El Ministerio Público (MP) confirmó la captura de siete personas señaladas por delitos aduaneros en un nuevo caso de corrupción en las aduanas.
El caso revela una nueva modalidad de defraudación en las aduanas. La investigación permitió detectar que algunas personas involucradas en el caso de la Línea, aún laboraban en la SAT.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad afirma que la defraudación al Estado sobrepasa los más de Q14 millones. Además, los cobros de comisión ilícita denominado “cola”, por Q5.1 millones.
Entre los aprehendidos se encuentran personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía.
Corrupción y defraudación
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron 26 allanamientos para capturar a varias personas en el nuevo caso de corrupción y defraudación aduanera.
Las diligencias se desarrollan: 19 en Guatemala, dos en El Progreso, dos en Petén, una en Zacapa, una Izabal y una en Jutiapa. Hasta pasado el mediodía las capturas registradas eran siete:
- Lorena Damaris Túnchez Mejía, empleada de la SAT.
- Mynor René Cotom Guzmán, empleado de la SAT.
- Juan Francisco Rodríguez Jacobo, empleado de la SAT.
- Javier Ayala y Ayala, exempleado de la SAT.
- Edgar Augusto Marroquín Herrera, exempleado de la SAT.
- Marco Antonio Sagastume López, consolidador.
- Salvador Montenegro Brol, empresario, consolidador del Sistema 3.
Detalles del caso
Sandoval explicó que el caso La Línea, permitió descubrir la existencia de una organización criminal que operó entre mayo del 2014 y abril del 2015. La estructura realizó actos de corrupción en las aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomas de Castilla.
“Las operaciones que habían sido objeto de persecución penal están relacionadas con la Aduana de Puerto Quetzal. Estos actos de corrupción fueron realizados cuando ingresaban importaciones al país, cuyas declaraciones de mercancías pasaron por un proceso de “selectivo rojo”, dijo el fiscal Sandoval.
Explicó que los procesos consistieron en que personas particulares negociaron con importadores el valor de impuestos a pagar por el ingreso de importaciones, a cambio de un cobro ilegal denominado “cola”.
El valor de la “cola” estaba establecido en un listado de precios dispuesto por los cabecillas de la organización. La actividad criminal realizada con la participación de personal de la SAT, afectó la recaudación.
La investigación permitió establecer que con el concurso de tres sistemas, se gestionó la consolidación de mercancías, entre el 10 de mayo de 2014 y el 10 de abril de 2015, y en el paso de contenedores se cobraron unos Q5 millones 127 mil.
Mientras en concepto de cobro de comisión ilícita denominado “cola”, se defraudó al Estado de Guatemala por lo menos Q14.3 millones.
Modalidad de defraudación
El MP explicó que existían varias modalidades de defraudación aduanera. La primera involucra al personal de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La investigación determinó que los coordinadores o supervisores de rampa, eran los encargados de recibir los montos de dinero equivalente al porcentaje que le correspondía a su turno respectivo.
El dinero era entregado en efectivo por el Encargado Externo de “La Línea”, siendo en el presente caso el de la Aduana de Santo Tomás de Castilla, Jorge Alfredo Guillén Sagastume. Lo pagado se entregaba a cada “Vista Aduanero” para su turno respectivo.
“Otro de los modos de operar era que particulares (consolidadores) se dedicaban a contratar servicios de transporte internacional de mercancías destinadas a uno o más consignatarios, que ellos mismos agrupan bajo su responsabilidad para ser transportadas bajo un solo documento de transporte madre”, informaron las autoridades.
Desconsolidadores
“Son los encargados de realizar la actividad que permite el ingreso de mercancías en el territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques consolidados bajo un mismo documento de transporte”, indicaron los investigadores.
La investigación permitió establecer que estas empresas enviaron vía marítima y terrestre numerosos embarques provenientes de Panamá y de Estados Unidos, con destino a Guatemala.
“Los consolidadores manipularon las facturas presentadas como respaldo del contenido de los contenedores, al extremo de crearlas por completo: la mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar”, detalla el comunicado del MP.
Además señala que “no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería. Lo que hacían era que ellos elaboraban a su conveniencia una factura de un proveedor extranjero que ellos mismos han creado, y así mismo consignaron en las facturas”.
“Todos los datos de la mercadería que ingresaban dentro del contenedor o furgón, simulando así que una empresa guatemalteca que también pertenecía a ellos mismos, fue la que realizó la compra de toda la mercadería contenida dentro del contenedor o furgón al proveedor extranjero que ellos mismos habían creado”.
Con ello conseguían pagar impuestos correspondientes, pero aplicados a bajos y falsos valores unitarios de la mercadería contenida o consignada en sus facturas.
