Este lunes el Ministerio Público (MP) presentó en gestión penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra siete diputados del Congreso de la República, así como contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
Según el ente investigador, el caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
¿Quiénes son los diputados señalados?
Los congresistas señalados por el MP son: Estuardo Galdámez quien es actual candidato presidencial por el partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Además figuran los diputados Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej Chen, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa Resén, así como Marco Antonio Orozco Arriola.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público (MP) dio conocer preliminarmente que todo se remonta a enero de 2012 y abril de 2015.
Desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes.
Figuran en ese entonces decisiones como la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
Los pagos para los diputados que apoyaran estas decisiones ascenderían a Q57.8 millones, según la denuncia del Ministerio Público.
Valladares Urruela es señalado de asociación ilícita y cohecho activo; mientras que los parlamentarios de violación a la Constitución Política de la República y cohecho pasivo.
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Desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes.
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