El sector privado organizado rechazó la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que mediante un autoamparo evitó que continuara el trámite de un proceso legal.
Los empresarios aglutinados en el Cacif, consideran que la acción legal de los magistrados señalados “muestra evidentes y graves violaciones al Estado de Derecho”.
El Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), enumera tres puntos para cuestionar la resolución. El fallo de la CC frenó la solicitud de antejuicio contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
- Contrario a principios jurídicos elementales que señalan que nadie puede ser juez y parte en un asunto, los magistrados señalados en las diligencias de antejuicio entraron a conocer el caso sin inhibirse, como correspondía. Ello, en evidente conflicto de interés. Esta resolucion se añade a un antecedente en el que la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo antoprotegiéndose, a pesar de que la propia Ley de Amparo, en el artículo 69, expresamente indica que a los magistrados se les puede deducir responsabilidades por sus resoluciones.
- Adicionalmente a ello, la Corte de Constitucionalidad ordena el secuestro del expediente. Lo que hace evidente el intento de impedir el trámite correspondiente al ponerlo en custodia de los mismos interesados.
- Este comportamiento de varios de los magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares. De resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales.
“Nadie está por encima de la ley”
Los empresarios subrayan que “nadie está por encima de la ley, y toda persona o funcionario público debe dar cuenta de su actuar”.
“Exigimos que, en el marco del Estado de Derecho, las instituciones actúen de conformidad con la Constitución Política de la República”, concluye el Cacif.
El proceso de antejucio contra magistrados de la CC
El viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
El sector privado organizado rechazó la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que mediante un autoamparo evitó que continuara el trámite de un proceso legal.
Los empresarios aglutinados en el Cacif, consideran que la acción legal de los magistrados señalados “muestra evidentes y graves violaciones al Estado de Derecho”.
El Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), enumera tres puntos para cuestionar la resolución. El fallo de la CC frenó la solicitud de antejuicio contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
- Contrario a principios jurídicos elementales que señalan que nadie puede ser juez y parte en un asunto, los magistrados señalados en las diligencias de antejuicio entraron a conocer el caso sin inhibirse, como correspondía. Ello, en evidente conflicto de interés. Esta resolucion se añade a un antecedente en el que la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo antoprotegiéndose, a pesar de que la propia Ley de Amparo, en el artículo 69, expresamente indica que a los magistrados se les puede deducir responsabilidades por sus resoluciones.
- Adicionalmente a ello, la Corte de Constitucionalidad ordena el secuestro del expediente. Lo que hace evidente el intento de impedir el trámite correspondiente al ponerlo en custodia de los mismos interesados.
- Este comportamiento de varios de los magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares. De resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales.
“Nadie está por encima de la ley”
Los empresarios subrayan que “nadie está por encima de la ley, y toda persona o funcionario público debe dar cuenta de su actuar”.
“Exigimos que, en el marco del Estado de Derecho, las instituciones actúen de conformidad con la Constitución Política de la República”, concluye el Cacif.
El proceso de antejucio contra magistrados de la CC
El viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.