El Ministerio Público (MP) presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC), un amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no aceptó el antejuicio contra Sandra Torres, candidata presidencial del Partido UNE.
Lo que busca la acción penal es que se otorgue la protección constitucional y que se deje sin efecto el acto reclamado. Además que se ordene al pleno de la CSJ dicte una nueva resolución apegada a la ley.
Los magistrados de la CSJ rechazaron in límine y por mayoría el antejuicio solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del MP, en febrero último.
El MP solicitó el antejuicio luego de una investigación por supuesto financiamiento electoral ilícito de la UNE en las elecciones de 2015.
Torres y los diputados
Los magistrados rechazaron la solicitud por no tener “elementos de razonabilidad suficientes”, según Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial.
Los votos razonados fueron de las magistradas Silvia García, quien concluyó en que no aplica el retiro de la inmunidad para los diputados involucrados, pero sí para Torres.
La peticiòn del MP también alcanzó a los congresistas: Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz y Jorge Vargas, todos del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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Detalles del caso
La investigación reveló que la UNE utilizó las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP agregó que por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que por medio de esta entidades, se hizo llegar la aportación procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal a la SAT.
El dinero ingresó en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de Maariv, S. A.
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que losrecaudaban y administraban, se estableció la participación de unatercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
Además , la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A.,vinculada con la familia del candidato vicepresidenciable, Mario Roberto Leal Castillo, añaden las autoridades.
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Torres y los diputados
Los magistrados rechazaron la solicitud por no tener “elementos de razonabilidad suficientes”, según Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial.
Los votos razonados fueron de las magistradas Silvia García, quien concluyó en que no aplica el retiro de la inmunidad para los diputados involucrados, pero sí para Torres.
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El dinero ingresó en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de Maariv, S. A.
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que losrecaudaban y administraban, se estableció la participación de unatercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
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