Militares retirados se concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir el pago de Q85 mil como indemnización por sus servicios prestados.
Los inconformes habían llegado a un acuerdo con las autoridades el 28 de mayo y por ello se desconoce por qué vuelven a manifestar.
El dinero que reclaman sería para unos 1.7 millones de personas que sirvieron en el Ejército durante el conflicto armado interno, de acuerdo con las nóminas en poder de los dirigentes.
Los reciben en el Ejecutivo
Los dirigentes de los militares retirados se encuentran reunidos con representantes de varias instituciones del Estado, relacionadas con las demandas que plantean.
Amenazas y acciones legales
Los militares marchan a Casa Presidencial y luego al Congreso de la República para presionar por este reclamo.
Sergio Flores, comisionado presidencial del Diálogo Nacional, dijo el 28 de mayo que lograron un acuerdo preliminar con los militares retirados.
Derivado de esta amenaza, el Centro para la Defensa de la Constitución presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), para investigar a los promotores de este evento.
Según el presidente de Cedecón, Stuardo Ralón, estas amenazas perturban el proceso electoral.
“Queremos que se investiguen a los actores intelectuales y materiales, a todas aquellas personas que pudieran estar vinculadas a estas acciones”, dijo el abogado constitucionalista.
Agregó, que la denuncia es porque considera que el grupo de “exmilitares” pudo haber incurrió en el delito de turbación del acto eleccionario.
Además, hizo un llamado para que todas las instituciones del Estado a velar por la libre locomoción y seguridad jurídica para todos los ciudadanos en este proceso de elecciones.
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El dinero que reclaman sería para unos 1.7 millones de personas que sirvieron en el Ejército durante el conflicto armado interno, de acuerdo con las nóminas en poder de los dirigentes.
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Amenazas y acciones legales
Los militares marchan a Casa Presidencial y luego al Congreso de la República para presionar por este reclamo.
Sergio Flores, comisionado presidencial del Diálogo Nacional, dijo el 28 de mayo que lograron un acuerdo preliminar con los militares retirados.
Derivado de esta amenaza, el Centro para la Defensa de la Constitución presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), para investigar a los promotores de este evento.
Según el presidente de Cedecón, Stuardo Ralón, estas amenazas perturban el proceso electoral.
“Queremos que se investiguen a los actores intelectuales y materiales, a todas aquellas personas que pudieran estar vinculadas a estas acciones”, dijo el abogado constitucionalista.
Agregó, que la denuncia es porque considera que el grupo de “exmilitares” pudo haber incurrió en el delito de turbación del acto eleccionario.
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