Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aprobaron el reglamento 99-2019 que “atenta” contra la libre emisión del pensamiento y libertad de prensa, según la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
El reglamento contó con el aval de los magistrados Mario Aguilar, Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Valenzuela y María Eugenia Mijangos, que lo aprobaron el martes 5 de marzo y ordenaron su inmediata publicación en el Diario Oficial.
Con el nombre de “Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos en el proceso electoral”, el documento consta de 22 artículos, todos enfocados en controlar y limitar el trabajo de los medios de comunicación en relación con debates, foros y entrevistas.
Parece una “ocurrencia”
Considerando lo “absurdo” de la disposición, el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, considera que podría tratarse de una “ocurrencia” de asesores o asistentes de los magistrados.
Lo anterior, según el reconocido abogado, es porque el reglamento es una “violación al artículo 35 de la Constitución, que establece que la libertad de emisión del pensamiento no puede censurarse por ninguna disposición.
Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Además, Fuentes agrega que también se violan tratados internacionales que Guatemala ha suscrito. Por ello, anticipa que de publicarse el reglamento, acudirán a la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir su anulación.
APG espera que se anule
Mientras tanto, Julio García, director primero de la Asocación de Periodistas de Guatemala (APG), comenta que esta disposición es ilegal porque veda el derecho de libertad de prensa, “es una censura”.
Espera que los magistrados analicen el reglamento y lo anulen porque “nadie puede regular el trabajo de los medios de comunicación en relación con la libertad de pensamiento, es una violación al artículo 35 de la Constitución”.
Pero en caso se publique, la APG acudirá a las instancias legales y hará un llamado a sus socios y prensa en general para rechazar la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
TSE oculta el reglamento
Luego que se conociera el contenido del reglamento 99-2019, el magistrado Mario Aguilar dijo al medio ElPeriódico que analizarán de nuevo el contenido.
Otra decisión que tomaron los magistrados fue ocultar el reglamento. En su sitio aparecen todos los reglamentos aprobados este año, 109 en total, excepto el 99.
Ven violación a la libertad de expresión
Otras entidades gremiales y civiles también se pronunciaron contra el reglamento aprobado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió un comunicado en el cual señala que “se observa una clara amenaza contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de debatir ideas y el ejercicio de los derechos políticos, entre otras garantías”.
Asimismo, la organización Movimiento Cívico Nacional también considera que el referido reglamento “atenta gravemente contra el sistema de gobierno republicano y democrático, violando la libertad de los ciudadanos, medios de comunicación y candidatos”.
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El reglamento contó con el aval de los magistrados Mario Aguilar, Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Valenzuela y María Eugenia Mijangos, que lo aprobaron el martes 5 de marzo y ordenaron su inmediata publicación en el Diario Oficial.
Con el nombre de “Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos en el proceso electoral”, el documento consta de 22 artículos, todos enfocados en controlar y limitar el trabajo de los medios de comunicación en relación con debates, foros y entrevistas.
Parece una “ocurrencia”
Considerando lo “absurdo” de la disposición, el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, considera que podría tratarse de una “ocurrencia” de asesores o asistentes de los magistrados.
Lo anterior, según el reconocido abogado, es porque el reglamento es una “violación al artículo 35 de la Constitución, que establece que la libertad de emisión del pensamiento no puede censurarse por ninguna disposición.
Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Además, Fuentes agrega que también se violan tratados internacionales que Guatemala ha suscrito. Por ello, anticipa que de publicarse el reglamento, acudirán a la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir su anulación.
APG espera que se anule
Mientras tanto, Julio García, director primero de la Asocación de Periodistas de Guatemala (APG), comenta que esta disposición es ilegal porque veda el derecho de libertad de prensa, “es una censura”.
Espera que los magistrados analicen el reglamento y lo anulen porque “nadie puede regular el trabajo de los medios de comunicación en relación con la libertad de pensamiento, es una violación al artículo 35 de la Constitución”.
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TSE oculta el reglamento
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Otra decisión que tomaron los magistrados fue ocultar el reglamento. En su sitio aparecen todos los reglamentos aprobados este año, 109 en total, excepto el 99.
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Otras entidades gremiales y civiles también se pronunciaron contra el reglamento aprobado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió un comunicado en el cual señala que “se observa una clara amenaza contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de debatir ideas y el ejercicio de los derechos políticos, entre otras garantías”.
Asimismo, la organización Movimiento Cívico Nacional también considera que el referido reglamento “atenta gravemente contra el sistema de gobierno republicano y democrático, violando la libertad de los ciudadanos, medios de comunicación y candidatos”.
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