Blanca Stalling, magistrada suspendida y exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP), manifestó este martes que la “defensa pública es una farsa”.
El calificativo lo declaró en la audiencia de fase intermedia (fase donde se decide si hay indicios suficientes para que enfrente juicio una persona), que se tenía programada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.
No hubo audiencia
Este martes se tenía programada la audiencia de etapa intermedia contra la magistrada separada del cargo, quien es señalada por el Ministerio Público (MP) por tráfico de influencias y resistencia al arresto con agravación específica.
Previó a que se iniciará la audiencia, la defensa de Blanca Stalling solicitó que se suspendiera la audiencia. Argumentó que su abogada defensora, Delmi Castañeda, tenía otra diligencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
Aseguró que no puede nombrar un abogado defensor sustituto porque no puede pagarlo y se negó a que se le asigne un abogado de la Instituto de la Defensa Pública Penal, instituto que dirigió por más de ocho años.
“No aceptó que ningún otro defensor pueda sustituir a la licenciada Castañeda (…) porque yo sinceramente no tengo dinero para pagar y la Defensa Pública no puede trabajar con un abogado particular”, declaró Stalling.
Además dijo: “Con la recarga de trabajo que tiene la Defensa Pública también se suspenderían las audiencias o pasaría lo que esta pasando en la actualidad (…) la Defensa Pública es una farsa porque en la actualidad llegan distintos abogados a defender a sus patrocinados”.
Raúl Robles, director de la División Técnico Profesional del IDPP, declaró a República que el servicio que brinda el Instituto de la Defensa Pública Penal es de “alta calidad técnica jurídica” porque ello permite garantizar el derecho de defensa.
“Lo anterior se puede reflejar con el estudio de eficiencia que realizó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en donde señalan que el IDPP reporta una eficiencia total del 86.6%.
Después del análisis, el Juzgado Décimo aceptó la excusa de la exdirectora del IDPP, Blanca Stalling y suspendió la audiencia.
Reprogramó la etapa intermedia para el 6 de febrero. La magistrada separada del cargo goza de arresto domiciliario.
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No hubo audiencia
Este martes se tenía programada la audiencia de etapa intermedia contra la magistrada separada del cargo, quien es señalada por el Ministerio Público (MP) por tráfico de influencias y resistencia al arresto con agravación específica.
Previó a que se iniciará la audiencia, la defensa de Blanca Stalling solicitó que se suspendiera la audiencia. Argumentó que su abogada defensora, Delmi Castañeda, tenía otra diligencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
Aseguró que no puede nombrar un abogado defensor sustituto porque no puede pagarlo y se negó a que se le asigne un abogado de la Instituto de la Defensa Pública Penal, instituto que dirigió por más de ocho años.
“No aceptó que ningún otro defensor pueda sustituir a la licenciada Castañeda (…) porque yo sinceramente no tengo dinero para pagar y la Defensa Pública no puede trabajar con un abogado particular”, declaró Stalling.
Además dijo: “Con la recarga de trabajo que tiene la Defensa Pública también se suspenderían las audiencias o pasaría lo que esta pasando en la actualidad (…) la Defensa Pública es una farsa porque en la actualidad llegan distintos abogados a defender a sus patrocinados”.
Raúl Robles, director de la División Técnico Profesional del IDPP, declaró a República que el servicio que brinda el Instituto de la Defensa Pública Penal es de “alta calidad técnica jurídica” porque ello permite garantizar el derecho de defensa.
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Después del análisis, el Juzgado Décimo aceptó la excusa de la exdirectora del IDPP, Blanca Stalling y suspendió la audiencia.
Reprogramó la etapa intermedia para el 6 de febrero. La magistrada separada del cargo goza de arresto domiciliario.
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