El préstamo “Crecer Sano” era el séptimo punto en la discusión del pleno, sin embargo, el quórum se rompió por la Ley de Reconciliación Nacional.
Este proyecto de ley pretende dar una amnistía –eliminación de la responsabilidad penal– para quienes hayan cometido algún delito durante el Conflicto Armado Interno.
Dicha iniciativa estaba programada para discusión en segundo debate, sin embargo, no hubo consenso entre las bancadas y la sesión terminó por falta de quórum.
El siguiente punto a la Ley de Reconciliación era la aprobación de un préstamo de US$100 millones otorgados por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial.
El objetivo de ese dinero es combatir la desnutrición en niños y niñas de Guatemala, bajo el lema “Crece Sano”.
Cuando llegó el punto sexto, -Ley de Reconciliación-, los diputados de las bancadas Compromiso Renovación y Orden, Convergencia, Encuentro por Guatemala, Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq, se desmarcaron.
El tablero electrónico mostró la presencia de sólo 72 diputados, y por falta de quórum la sesión fue suspendida.
El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, advirtió que de no continuar, el préstamo se perdería.
Para algunos diputados, que el préstamo estuviera programado después de la Ley de Reconciliación Nacional, era un condicionamiento a su aprobación.
Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, dijo que los dos temas no debían discutirse el mismo día.
Reconcialiación
La iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional establece en el artículo 5 que la amnistía alcanza a los “Autores, cómplices o encubridores, personas de la URNG, así como a las autoridades de Estado, miembros de instituciones o cualquier fuerza para prevenir, reprimir, impedir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes.
También establece que las personas que hayan sido juzgadas y se encuentren cumpliendo condena o proceso penal y se les haya decretado medidas de coerción como la prisión preventiva, conducción y aprehensión, se les deberá decretar la amnistía y recobrar su libertad en 24 horas.
El préstamo “Crecer Sano” era el séptimo punto en la discusión del pleno, sin embargo, el quórum se rompió por la Ley de Reconciliación Nacional.
Este proyecto de ley pretende dar una amnistía –eliminación de la responsabilidad penal– para quienes hayan cometido algún delito durante el Conflicto Armado Interno.
Dicha iniciativa estaba programada para discusión en segundo debate, sin embargo, no hubo consenso entre las bancadas y la sesión terminó por falta de quórum.
El siguiente punto a la Ley de Reconciliación era la aprobación de un préstamo de US$100 millones otorgados por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial.
El objetivo de ese dinero es combatir la desnutrición en niños y niñas de Guatemala, bajo el lema “Crece Sano”.
Cuando llegó el punto sexto, -Ley de Reconciliación-, los diputados de las bancadas Compromiso Renovación y Orden, Convergencia, Encuentro por Guatemala, Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq, se desmarcaron.
El tablero electrónico mostró la presencia de sólo 72 diputados, y por falta de quórum la sesión fue suspendida.
El presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, advirtió que de no continuar, el préstamo se perdería.
Para algunos diputados, que el préstamo estuviera programado después de la Ley de Reconciliación Nacional, era un condicionamiento a su aprobación.
Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, dijo que los dos temas no debían discutirse el mismo día.
Reconcialiación
La iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional establece en el artículo 5 que la amnistía alcanza a los “Autores, cómplices o encubridores, personas de la URNG, así como a las autoridades de Estado, miembros de instituciones o cualquier fuerza para prevenir, reprimir, impedir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes.
También establece que las personas que hayan sido juzgadas y se encuentren cumpliendo condena o proceso penal y se les haya decretado medidas de coerción como la prisión preventiva, conducción y aprehensión, se les deberá decretar la amnistía y recobrar su libertad en 24 horas.