El 13 de septiembre se cumplieron seis meses que se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala. Durante este periodo se han reportado más de 83 mil contagios en el país, según los datos proporcionados del Ministerio de Salud.
Uno de los sectores afectados por este virus es Presidios. La situación para los privados de libertad, no es fácil debido al hacinamiento en las cárceles, lo que preocupa a los organismos internacionales que desde inicios de la pandemia recomendaron considerar “la prisión de libertad como último recurso en los casos que las prisiones estén masificadas.”
El último informe del Sistema Penitenciario reveló 313 casos positivos, de esa cifra solo ocho casos están activos y 276 privados de libertad se recuperaron. Del total de los casos, 280 son hombres y 33 mujeres.
Comisión, medidas y contagios
A pesar de las medidas implementadas por Presidios, suspensión de visitas y habilitación de centros de atención para sospechosos de coronavirus, los contagios continúan. Ante ello la Comisión de Derechos Humanos del Congreso listó una serie de medidas urgentes a ocho instituciones relacionados con los privados de libertad. Las recomendaciones fueron emitidas esta semana en una Carta Abierta.
“La expansión del virus ha develado la debilidad institucional del Estado en todos sus ámbitos. El Sistema Penitenciario no es la excepción particularmente por el hacinamiento, controles y disciplina internas, entre otros. En la actualidad la población reclusa registrada es de 26 mil 192. Del total 13 mil 777 cumplen condena y 12 mil 415 prisión preventiva”, detalla el documento de la Comisión de Derechos Humanos.
Recomendaciones de Comisión de DDHH
- Al Ministerio de Gobernación realizar las acciones presupuestarias para fortalecer el presupuesto del Sistema Penitenciario para que pueda atender adecuadamente la emergencia del covid-19.
- Agilizar la implementación de la unidad que desarrollará el control telemático, para que en corto plazo se pueda hacer uso de los dispositivos electrónicos que permitan descongestionar la población reclusa.
- A las autoridades de Presidios realizar de manera conjunta con la CSJ y la ONT una evaluación de los reclusos y que se encuadran en los criterios de riesgo o vulnerabilidad, es decir mayores de 60 años, padecimientos de enfermedades crónicas.
- Habilitar en los centros carcelarios centros de aislamiento y tratamientos para pacientes de covid-19 y agilizar la contratación de personal médico, equipo e insumos para las clínicas para la atención permanente de la población reclusa.
- Recomendaron al Sistema Penitenciario implementar los protocolos de traslados oportuno y ágil de los reos a los centros asistenciales.
Recomendaciones al Ministerio de Salud
- Al Ministerio de Salud promover los barridos epidemiológicos en cada cárcel para contener los contagios del coronavirus, incluyendo la realización de pruebas diagnóstico a los guardias de Presidios.
- Dotar y abastecer de medicamento y tratamientos para el covid-19, en los distintos centros.
- Fortalecer el equipo humano que auxiliará al funcionamiento de las áreas de aislamiento y tratamiento de las personas reclusas con covid-19.
- Mientras a la Corte Suprema de Justicia establece las directrices, dentro del marco de sus funciones, para que los operadores de justicia prioricen y valoren el criterio constitucional y universal, que la privación de libertad sea utilizada como último recurso.
- Desarrollar medidas procesales oportunas para atender las peticiones del Sistema Penitenciario, específicamente a las personas identificadas vulnerables al coronavirus.
- Agilizar las audiencias y priorizar las diligencias judiciales especialmente de las mujeres, adultos mayores, y reos con enfermedades que puedan poner en riesgo su vida por el contagio del coronavirus.
- Al Ministerio Público instruir a las fiscalías, especialmente a la FECI, que analicen caso por caso, y prioricen el derecho a la vida de las personas recluidas en cumplimiento de condena y prisión preventiva en las audiencias judiciales de revisión de las medidas coercitivas ante los riesgo del coronavirus.
