Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, manifestó que urge atender los casos de privados de libertad vulnerables al coronavirus, por estar en “alto riesgo”.
Indicó que “no es necesario una nueva normativa”, pues existe “todo el sustento legal” para atender a este grupo de privados de libertad.
Enfatizó que se necesita voluntad para atender los casos y aclaró que no se debe universalizar los procesos.
Reos vulnerables
Jordán Rodas informó que el 25 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una petición.
Manifestó que en esa ocasión, Bachetet pidió a los gobiernos tomar las medidas “urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas”, para frenar la pandemia del Covid-19.
Bachelet exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes proceder con rapidez a buscar esos mecanismos a fin de reducir el número de reclusos.
“La recomendación fue directa: Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos vulnerables al Covid-19. Además a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos”, indicó el Procurador.
Rodas explicó que tomando como base el mensaje de la ONU, se emitió el 19 de abril una recomendación para que se busquen las vías legales “existentes” y se reduzca la población penitenciaria.
Sustento legal
Rodas subrayó que no se necesitan nuevas reformas. A su criterio existe “suficiente sustento legal para atender los casos”. Aclaró que se deben priorizar los casos relacionados con delitos menores.
“Coincido con el presidente de la Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax. Se debe actuar con una aplicación con base legal a la existe. Lo que se requiere es voluntad y agilidad“, afirmó.
Añadió: “Hay que partir que la independencia judicial. Los magistrados de la Cámara Penal no pueden darles órdenes a los jueces. Cada juez y magistrado es independiente. Pero tiene suficiente sustento legal a partir de convenios internacionales ratificados por Guatemala, ya que hablamos de derechos humanos”.
“Los funcionarios públicos podemos hacer lo que la Constitución nos permite, no podemos hacer algo fuera del contexto legal.
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos
Deben realizar peticiones
Manifestó que lo importante es que los distintos actores realicen las peticiones. Asimismo, dijo que no se pueden universalizar las medidas. “Hay principios que pueden aplicarse en cada caso”, resaltó.
“El análisis de los casos debe darse pues esto podría ser una válvula de escape para personas de delitos de lesa humanidad o privados por agresión contra la mujer. En este caso el riesgo es mayor, porque puede salir agredir de nuevo, y más con el confinamiento”, aclaró el PDH.
Reiteró que se recomienda a todos los jueces y magistrados en materia penal, al Ministerio Público, al Instituto de la Defensa pública Penal y abogados defensores, intervenir en los procesos relacionados con personas privadas de libertad para que se respete el derecho a la salud.
Derechos
“Respecto al Derecho de la Salud que garantizado constitucionalmente, se tome en cuenta lo manifestado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de considerar por las vías legales posibles para la reducción de la población penitenciaria”, comentó Rodas.
“Lo anterior a través de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal, de infractores de baja peligrosidad, es decir delitos menores, revisión de los casos de prisión preventiva y extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves”, concluyó el Procurador.
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Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, manifestó que urge atender los casos de privados de libertad vulnerables al coronavirus, por estar en “alto riesgo”.
Indicó que “no es necesario una nueva normativa”, pues existe “todo el sustento legal” para atender a este grupo de privados de libertad.
Enfatizó que se necesita voluntad para atender los casos y aclaró que no se debe universalizar los procesos.
Reos vulnerables
Jordán Rodas informó que el 25 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una petición.
Manifestó que en esa ocasión, Bachetet pidió a los gobiernos tomar las medidas “urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas”, para frenar la pandemia del Covid-19.
Bachelet exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes proceder con rapidez a buscar esos mecanismos a fin de reducir el número de reclusos.
“La recomendación fue directa: Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos vulnerables al Covid-19. Además a los presos de más edad y los enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos”, indicó el Procurador.
Rodas explicó que tomando como base el mensaje de la ONU, se emitió el 19 de abril una recomendación para que se busquen las vías legales “existentes” y se reduzca la población penitenciaria.
Sustento legal
Rodas subrayó que no se necesitan nuevas reformas. A su criterio existe “suficiente sustento legal para atender los casos”. Aclaró que se deben priorizar los casos relacionados con delitos menores.
“Coincido con el presidente de la Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax. Se debe actuar con una aplicación con base legal a la existe. Lo que se requiere es voluntad y agilidad“, afirmó.
Añadió: “Hay que partir que la independencia judicial. Los magistrados de la Cámara Penal no pueden darles órdenes a los jueces. Cada juez y magistrado es independiente. Pero tiene suficiente sustento legal a partir de convenios internacionales ratificados por Guatemala, ya que hablamos de derechos humanos”.
“Los funcionarios públicos podemos hacer lo que la Constitución nos permite, no podemos hacer algo fuera del contexto legal.
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos
Deben realizar peticiones
Manifestó que lo importante es que los distintos actores realicen las peticiones. Asimismo, dijo que no se pueden universalizar las medidas. “Hay principios que pueden aplicarse en cada caso”, resaltó.
“El análisis de los casos debe darse pues esto podría ser una válvula de escape para personas de delitos de lesa humanidad o privados por agresión contra la mujer. En este caso el riesgo es mayor, porque puede salir agredir de nuevo, y más con el confinamiento”, aclaró el PDH.
Reiteró que se recomienda a todos los jueces y magistrados en materia penal, al Ministerio Público, al Instituto de la Defensa pública Penal y abogados defensores, intervenir en los procesos relacionados con personas privadas de libertad para que se respete el derecho a la salud.
Derechos
“Respecto al Derecho de la Salud que garantizado constitucionalmente, se tome en cuenta lo manifestado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de considerar por las vías legales posibles para la reducción de la población penitenciaria”, comentó Rodas.
“Lo anterior a través de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal, de infractores de baja peligrosidad, es decir delitos menores, revisión de los casos de prisión preventiva y extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves”, concluyó el Procurador.
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