En Guatemala en 2018 se registraron más de 2 mil 153 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
Cuatro casos de niñas violadas y obligadas a ser madres, registrados en Guatemala, Nicaragua y Ecuador, se presentan este miércoles en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina.
La demanda contra los países en los que se registraron las violaciones fue presentada por Ginebra Planned Parenthood Global, una organización que cuyo objetivo es empoderar a organizaciones comunitarias locales en todo el mundo a través de la provisión, promoción y defensa del acceso a cuidados de salud.
Se hizo en conjunto con otras organizaciones que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, junto con otras asociaciones de la región y el Centro de Derechos reproductivos de EEUU.
Acceso a la justicia
Las organizaciones buscan la rendición de los casos, acceso a la justicia, y llamar a la adopción e implementación de políticas que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en todo el mundo.
El objetivo de este litigio es visibilizar las afecciones a la salud de las niñas que sufren en contexto altamente restrictivos de los derechos reproductivos de las niñas en todo el mundo.
Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados, con el fin de que, más allá de reparaciones, el Comité les ayude generar reformas legales, que garanticen la protección de los derechos y la integridad de las menores en este tipo de casos.
“Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los funcionarios de Naciones Unidas escucharán a las víctimas de Ecuador y Guatemala.
La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar cinco estándares:
- Primero, obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante.
- El segundo llama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.
- El tercero pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- El cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales. El aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal.
- El quinto, y último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.
El caso buscará reparaciones, pero, para Ximena Casas, “es una oportunidad única para garantizar que las vulneraciones no vuelvan a ocurrir”, añade.
Castigo del delito
El Código Penal establece penas de ocho a doce años de prisión contra quien cometa el delito de violación, en tanto que el castigo para quien cometa agresión sexual, sin cometer violación, será condenado a entre cinco y ocho años de cárcel.
Los casos de Ecuador y Guatemala
El medio de comunicación El País publicó detalles de los casos de las tres víctimas, a continuación se detallan:
La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron violentadas por su padre, padrastros y tíos.
Hoy cuida de su hijo en una casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual.
Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace nueve fue violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la Secretaría de Bienestar Social.
Ocurrió en una guardería gubernamental donde la ingresó su madre al morir el padre.
Allí estuvo con su hermana y ambas fueron víctimas de aquel hombre. Casi una década después, el violador y padre del hijo de Fátima no ha sido llevado a la justicia.
“Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a Ginebra.
Estadísticas
América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la violencia sexual contra ellas.
Faltan medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del día después.
Planned Parenthood calcula que en la zona se supera el millón de niñas que sufren violencia sexual cada año.
La organización documentó en 2015 más de 214 casos en los quedetallaron el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por ladepresión, la angustia y los pensamientos suicidas.
En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la primera causa de abandono escolar.
Las activistas de la organización han encontrado un patrón en elque se desenvuelven estos comportamientos criminales.
“En estos países, el Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia sexual y les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.
Información de El País
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En Guatemala en 2018 se registraron más de 2 mil 153 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
Cuatro casos de niñas violadas y obligadas a ser madres, registrados en Guatemala, Nicaragua y Ecuador, se presentan este miércoles en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina.
La demanda contra los países en los que se registraron las violaciones fue presentada por Ginebra Planned Parenthood Global, una organización que cuyo objetivo es empoderar a organizaciones comunitarias locales en todo el mundo a través de la provisión, promoción y defensa del acceso a cuidados de salud.
Se hizo en conjunto con otras organizaciones que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, junto con otras asociaciones de la región y el Centro de Derechos reproductivos de EEUU.
Acceso a la justicia
Las organizaciones buscan la rendición de los casos, acceso a la justicia, y llamar a la adopción e implementación de políticas que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en todo el mundo.
El objetivo de este litigio es visibilizar las afecciones a la salud de las niñas que sufren en contexto altamente restrictivos de los derechos reproductivos de las niñas en todo el mundo.
Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados, con el fin de que, más allá de reparaciones, el Comité les ayude generar reformas legales, que garanticen la protección de los derechos y la integridad de las menores en este tipo de casos.
“Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los funcionarios de Naciones Unidas escucharán a las víctimas de Ecuador y Guatemala.
La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar cinco estándares:
- Primero, obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante.
- El segundo llama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.
- El tercero pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
- El cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales. El aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal.
- El quinto, y último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.
El caso buscará reparaciones, pero, para Ximena Casas, “es una oportunidad única para garantizar que las vulneraciones no vuelvan a ocurrir”, añade.
Castigo del delito
El Código Penal establece penas de ocho a doce años de prisión contra quien cometa el delito de violación, en tanto que el castigo para quien cometa agresión sexual, sin cometer violación, será condenado a entre cinco y ocho años de cárcel.
Los casos de Ecuador y Guatemala
El medio de comunicación El País publicó detalles de los casos de las tres víctimas, a continuación se detallan:
La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron violentadas por su padre, padrastros y tíos.
Hoy cuida de su hijo en una casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual.
Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace nueve fue violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la Secretaría de Bienestar Social.
Ocurrió en una guardería gubernamental donde la ingresó su madre al morir el padre.
Allí estuvo con su hermana y ambas fueron víctimas de aquel hombre. Casi una década después, el violador y padre del hijo de Fátima no ha sido llevado a la justicia.
“Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a Ginebra.
Estadísticas
América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la violencia sexual contra ellas.
Faltan medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del día después.
Planned Parenthood calcula que en la zona se supera el millón de niñas que sufren violencia sexual cada año.
La organización documentó en 2015 más de 214 casos en los quedetallaron el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por ladepresión, la angustia y los pensamientos suicidas.
En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la primera causa de abandono escolar.
Las activistas de la organización han encontrado un patrón en elque se desenvuelven estos comportamientos criminales.
“En estos países, el Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia sexual y les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.
Información de El País
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