El candidato presidencial de la coalición PAN-Podemos, intenta que el TSE no le revoque la candidatura pese a tener orden de captura.
Roberto Arzú anunció que presentó un documento al Tribunal Supremo Electoral para explicar su situación.
También a la Corte de Miami -que lo requiere por una demanda de US$6.1 millones- una solicitud de audiencia para “acudir de inmediato“.
Arzú, presidenciable del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Podemos, tiene una orden desde abril de este año, sin embargo, él asegura que no tiene problemas.
“No existe ningún problema allá con la ley, simplemente voy a presentar mi testimonio por una estafa de la que estoy siendo objeto, no me voy a dejar estafar por nadie”, dijo Arzú.
Pese a sus declaraciones, Arzú es requerido por una corte de Miami, luego de que no se presentara a una audiencia en un caso en el que lo demandan por el incumplimiento del pago de unos US$6.1 millones, producto de un supuesto servicio de asesoría política en 2016.
El candidato asegura que el demandante no hizo ningún trabajo para él, y que la demanda por una situación de hace tres años, sale en época electoral para afectarle.
“No debemos nada ante la ley, ni en Guatemala ni en Kazajistán”, afirmó Arzú.
El caso contra Arzú
“Reto a Arzú para que pise la Florida mañana”, dijo JJ Rendón a República luego de conocerse la orden de captura contra Arzú, emitida por una corte de Miami.
JJ Rendón Asociados Creatividad Estratégica, es un grupo de asesoría política que ha ayudado a candidatos a ganar la Presidencia en varios países.
Arzú se habría acercado al grupo desde 2016, con la intención de mejorar su imagen y conseguir apoyo para ser presidente de Guatemala.
“Es un señor sin honor. No tiene palabra. Se hace el loco. El sabe que hay una sentencia firme”, resalta Rendón al recordar que en diciembre del 2018 la Corte de Miami dictó sentencia que obliga a Arzú al pago de US$6 millones.
Arzú asegura que no hubo ningún trabajo de parte de JJ Rendón. Mientras que el grupo de estrategia política lo demanda por servicios prestados y el incumplimiento de pago por los mismos.
El candidato presidencial de la coalición PAN-Podemos, intenta que el TSE no le revoque la candidatura pese a tener orden de captura.
Roberto Arzú anunció que presentó un documento al Tribunal Supremo Electoral para explicar su situación.
También a la Corte de Miami -que lo requiere por una demanda de US$6.1 millones- una solicitud de audiencia para “acudir de inmediato“.
Arzú, presidenciable del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Podemos, tiene una orden desde abril de este año, sin embargo, él asegura que no tiene problemas.
“No existe ningún problema allá con la ley, simplemente voy a presentar mi testimonio por una estafa de la que estoy siendo objeto, no me voy a dejar estafar por nadie”, dijo Arzú.
Pese a sus declaraciones, Arzú es requerido por una corte de Miami, luego de que no se presentara a una audiencia en un caso en el que lo demandan por el incumplimiento del pago de unos US$6.1 millones, producto de un supuesto servicio de asesoría política en 2016.
El candidato asegura que el demandante no hizo ningún trabajo para él, y que la demanda por una situación de hace tres años, sale en época electoral para afectarle.
“No debemos nada ante la ley, ni en Guatemala ni en Kazajistán”, afirmó Arzú.
El caso contra Arzú
“Reto a Arzú para que pise la Florida mañana”, dijo JJ Rendón a República luego de conocerse la orden de captura contra Arzú, emitida por una corte de Miami.
JJ Rendón Asociados Creatividad Estratégica, es un grupo de asesoría política que ha ayudado a candidatos a ganar la Presidencia en varios países.
Arzú se habría acercado al grupo desde 2016, con la intención de mejorar su imagen y conseguir apoyo para ser presidente de Guatemala.
“Es un señor sin honor. No tiene palabra. Se hace el loco. El sabe que hay una sentencia firme”, resalta Rendón al recordar que en diciembre del 2018 la Corte de Miami dictó sentencia que obliga a Arzú al pago de US$6 millones.
Arzú asegura que no hubo ningún trabajo de parte de JJ Rendón. Mientras que el grupo de estrategia política lo demanda por servicios prestados y el incumplimiento de pago por los mismos.