del caso del magistrado

“Era Santiago de León quien se estaba comunicando con Eliot. Se cuestionó por parte de la defensa irregularidades en el proceso, pero en ningún momento se ha negado que los que intervinientes en las conversaciones hubiesen sido los sindicados”, citó Ríos.

Agregó que según la investigación del Ministerio Público (MP), Díaz habría negociado con el representante de una empresa que elabora alimentos la disminución de una condena pecuniaria que le fue impuesta por haber cometido competencia desleal.

“Evidencia un claro desprecio al trabajo que hacemos los funcionarios del Organismo Judicial”, dice la jueza Morelia Ríos acerca de las acciones de Imeri Díaz, acusado por tráfico de influencias.

El 28 de febrero pasado comenzó el debate oral y público. En esa fecha el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusaron de la posible comisión del delito de cohecho pasivo al magistrado, al pretender cobrar una comisión de Q10 millones, a cambio de emitir una resolución favorable a una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.

El exmagistrado Santiago de León fue detenido el 22 de septiembre de 2015, tras la investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), luego de agotar el proceso de antejuicio correspondiente.

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Junto al magistrado también fue condenado a dos años de cárcel, el abogado Eliot Imeri Diaz, por tráfico de influencias. Mientras que Samuel Alvarado fue absuelto.

Erick Santiago de León y Eliot Imeri Díaz permanecerán en libertad hasta que cause firmeza el fallo.

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El Tribunal le impuso una multa de Q50 mil a Santiago de León, ambos fueron inhabilitados para ejercer como abogados y notarios por cinco años.

Morelia Ríos, jueza del Tribunal, manifestó que se buscaba que la Sala de Apelaciones que integraba Santiago de León dictara su fallo antes del cambio de magistraturas que se dio en octubre de 2014.

Irregularidades del caso del magistrado

“Era Santiago de León quien se estaba comunicando con Eliot. Se cuestionó por parte de la defensa irregularidades en el proceso, pero en ningún momento se ha negado que los que intervinientes en las conversaciones hubiesen sido los sindicados”, citó Ríos.

Agregó que según la investigación del Ministerio Público (MP), Díaz habría negociado con el representante de una empresa que elabora alimentos la disminución de una condena pecuniaria que le fue impuesta por haber cometido competencia desleal.

“Evidencia un claro desprecio al trabajo que hacemos los funcionarios del Organismo Judicial”, dice la jueza Morelia Ríos acerca de las acciones de Imeri Díaz, acusado por tráfico de influencias.

El 28 de febrero pasado comenzó el debate oral y público. En esa fecha el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusaron de la posible comisión del delito de cohecho pasivo al magistrado, al pretender cobrar una comisión de Q10 millones, a cambio de emitir una resolución favorable a una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.

El exmagistrado Santiago de León fue detenido el 22 de septiembre de 2015, tras la investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), luego de agotar el proceso de antejuicio correspondiente.

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