La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala eliminó este jueves la prohibición a la afiliación política de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
El fallo del Supremo, que fue decretado el pasado 19 de enero y divulgado este miércoles, permite la afiliación política a los interesados en integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 (cinco titulares y cinco suplentes).
El numeral 11 de la documentación requerida para los candidatos al máximo tribunal guatemalteco establecía originalmente la entrega de una “constancia de no estar afiliado a un partido político por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral”, un requisito que ya no será necesario de acuerdo a la nueva disposición.
Partido Político
La nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia abre las puertas a que cualquier persona afiliada a un partido político pueda ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
La integración actual de la Corte de Constitucionalidad también se encuentra bajo disputa después de que el pasado martes el Congreso juramentara al cuestionado juez Mynor Moto Morataya como miembro del máximo tribunal del país pese a las críticas de varios sectores, incluido Estados Unidos, además de un impedimento legal.
“Los procesos de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución”, puntualizó la delegación diplomática al respecto.
“Es imprescindible proteger la Justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la corte más alta cumplen con los requisitos más altos”, añadió.
Señalamientos
Moto Morataya está vinculado por Fiscalía con el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020”, una investigación de alto impacto que reveló el año pasado los intereses de varios políticos y jueces por controlar la CC y la CSJ.
El ingreso a la Corte de Constitucionalidad de Moto Morataya se debe a la muerte del magistrado Bonerje Mejía en 2020.
La elección en abril próximo de la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años, y la elección estancada de la Corte Suprema de Justicia -se debió llevar a cabo en 2019- son claves para la lucha anticorrupción en Guatemala, de acuerdo a la opinión de expertos en el tema.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala eliminó este jueves la prohibición a la afiliación política de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
El fallo del Supremo, que fue decretado el pasado 19 de enero y divulgado este miércoles, permite la afiliación política a los interesados en integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 (cinco titulares y cinco suplentes).
El numeral 11 de la documentación requerida para los candidatos al máximo tribunal guatemalteco establecía originalmente la entrega de una “constancia de no estar afiliado a un partido político por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral”, un requisito que ya no será necesario de acuerdo a la nueva disposición.
Partido Político
La nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia abre las puertas a que cualquier persona afiliada a un partido político pueda ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
La integración actual de la Corte de Constitucionalidad también se encuentra bajo disputa después de que el pasado martes el Congreso juramentara al cuestionado juez Mynor Moto Morataya como miembro del máximo tribunal del país pese a las críticas de varios sectores, incluido Estados Unidos, además de un impedimento legal.
“Los procesos de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución”, puntualizó la delegación diplomática al respecto.
“Es imprescindible proteger la Justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la corte más alta cumplen con los requisitos más altos”, añadió.
Señalamientos
Moto Morataya está vinculado por Fiscalía con el caso denominado “Comisiones Paralelas 2020”, una investigación de alto impacto que reveló el año pasado los intereses de varios políticos y jueces por controlar la CC y la CSJ.
El ingreso a la Corte de Constitucionalidad de Moto Morataya se debe a la muerte del magistrado Bonerje Mejía en 2020.
La elección en abril próximo de la Corte de Constitucionalidad por los próximos cinco años, y la elección estancada de la Corte Suprema de Justicia -se debió llevar a cabo en 2019- son claves para la lucha anticorrupción en Guatemala, de acuerdo a la opinión de expertos en el tema.