El 13 de septiembre se cumplieron seis meses que se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala. Durante este periodo se han reportado más de 83 mil contagios en el país, según los datos proporcionados del Ministerio de Salud.
Uno de los sectores afectados por este virus es Presidios. La situación para los privados de libertad, no es fácil debido al hacinamiento en las cárceles, lo que preocupa a los organismos internacionales que desde inicios de la pandemia recomendaron considerar “la prisión de libertad como último recurso en los casos que las prisiones estén masificadas.”
El último informe del Sistema Penitenciario reveló 313 casos positivos, de esa cifra solo ocho casos están activos y 276 privados de libertad se recuperaron. Del total de los casos, 280 son hombres y 33 mujeres.
Comisión, medidas y contagios
A pesar de las medidas implementadas por Presidios, suspensión de visitas y habilitación de centros de atención para sospechosos de coronavirus, los contagios continúan. Ante ello la Comisión de Derechos Humanos del Congreso listó una serie de medidas urgentes a ocho instituciones relacionados con los privados de libertad. Las recomendaciones fueron emitidas esta semana en una Carta Abierta.
“La expansión del virus ha develado la debilidad institucional del Estado en todos sus ámbitos. El Sistema Penitenciario no es la excepción particularmente por el hacinamiento, controles y disciplina internas, entre otros. En la actualidad la población reclusa registrada es de 26 mil 192. Del total 13 mil 777 cumplen condena y 12 mil 415 prisión preventiva”, detalla el documento de la Comisión de Derechos Humanos.
Recomendaciones de Comisión de DDHH
- Al Ministerio de Gobernación realizar las acciones presupuestarias para fortalecer el presupuesto del Sistema Penitenciario para que pueda atender adecuadamente la emergencia del covid-19.
- Agilizar la implementación de la unidad que desarrollará el control telemático, para que en corto plazo se pueda hacer uso de los dispositivos electrónicos que permitan descongestionar la población reclusa.
- A las autoridades de Presidios realizar de manera conjunta con la CSJ y la ONT una evaluación de los reclusos y que se encuadran en los criterios de riesgo o vulnerabilidad, es decir mayores de 60 años, padecimientos de enfermedades crónicas.
- Habilitar en los centros carcelarios centros de aislamiento y tratamientos para pacientes de covid-19 y agilizar la contratación de personal médico, equipo e insumos para las clínicas para la atención permanente de la población reclusa.
- Recomendaron al Sistema Penitenciario implementar los protocolos de traslados oportuno y ágil de los reos a los centros asistenciales.
Recomendaciones al Ministerio de Salud
- Al Ministerio de Salud promover los barridos epidemiológicos en cada cárcel para contener los contagios del coronavirus, incluyendo la realización de pruebas diagnóstico a los guardias de Presidios.
- Dotar y abastecer de medicamento y tratamientos para el covid-19, en los distintos centros.
- Fortalecer el equipo humano que auxiliará al funcionamiento de las áreas de aislamiento y tratamiento de las personas reclusas con covid-19.
- Mientras a la Corte Suprema de Justicia establece las directrices, dentro del marco de sus funciones, para que los operadores de justicia prioricen y valoren el criterio constitucional y universal, que la privación de libertad sea utilizada como último recurso.
- Desarrollar medidas procesales oportunas para atender las peticiones del Sistema Penitenciario, específicamente a las personas identificadas vulnerables al coronavirus.
- Agilizar las audiencias y priorizar las diligencias judiciales especialmente de las mujeres, adultos mayores, y reos con enfermedades que puedan poner en riesgo su vida por el contagio del coronavirus.
- Al Ministerio Público instruir a las fiscalías, especialmente a la FECI, que analicen caso por caso, y prioricen el derecho a la vida de las personas recluidas en cumplimiento de condena y prisión preventiva en las audiencias judiciales de revisión de las medidas coercitivas ante los riesgo del coronavirus.