Este lunes el excandidato presidencial, Luis Fernando Pérez, se presentó a tribunales luego de ser señalado de cinco delitos en el caso denominado caso Asalto al Ministerio de Salud Pública.
En la sede del Juzgado de Mayor Riesgo D se ejecutó la captura del excandidato por el desaparecido Partido Republicano Institucional (PRI), confirmó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Luis Fernando Pérez es señalado por el MP por asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.
Primera declaración
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP informó que para este lunes está programada la audiencia de primera declaración de las 19 personas capturadas en el proceso, además de otras que fueron citadas.
En dos años más de 113 personas entre diputados, particulares y funcionarios de Gobierno del Partido Patriota, tomaron el control del Ministerio de Salud y saquearon el presupuesto, según la acusación.
La estructura criminal habría tomado el control del Ministerio de Salud cuando asumió la cartera el exministro Jorge Villavicencio, en el periodo del 2012 al 2014.
La investigación revela que habrían saqueado unos Q53 millones por medio de extorsiones a cambio de contrataciones y obras.
Villavicencioestaba a la cabeza de la estructura, y su mano derecha era Cándida SaraíVillavicencio Delgado -su hija- y el excandidato presidencial Luis FernandoPérez Martínez.
De acuerdo con las pesquisas quetomaron tres años, según la fiscalía, cuando el exministro llegó a la entidad“exploraron” los negocios que podían realizar.
La compra de medicamentos fue una de las opciones denegocio para la banda, pero estaba “cubierta” por la entonces vicepresidentaRoxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín.
La estructura encontró la forma de saquear elministerio con el cobro de comisiones ilícitas por la construcción yremozamiento de hospitales y centros de salud.
Además, el cobro de comisiones por laadquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma porfavores políticos.
Comisiones por obras
La estructura estaba tan coordinada que hizo viableslas adjudicaciones para la construcción y remozamiento de hospitales a empresasde su elección, según la investigación.
Los acuerdos se realizaban en la oficina deVillavicencio, restaurantes, oficinas privadas y lugares externos.
Fue en ese momento cuando a la estructura lesolicitaron integrar a varios diputados, entre ellos EstuardoGaldámez (hospital de Quiché), Boris España (hospitalde Chiquimula) Roberto Kestler y Rolando Pérez (hospitalde Antigua Guatemala); así como de Heber Cabrera, entoncesgobernador de Quiché (hospital Quiché), y Juan de Dios Rodríguez,entonces secretario privado de la Presidencia (varios hospitales).
La estructura criminal tuvo la coincidencia de tenerel control durante el terremoto de noviembre del 2012 en el occidente del país.
Para ese caso destinaron obras de reposición yreparación derivadas del Estado de Calamidad (Decreto 33-12).
Uno de los funcionarios que pidió participar dela reconstrucción fue Juan de Dios Rodríguez.
“Se han contabilizado más de 50 eventos irregulares dereposición y reparación a hospitales y centros de salud, los cualesrepresentaron más de Q131 millones”, según la investigación.
Otro proyecto fue laconstrucción dehospitales nuevos que no eran parte del Estado de Calamidad pero que integrabanun programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, entre ellos:
- La construcción edificio(s) de UrgenciasMédicas, Esquipulas, Chiquimula (luego rescindido).
- La construcción de Hospital de Ixcán, ElQuiché.
- La construcción del Hospital Rabinal,Verapaz.
- Ampliación del Hospital AntiguaGuatemala.
- La construcción del Hospital de VillaNueva. La obra estaba detenida debido a que el Ministerio de Salud habíaretrasado los pagos por el avance físico de la obra, por lo que pactaron elpago de comisiones (3%) para agilizar el avance físico de la obra.
“Lo que para losguatemaltecos significó una tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembrede 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negociosilícitos“.
Se calcula que al menos Q17 millones fueronrecibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición yreparación; en el caso de la construcciónde hospitalesnuevos las coimas pactadas ascendieron a Q36 millones.
Juan de Dios Rodríguez ysu intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, se quedaron con Q7millones de lo realizado por el Estado de Calamidad. En tanto que la estructuradirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez,les correspondió Q12 millones.
El sustento de estainvestigación incluye: Ocho horas de grabación de conversaciones, 37 mil 211correos electrónicos, un colaborador eficaz dentro del caso, declaración de doscolaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por serfuncionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizandouna investigación con más de 100 mil folios.
Comisiones ilícitas
Otro de los “negocios” de la estructura fue el cobrode comisiones ilícitas de bienes y servicios.
Compras bombas de infusión, contratos de eventos depublicidad, adquisición de ambulancias, proyectos de colocación de rayos X enlos hospitales públicos y compra de Hospital Modular en Mixco, fueron algunosde los “negocios”.
“Para los eventos de compras de ambulancias, bombas deinfusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue clave la participación de Jaime Pérez Castillo,sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina”, indican lasautoridades
En el pago de comisiones ilícitas se calcula que en elevento de bombas de infusión se pagó un estimado de Q500 mil quetzales enconcepto de comisiones ilícitas.
En el evento de publicidad, cuyo contrato fue de Q6,593,970.50 adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando PérezMartínez, hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habríarecibido al menos Q400 mil quetzales
Contratación de 450plazas fantasma
Bajo este esquema de plazas fantasma, el MP y la CICIGidentificaron solicitudes (las cuales fueron otorgadas en su mayoría),de diputados de diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de laRepública, así como de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, elParlacen, la Usac, y algunas alcaldías.
