La excandidata a la presidencia, Sandra Torres, no logró detener el proceso penal en su contra, luego que la Corte Suprema de Justicia rechazara su petición.
De esa cuenta, el proceso penal contra Torres por financiamiento no reportado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) debe continuar.
La exprimera dama pretendía el beneficio al citar un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) que evitó que se investigara a otros diputados vinculados al expediente de delitos electorales en lo que supuestamente incurrió la agrupación política.
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Antecedentes del caso contra Torres
Aparte de la captura y procesamiento de Sandra Torres, el Ministerio Público inició un proceso para cancelar el partido UNE.
El caso es conocido como “Financiamiento electoral ilícito UNE, campaña electoral 2015”.
En este proceso, “el Ministerio Público estableció que la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, durante la campaña electoral correspondiente al año 2015, financió su campaña de manera irregular…”, agregó en su momento la FECI.
Lo anterior porque no registró “contablemente ingresos y gastos de campaña por la cantidad de Q27.6 millones, monto que se estableció en la investigación, no fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral”, añadió en su momento el MP.
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La exprimera dama pretendía el beneficio al citar un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) que evitó que se investigara a otros diputados vinculados al expediente de delitos electorales en lo que supuestamente incurrió la agrupación política.
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