En días recientes el presidente electo, Alejandro Giammattei, propuso crear una Comisión Anticorrupción a la que se le podrían asignar hasta Q75 millones para su funcionamiento. Según Giammattei, dicha propuesta ya contaba con la aceptación del gobierno estadounidense. Además aseguró que los fondos saldrían de la reestructuración de varias dependencias del Ejecutivo, así como del apoyo de países donantes y demás organismos internacionales.
Algunos consideran que el problema de crear una Comisión de este tipo, radica en que si podrá ser independiente de los “poderes fácticos”, hay quienes consideran que el problema radica en que no tendrá autonomía presupuestaria y eso la debilitará, otros dudan que sea una Comisión lo suficientemente “inclusiva” para elaborar los planes de acción.
Sin embargo, considero que se está obviando el tema de si realmente es necesaria, y de serlo, cuáles serían sus funciones y por cuánto tiempo estaría funcionando. Cuando cuestiono la necesidad de la Comisión, no cuestiono el combate a la corrupción sino los mecanismos para combatirla.
De ahí la relevancia de la respuesta a la pregunta ¿para combatir la corrupción se necesita tecnología o voluntad política? Posiblemente haga falta una mezcla de ambas, en especial de esta última cuando se inicie el proceso de desmantelamiento de estructuras delincuenciales dentro del gobierno.
Como explicaba en mi anterior artículo, “es importante comprender que la lucha contra la corrupción tiene dos componentes. El primero es perseguir, enjuiciar y encarcelar a los políticos corruptos o extorsionistas, así como a sus cómplices.” Esta es una acción reactiva, es decir, corresponde a la persecución de corruptos y es principalmente el Ministerio Público quién realiza la investigación. Esta es la parte tecnológica donde los investigadores deben realizar muy bien su trabajo, sustentar las investigaciones con pruebas científicas que permitan presentar casos sólidos y, por consiguiente, difíciles de perder.
Para esto, se necesita tener al personal capacitado así como los insumos y equipo necesarios para dicha tarea. Como indicaba, éste es sólo un componente del combate a la corrupción que debe ir acompañado de un Organismo Judicial que emita sentencias apegadas a Derecho. Este componente, el de perseguir corruptos, es importante por lo que se debe continuar.
El segundo componente es preventivo y consiste en atacar el origen de la corrupción, el poder burocrático discrecional. Este poder, a veces arbitrario, permite a los políticos y demás burócratas abusar del mismo para extorsionar a los ciudadanos que requieren de sus permisos o licencias para operar, para obtener contratos del Estado, o el pago de esos contratos. Al tener el poder de otorgar privilegios, “acelerar” trámites o asignar contratos, hace que puedan extorsionar a quienes hagan “negociaciones” con ellos o, buscar coludirse con estos burócratas para saquear los impuestos pagados por los tributarios.
Reducir al máximo el poder arbitrario de los burócratas, eliminar trámites innecesarios, reducir la tramitología y limitar al máximo el criterio de ventanilla podrían ser el principio de cambios más profundos como la duplicidad de funciones con el respectivo exceso de personal.
La pregunta sigue en el aire ¿es necesaria una Comisión contra la corrupción para combatirla? ¿O simplemente es falta de tecnología o de voluntad política?
@Md30
Facebook.com/Mda30
En días recientes el presidente electo, Alejandro Giammattei, propuso crear una Comisión Anticorrupción a la que se le podrían asignar hasta Q75 millones para su funcionamiento. Según Giammattei, dicha propuesta ya contaba con la aceptación del gobierno estadounidense. Además aseguró que los fondos saldrían de la reestructuración de varias dependencias del Ejecutivo, así como del apoyo de países donantes y demás organismos internacionales.
Algunos consideran que el problema de crear una Comisión de este tipo, radica en que si podrá ser independiente de los “poderes fácticos”, hay quienes consideran que el problema radica en que no tendrá autonomía presupuestaria y eso la debilitará, otros dudan que sea una Comisión lo suficientemente “inclusiva” para elaborar los planes de acción.
Sin embargo, considero que se está obviando el tema de si realmente es necesaria, y de serlo, cuáles serían sus funciones y por cuánto tiempo estaría funcionando. Cuando cuestiono la necesidad de la Comisión, no cuestiono el combate a la corrupción sino los mecanismos para combatirla.
De ahí la relevancia de la respuesta a la pregunta ¿para combatir la corrupción se necesita tecnología o voluntad política? Posiblemente haga falta una mezcla de ambas, en especial de esta última cuando se inicie el proceso de desmantelamiento de estructuras delincuenciales dentro del gobierno.
Como explicaba en mi anterior artículo, “es importante comprender que la lucha contra la corrupción tiene dos componentes. El primero es perseguir, enjuiciar y encarcelar a los políticos corruptos o extorsionistas, así como a sus cómplices.” Esta es una acción reactiva, es decir, corresponde a la persecución de corruptos y es principalmente el Ministerio Público quién realiza la investigación. Esta es la parte tecnológica donde los investigadores deben realizar muy bien su trabajo, sustentar las investigaciones con pruebas científicas que permitan presentar casos sólidos y, por consiguiente, difíciles de perder.
Para esto, se necesita tener al personal capacitado así como los insumos y equipo necesarios para dicha tarea. Como indicaba, éste es sólo un componente del combate a la corrupción que debe ir acompañado de un Organismo Judicial que emita sentencias apegadas a Derecho. Este componente, el de perseguir corruptos, es importante por lo que se debe continuar.
El segundo componente es preventivo y consiste en atacar el origen de la corrupción, el poder burocrático discrecional. Este poder, a veces arbitrario, permite a los políticos y demás burócratas abusar del mismo para extorsionar a los ciudadanos que requieren de sus permisos o licencias para operar, para obtener contratos del Estado, o el pago de esos contratos. Al tener el poder de otorgar privilegios, “acelerar” trámites o asignar contratos, hace que puedan extorsionar a quienes hagan “negociaciones” con ellos o, buscar coludirse con estos burócratas para saquear los impuestos pagados por los tributarios.
Reducir al máximo el poder arbitrario de los burócratas, eliminar trámites innecesarios, reducir la tramitología y limitar al máximo el criterio de ventanilla podrían ser el principio de cambios más profundos como la duplicidad de funciones con el respectivo exceso de personal.
La pregunta sigue en el aire ¿es necesaria una Comisión contra la corrupción para combatirla? ¿O simplemente es falta de tecnología o de voluntad política?
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