“En estos hechos especialmente participaron congresistas que, de forma abierta e impune, utilizaban documentación oficial (papel membretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos en dicha cartera”, señala la investigación.
Órdenes de captura
Citados a tribunales
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Luis Fernando Pérez es señalado por el MP por asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.
Primera declaración
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP informó que para este lunes está programada la audiencia de primera declaración de las 19 personas capturadas en el proceso, además de otras que fueron citadas.
En dos años más de 113 personas entre diputados, particulares y funcionarios de Gobierno del Partido Patriota, tomaron el control del Ministerio de Salud y saquearon el presupuesto, según la acusación.
La estructura criminal habría tomado el control del Ministerio de Salud cuando asumió la cartera el exministro Jorge Villavicencio, en el periodo del 2012 al 2014.
La investigación revela que habrían saqueado unos Q53 millones por medio de extorsiones a cambio de contrataciones y obras.
Villavicencioestaba a la cabeza de la estructura, y su mano derecha era Cándida SaraíVillavicencio Delgado -su hija- y el excandidato presidencial Luis FernandoPérez Martínez.
De acuerdo con las pesquisas quetomaron tres años, según la fiscalía, cuando el exministro llegó a la entidad“exploraron” los negocios que podían realizar.
La compra de medicamentos fue una de las opciones denegocio para la banda, pero estaba “cubierta” por la entonces vicepresidentaRoxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín.
La estructura encontró la forma de saquear elministerio con el cobro de comisiones ilícitas por la construcción yremozamiento de hospitales y centros de salud.
Además, el cobro de comisiones por laadquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma porfavores políticos.
Comisiones por obras
La estructura estaba tan coordinada que hizo viableslas adjudicaciones para la construcción y remozamiento de hospitales a empresasde su elección, según la investigación.
Los acuerdos se realizaban en la oficina deVillavicencio, restaurantes, oficinas privadas y lugares externos.
Fue en ese momento cuando a la estructura lesolicitaron integrar a varios diputados, entre ellos EstuardoGaldámez (hospital de Quiché), Boris España (hospitalde Chiquimula) Roberto Kestler y Rolando Pérez (hospitalde Antigua Guatemala); así como de Heber Cabrera, entoncesgobernador de Quiché (hospital Quiché), y Juan de Dios Rodríguez,entonces secretario privado de la Presidencia (varios hospitales).
La estructura criminal tuvo la coincidencia de tenerel control durante el terremoto de noviembre del 2012 en el occidente del país.
Para ese caso destinaron obras de reposición yreparación derivadas del Estado de Calamidad (Decreto 33-12).
Uno de los funcionarios que pidió participar dela reconstrucción fue Juan de Dios Rodríguez.
“Se han contabilizado más de 50 eventos irregulares dereposición y reparación a hospitales y centros de salud, los cualesrepresentaron más de Q131 millones”, según la investigación.
Otro proyecto fue laconstrucción dehospitales nuevos que no eran parte del Estado de Calamidad pero que integrabanun programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, entre ellos:
- La construcción edificio(s) de UrgenciasMédicas, Esquipulas, Chiquimula (luego rescindido).
- La construcción de Hospital de Ixcán, ElQuiché.
- La construcción del Hospital Rabinal,Verapaz.
- Ampliación del Hospital AntiguaGuatemala.
- La construcción del Hospital de VillaNueva. La obra estaba detenida debido a que el Ministerio de Salud habíaretrasado los pagos por el avance físico de la obra, por lo que pactaron elpago de comisiones (3%) para agilizar el avance físico de la obra.
“Lo que para losguatemaltecos significó una tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembrede 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negociosilícitos“.
Se calcula que al menos Q17 millones fueronrecibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición yreparación; en el caso de la construcciónde hospitalesnuevos las coimas pactadas ascendieron a Q36 millones.
Juan de Dios Rodríguez ysu intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, se quedaron con Q7millones de lo realizado por el Estado de Calamidad. En tanto que la estructuradirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez,les correspondió Q12 millones.
El sustento de estainvestigación incluye: Ocho horas de grabación de conversaciones, 37 mil 211correos electrónicos, un colaborador eficaz dentro del caso, declaración de doscolaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por serfuncionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizandouna investigación con más de 100 mil folios.
Comisiones ilícitas
Otro de los “negocios” de la estructura fue el cobrode comisiones ilícitas de bienes y servicios.
Compras bombas de infusión, contratos de eventos depublicidad, adquisición de ambulancias, proyectos de colocación de rayos X enlos hospitales públicos y compra de Hospital Modular en Mixco, fueron algunosde los “negocios”.
“Para los eventos de compras de ambulancias, bombas deinfusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue clave la participación de Jaime Pérez Castillo,sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina”, indican lasautoridades
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En el evento de publicidad, cuyo contrato fue de Q6,593,970.50 adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando PérezMartínez, hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habríarecibido al menos Q400 mil quetzales
Contratación de 450plazas fantasma
Bajo este esquema de plazas fantasma, el MP y la CICIGidentificaron solicitudes (las cuales fueron otorgadas en su mayoría),de diputados de diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de laRepública, así como de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, elParlacen, la Usac, y algunas alcaldías.
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Órdenes de captura
Citados a tribunales
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