La defensa de los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, demandaron al Ministerio Público (MP) sustentar la acusación en su contra porque consideran que no existen pruebas que los vinculen con el delito de financiamiento electoral ilícito.
En la audiencia de fase intermedia realizada este lunes, la Fiscalía Contra Delitos Electorales del MP, planteó la acusación contra Botrán y Arenas, basada en el testimonio de Paulina Paiz, colaboradora eficaz en este caso.
Sin embargo, lejos de presentar los audios de Paiz para conocer qué parte de su declaración utiliza el MP para acusarlos, el fiscal se limitó a repetir algunas partes del testimonio, por lo que la jueza Ericka Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D, le solicitó al MP que presentara los medios de prueba que justifiquen por qué Botrán y Arenas deben ser enjuiciados.
Colaboradora eficaz mintió
El abogado de Rodrigo Arenas aseguró que la declaración de Paulina Paiz se contradice con las declaraciones de parientes de ella que se presentaron a la fiscalía para desmentirla.
“Para nosotros es importante que se reproduzca el audio, pues el MP dice que allí se habla de mi patrocinado (Rodrigo Arenas) en un 90%, pero no cita qué parte de esa declaración lo señala”, dijo durante la audiencia el defensor.
“La señora Paiz menciona Rodrigo Arenas, pero muchas de esas citas son mentiras, porque los propios parientes de ella, quienes ya llegaron al MP, contradijeron esas declaraciones, pues aseguran que no fue idea de Rodrigo Arenas contactar esa ayuda de fiscales”, enfatizó el defensor.
Añadió que la misma Paulina Paiz reconoció y pidió subsanar algunas inconsistencias en su declaración.
Recursos pendientes de resolver
Por aparte, el abogado lamentó que la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán no suspendiera la audiencia por dos acciones penales que aún no se han resuelto.
En la audiencia el MP presentó los argumentos para que Arena y Botrán enfrenten juicio, por cuestión de tiempo fue suspendida y trasladada para el 11 de enero a partir de las nueve de la mañana.
Ese día la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tomará la palabra.
La defensa de los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, demandaron al Ministerio Público (MP) sustentar la acusación en su contra porque consideran que no existen pruebas que los vinculen con el delito de financiamiento electoral ilícito.
En la audiencia de fase intermedia realizada este lunes, la Fiscalía Contra Delitos Electorales del MP, planteó la acusación contra Botrán y Arenas, basada en el testimonio de Paulina Paiz, colaboradora eficaz en este caso.
Sin embargo, lejos de presentar los audios de Paiz para conocer qué parte de su declaración utiliza el MP para acusarlos, el fiscal se limitó a repetir algunas partes del testimonio, por lo que la jueza Ericka Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D, le solicitó al MP que presentara los medios de prueba que justifiquen por qué Botrán y Arenas deben ser enjuiciados.
Colaboradora eficaz mintió
El abogado de Rodrigo Arenas aseguró que la declaración de Paulina Paiz se contradice con las declaraciones de parientes de ella que se presentaron a la fiscalía para desmentirla.
“Para nosotros es importante que se reproduzca el audio, pues el MP dice que allí se habla de mi patrocinado (Rodrigo Arenas) en un 90%, pero no cita qué parte de esa declaración lo señala”, dijo durante la audiencia el defensor.
“La señora Paiz menciona Rodrigo Arenas, pero muchas de esas citas son mentiras, porque los propios parientes de ella, quienes ya llegaron al MP, contradijeron esas declaraciones, pues aseguran que no fue idea de Rodrigo Arenas contactar esa ayuda de fiscales”, enfatizó el defensor.
Añadió que la misma Paulina Paiz reconoció y pidió subsanar algunas inconsistencias en su declaración.
Recursos pendientes de resolver
Por aparte, el abogado lamentó que la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán no suspendiera la audiencia por dos acciones penales que aún no se han resuelto.
En la audiencia el MP presentó los argumentos para que Arena y Botrán enfrenten juicio, por cuestión de tiempo fue suspendida y trasladada para el 11 de enero a partir de las nueve de la mañana.
Ese día la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tomará la palabra.