El Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas de este lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde exponen que se envió con anterioridad un documento donde explican por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Detalles del memorial
El memorial detalla que la Comisión Permanente del Congreso “está comprometida con el Estado Constitucional de Derecho y el mantenimiento de la institucionalidad de la República”.
“De esa cuenta manifiesta su desacuerdo con el hecho que se estén dictando órdenes ilegales dentro de un proceso en donde los magistrados son juez y parte, donde su imparcialidad está comprometida”, detalla el memorial.
Agrega: “Al colocarse como juez y parte los cuatro magistrados y pretender que el Congreso actúen en contravención del artículo 165, literal H, de la Constitución. El Congreso y la Comisión Permanente, como representantes del pueblo estiman oportuno recordar: No obligatoriedad a órdenes ilegales”.
El documento en el punto nueve insta al Ministerio Público (MP) “para que cumpla con la función constitucional y ante la existencia de algún delito por parte de los cuatro magistrados proceda a solicitar el antejuicio correspondiente”.
Antecedentes del caso
Este lunes la Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de tres horas al Congreso de la República para remitir el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
Esta resolución de la Corte no requería la aprobación de todos los magistrados, bastaba con que la presidenta, Gloria Porras, lo decidiera para emitir la orden al Legislativo.
Ya sin el expediente original, el Congreso no tendría el documento para continuar con el proceso para retirar la inmunidad a los funcionarios.
“Esta Corte ordena al Presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente, así como a los demás miembros que intengran dicha Comisión, que remita el expediente original de las diligencias de antejuicio 37-2020, en un plazo de tres horas a partir de que sea notificado”, señalaba un comunicado de prensa publicado en la cuenta de Twitter de la CC.
“De no tenerlo en su poder, deberá girar instrucciones a quien corresponda a fin de dar exacto cumplimiento a lo ordenado”, añadía el texto.
Además, la CC enfatizó que “la Comisión Pesquisidora ya no tiene vigencia por la orden que emitió esta Corte al otorgar amparo provisional en resolución del 27 de junio de 2020, su actuar no tiene validez legal”.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
El Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas de este lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde exponen que se envió con anterioridad un documento donde explican por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Detalles del memorial
El memorial detalla que la Comisión Permanente del Congreso “está comprometida con el Estado Constitucional de Derecho y el mantenimiento de la institucionalidad de la República”.
“De esa cuenta manifiesta su desacuerdo con el hecho que se estén dictando órdenes ilegales dentro de un proceso en donde los magistrados son juez y parte, donde su imparcialidad está comprometida”, detalla el memorial.
Agrega: “Al colocarse como juez y parte los cuatro magistrados y pretender que el Congreso actúen en contravención del artículo 165, literal H, de la Constitución. El Congreso y la Comisión Permanente, como representantes del pueblo estiman oportuno recordar: No obligatoriedad a órdenes ilegales”.
El documento en el punto nueve insta al Ministerio Público (MP) “para que cumpla con la función constitucional y ante la existencia de algún delito por parte de los cuatro magistrados proceda a solicitar el antejuicio correspondiente”.
Antecedentes del caso
Este lunes la Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de tres horas al Congreso de la República para remitir el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de esa institución.
Esta resolución de la Corte no requería la aprobación de todos los magistrados, bastaba con que la presidenta, Gloria Porras, lo decidiera para emitir la orden al Legislativo.
Ya sin el expediente original, el Congreso no tendría el documento para continuar con el proceso para retirar la inmunidad a los funcionarios.
“Esta Corte ordena al Presidente del Congreso de la República y de la Comisión Permanente, así como a los demás miembros que intengran dicha Comisión, que remita el expediente original de las diligencias de antejuicio 37-2020, en un plazo de tres horas a partir de que sea notificado”, señalaba un comunicado de prensa publicado en la cuenta de Twitter de la CC.
“De no tenerlo en su poder, deberá girar instrucciones a quien corresponda a fin de dar exacto cumplimiento a lo ordenado”, añadía el texto.
Además, la CC enfatizó que “la Comisión Pesquisidora ya no tiene vigencia por la orden que emitió esta Corte al otorgar amparo provisional en resolución del 27 de junio de 2020, su actuar no tiene validez legal”.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.