El veto no es el “beso de la muerte”, coinciden expertos parlamentarios luego de que la Junta Directiva del Congreso anunció suspender el trámite del Presupuesto 2021.
Los profesionales consultados critican la salida legal que impulsan los diputados, basada en el antecedente de 2017. En esa ocasión se intentó reformar el Código Penal, cuyo mecanismo “es un error legal”, a consideración de Roberto Alejos, expresidente del Congreso.
“No fue correcto, ni legal y un error no es fuente de derecho”, afirma Alejos.
El expresidente del Congreso explica que el artículo 5 de la Ley del Orgánica del Legislativo, refiere que el mecanismo es para el debate de una ley y no para interrumpir su trámite.
Tampoco duda de la buena intención de los congresistas para bajar los ánimos de las protestas. Sin embargo, insiste en que lo correcto es que la ley llegue a manos del presidente para que la vete.
“Los precedentes se han utilizado para el cumplimiento de sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no en trámite de formación de la Ley”, afirma.
“Si el Presidente manifestó su apoyo al nuevo plan de gastos y la necesidad de un diálogo técnico, también puede anunciar que opta por el veto”.
Roberto Alejos, expresidente del Congreso.
Suspensión es prematura
El abogado Mario Fuentes Destarac también expresa que el proceso legislativo no puede ser interrumpido, ni prudente que la CC intervenga en el proceso.
“Si la ley es sancionada o promulgada, cabe la impugnación con una acción de amparo o de inconstitucionalidad, Hacerlo ahora es prematuro”, insiste.
Esa es la razón por que se han emitido varios comunicados solicitándolo, añade.
“Si se entra en una discusión más amplia, se vencerá el plazo el 30 de noviembre y seguirá vigente el actual de Q107 millardos”, enfatiza.
Lamenta que el Congreso haya desatendido en su momento el pedido de la población porque la discusión actual ha subido de tono.
Veto y más salidas
Otros abogados en derecho parlamentario también recomiendan el veto como la primera opción, por las dudas que genera el antecedente de 2017.
“El Presidente debería utilizar las herramientas más tradicionales y enviar el mensaje político de que ha escuchado a las voces informadas y vetar la ley”, aseguran.
Además que haciéndolo, el mandatario tiene la opción de mandar otra propuesta para que sea aprobada en tiempo récord, lo cual los diputados han demostrado que pueden hacer.
Otra opción podría ser crear un precedente similar, pero específico para este caso con el apoyo de expertos en derecho parlamentario y constitucional.
“El veto no es el beso de la muerte”, advierten, por lo que será el análisis y compromiso político el que marque el rumbo más conveniente y convincente.
El veto no es el “beso de la muerte”, coinciden expertos parlamentarios luego de que la Junta Directiva del Congreso anunció suspender el trámite del Presupuesto 2021.
Los profesionales consultados critican la salida legal que impulsan los diputados, basada en el antecedente de 2017. En esa ocasión se intentó reformar el Código Penal, cuyo mecanismo “es un error legal”, a consideración de Roberto Alejos, expresidente del Congreso.
“No fue correcto, ni legal y un error no es fuente de derecho”, afirma Alejos.
El expresidente del Congreso explica que el artículo 5 de la Ley del Orgánica del Legislativo, refiere que el mecanismo es para el debate de una ley y no para interrumpir su trámite.
Tampoco duda de la buena intención de los congresistas para bajar los ánimos de las protestas. Sin embargo, insiste en que lo correcto es que la ley llegue a manos del presidente para que la vete.
“Los precedentes se han utilizado para el cumplimiento de sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no en trámite de formación de la Ley”, afirma.
“Si el Presidente manifestó su apoyo al nuevo plan de gastos y la necesidad de un diálogo técnico, también puede anunciar que opta por el veto”.
Roberto Alejos, expresidente del Congreso.
Suspensión es prematura
El abogado Mario Fuentes Destarac también expresa que el proceso legislativo no puede ser interrumpido, ni prudente que la CC intervenga en el proceso.
“Si la ley es sancionada o promulgada, cabe la impugnación con una acción de amparo o de inconstitucionalidad, Hacerlo ahora es prematuro”, insiste.
Esa es la razón por que se han emitido varios comunicados solicitándolo, añade.
“Si se entra en una discusión más amplia, se vencerá el plazo el 30 de noviembre y seguirá vigente el actual de Q107 millardos”, enfatiza.
Lamenta que el Congreso haya desatendido en su momento el pedido de la población porque la discusión actual ha subido de tono.
Veto y más salidas
Otros abogados en derecho parlamentario también recomiendan el veto como la primera opción, por las dudas que genera el antecedente de 2017.
“El Presidente debería utilizar las herramientas más tradicionales y enviar el mensaje político de que ha escuchado a las voces informadas y vetar la ley”, aseguran.
Además que haciéndolo, el mandatario tiene la opción de mandar otra propuesta para que sea aprobada en tiempo récord, lo cual los diputados han demostrado que pueden hacer.
Otra opción podría ser crear un precedente similar, pero específico para este caso con el apoyo de expertos en derecho parlamentario y constitucional.
“El veto no es el beso de la muerte”, advierten, por lo que será el análisis y compromiso político el que marque el rumbo más conveniente y convincente.