Acisclo Valladares, ministro de Economía, aseguró que el antejuicio presentado por el Ministerio Público carece de sustento y lo calificó como “espurio”.
Este lunes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, del MP, presentó ocho solicitudes de antejuicio contra siete diputados y Acisclo Valladares, vinculados con un nuevo caso de corrupción que presuntamente coordinaba la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según, la FECI, cuando Valladares era gerente general de la empresa TIGO, habría pagado para obtener beneficios con la aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad.
“Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación, TIGO fue la empresa más beneficiada por la entrada en vigor de esa normativa”, señala la FECI.
“Es espurio”, dice Ministro
Valladares dijo a República que el caso no tiene sustento y lo considera como “espurio” (falso o ilegítimo).
“Realmente estoy preocupado y sorprendido. El caso de Subordinación del Legislativo al Ejecutivo es muy delicado, he revisado el tema y consideró que no tiene sustento”, afirmó Acisclo Valladares.
Agregó: “Es un tema espurio (…) hacer señalamientos es muy fácil; además el tema es muy cuestionable por los testigos que presentan, generan muchas dudas las declaraciones”.
Asimismo, asegura que desde hace varios meses el tema de los testigos que presentan en los casos la FECI, son cuestionados.
Valladares confía que los magistrados analicen los argumentos planteados por la fiscalía, porque para él se trata de una “narrativa”.
“Espero que se deseche el por la falta de sustento (…) todo caerá por su propio peso”, concluyó el ministro de Económica.
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Este lunes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, del MP, presentó ocho solicitudes de antejuicio contra siete diputados y Acisclo Valladares, vinculados con un nuevo caso de corrupción que presuntamente coordinaba la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según, la FECI, cuando Valladares era gerente general de la empresa TIGO, habría pagado para obtener beneficios con la aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad.
“Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación, TIGO fue la empresa más beneficiada por la entrada en vigor de esa normativa”, señala la FECI.
“Es espurio”, dice Ministro
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“Realmente estoy preocupado y sorprendido. El caso de Subordinación del Legislativo al Ejecutivo es muy delicado, he revisado el tema y consideró que no tiene sustento”, afirmó Acisclo Valladares.
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Asimismo, asegura que desde hace varios meses el tema de los testigos que presentan en los casos la FECI, son cuestionados.
Valladares confía que los magistrados analicen los argumentos planteados por la fiscalía, porque para él se trata de una “narrativa”.
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