La captura del transportista Luis Gómez es la pieza que faltaba en el rompecabezas para entender cómo se fraguó la supuesta estafa del proyecto de Transurbano.
Para Alvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), la caída de Gómez es una oportunidad para que salgan a luz nombres de otros exfuncionarios y personas beneficiadas con este “negocio”.
“Se empieza desgranar la mazorca. Se conocerá sobre esta operación fraudulenta de cómo el gobierno de Álvaro Colom entregó Q270 millones para modernizar el sistema de transporte”, dijo Folgar.
El proyecto de Transurbano es hasta el momento el caso de corrupción más emblemático del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
$35 millones para el proyecto
El proyecto de transporte significó para el erario un desembolso de $35 millones (unos Q270 millones).
Colom acordó con Gómez impulsar el proyecto que buscaría resolver el problema del transporte, pero diez años después, denuncias y capturas de altos exfuncionarios muestran que terminó siendo un gran negocio para unos cuantos.
“El proyecto no era malo. Lo hicieron mal”, detalla Folgar, y recuerda que Gómez era quien tenía los contactos. Eso permitió que ganara protagonismo.
Hace 10 años circulaban 2,900 buses, ahora solo 900 (entre rojos y transurbano), asegura Folgar.
Faltan nombres
Aunque Colom, el exministro de finanzas Juan Alberto Fuentes y otros funcionarios de gobierno de la UNE ya están ligados a proceso, aún faltan otras personas, dice Folgar.
Menciona a la excontralora Nora Segura, a quien le presentaron varias anomalías, pero nunca tuvieron eco.
“Jamás nos dio audiencia. Puedo citar a Alejandro Sinibaldi, que tenía buena participación y el exviceministro Guillermo Sosa, entre otros involucrados”, asegura.
El Transurbano es la oportunidad para que salgan a relucir los millones que se destinaron al subsidio.
Folgar recuerda al diputado Iván Arévalo, el legislador con más años en el Congreso, quien en 2013 promovió una enmienda para que el subsidio fuera a manos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
Esa asociación hizo que cada mes se asignaran Q35 millones, recursos que eran utilizados a discreción de Gómez y compañía, según Folgar.
El subsidio desapareció en 2015 y la solución para mejorar el transporte no llegó. De hecho, Folgar dice que el servicio está “colapsado” y los guatemaltecos padecen por un “negocio” que sólo benefició a algunos.
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