El Ministerio Público (MP) confirmó la captura de siete personas señaladas por delitos aduaneros en un nuevo caso de corrupción en las aduanas.
El caso revela una nueva modalidad de defraudación en las aduanas. La investigación permitió detectar que algunas personas involucradas en el caso de la Línea, aún laboraban en la SAT.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad afirma que la defraudación al Estado sobrepasa los más de Q14 millones. Además, los cobros de comisión ilícita denominado “cola”, por Q5.1 millones.
Entre los aprehendidos se encuentran personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía.
Corrupción y defraudación
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron 26 allanamientos para capturar a varias personas en el nuevo caso de corrupción y defraudación aduanera.
Las diligencias se desarrollan: 19 en Guatemala, dos en El Progreso, dos en Petén, una en Zacapa, una Izabal y una en Jutiapa. Hasta pasado el mediodía las capturas registradas eran siete:
- Lorena Damaris Túnchez Mejía, empleada de la SAT.
- Mynor René Cotom Guzmán, empleado de la SAT.
- Juan Francisco Rodríguez Jacobo, empleado de la SAT.
- Javier Ayala y Ayala, exempleado de la SAT.
- Edgar Augusto Marroquín Herrera, exempleado de la SAT.
- Marco Antonio Sagastume López, consolidador.
- Salvador Montenegro Brol, empresario, consolidador del Sistema 3.
Detalles del caso
Sandoval explicó que el caso La Línea, permitió descubrir la existencia de una organización criminal que operó entre mayo del 2014 y abril del 2015. La estructura realizó actos de corrupción en las aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomas de Castilla.
“Las operaciones que habían sido objeto de persecución penal están relacionadas con la Aduana de Puerto Quetzal. Estos actos de corrupción fueron realizados cuando ingresaban importaciones al país, cuyas declaraciones de mercancías pasaron por un proceso de “selectivo rojo”, dijo el fiscal Sandoval.
Explicó que los procesos consistieron en que personas particulares negociaron con importadores el valor de impuestos a pagar por el ingreso de importaciones, a cambio de un cobro ilegal denominado “cola”.
El valor de la “cola” estaba establecido en un listado de precios dispuesto por los cabecillas de la organización. La actividad criminal realizada con la participación de personal de la SAT, afectó la recaudación.
La investigación permitió establecer que con el concurso de tres sistemas, se gestionó la consolidación de mercancías, entre el 10 de mayo de 2014 y el 10 de abril de 2015, y en el paso de contenedores se cobraron unos Q5 millones 127 mil.
Mientras en concepto de cobro de comisión ilícita denominado “cola”, se defraudó al Estado de Guatemala por lo menos Q14.3 millones.
Modalidad de defraudación
El MP explicó que existían varias modalidades de defraudación aduanera. La primera involucra al personal de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La investigación determinó que los coordinadores o supervisores de rampa, eran los encargados de recibir los montos de dinero equivalente al porcentaje que le correspondía a su turno respectivo.
El dinero era entregado en efectivo por el Encargado Externo de “La Línea”, siendo en el presente caso el de la Aduana de Santo Tomás de Castilla, Jorge Alfredo Guillén Sagastume. Lo pagado se entregaba a cada “Vista Aduanero” para su turno respectivo.
“Otro de los modos de operar era que particulares (consolidadores) se dedicaban a contratar servicios de transporte internacional de mercancías destinadas a uno o más consignatarios, que ellos mismos agrupan bajo su responsabilidad para ser transportadas bajo un solo documento de transporte madre”, informaron las autoridades.
Desconsolidadores
“Son los encargados de realizar la actividad que permite el ingreso de mercancías en el territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques consolidados bajo un mismo documento de transporte”, indicaron los investigadores.
La investigación permitió establecer que estas empresas enviaron vía marítima y terrestre numerosos embarques provenientes de Panamá y de Estados Unidos, con destino a Guatemala.
“Los consolidadores manipularon las facturas presentadas como respaldo del contenido de los contenedores, al extremo de crearlas por completo: la mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar”, detalla el comunicado del MP.
Además señala que “no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería. Lo que hacían era que ellos elaboraban a su conveniencia una factura de un proveedor extranjero que ellos mismos han creado, y así mismo consignaron en las facturas”.
“Todos los datos de la mercadería que ingresaban dentro del contenedor o furgón, simulando así que una empresa guatemalteca que también pertenecía a ellos mismos, fue la que realizó la compra de toda la mercadería contenida dentro del contenedor o furgón al proveedor extranjero que ellos mismos habían creado”.
Con ello conseguían pagar impuestos correspondientes, pero aplicados a bajos y falsos valores unitarios de la mercadería contenida o consignada en sus facturas.