Este lunes 8 de febrero, finalizó la recepción de expedientes de candidatos que desean optar a un puesto como magistrado titular o suplente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026.
La convocatoria para la recepción de expedientes estuvo abierta del 25 de enero al 08 de febrero y cerró con un total de 17 documentos. Entre los aspirantes se encuentra Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escriba, quienes aspiran una reelección.
El cronograma del Organismo Judicial (OJ) estableció que del 10 al 12 de febrero se recibirán objeciones contra los aspirantes admitidos en el proceso.
Usac también cierra convocatoria
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), también cerró la convocatoria de recepción de expedientes este sábado. Ahora toda la documentación recibida se encuentra en proceso de evaluación.
En total el Consejo Superior Universitario recibió 19 expedientes. Los nuevos magistrados de la CC asumirán los cargos el 14 de abril de 2021 para un periodo de cinco años.
¿Qué reflexiones se deben hacer a las puertas de la elección y designación en una nueva CC?
Según Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), debemos reflexionar sobre el contexto en el cual se desarrolla la actual elección de magistrados de la corte de constitucionalidad para el período 2021-2026.
Los magistrados que asuman el 14 de abril deben de poner un alto a la equívoca invasión de funciones de la Corte de Constitucionalidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una especie de rescate urgente del sistema de gobierno Republicano, Democrático y Representativo. En donde la Corte de Constitucionalidad no es un supra poder con facultades de dirección y gobierno.
Sin duda, como órgano colegiado, los magistrados de la nueva magistratura que está por iniciar, deben poner un freno a las arbitrariedades. Y a cualquier actuar contrario a la Constitución mediante un actuar independiente y técnico. Desligándose de los órganos electores y designantes, para lo cual la herramienta más valiosa debe ser una sólida y consistente metodología de interpretación constitucional. Solo por medio de ella puede empezarse a recuperar el rescate al diseño republicano y de imperio de la Ley al que aspira nuestra Constitución.
En esta reflexión no podemos dejar de mencionar la lamentable desviación que ha ocurrido mediante el abuso que ciertas personas han hecho de la acción de amparo y la falta de un criterio consistente y sólido al momento de decidir qué tipo de acciones deben ser suspendidas en su trámite por notoriamente frívolas o improcedentes.
Lo anterior agrega un elemento que genera mayor complejidad a la situación actual, y es que la Corte de Constitucionalidad se ha venido convirtiendo no solo en un supra poder del qué hacer del Estado sino también de la administración de justicia, es a la Corte a donde llegan, sin impelerse su cuantía ni elementos técnicos de una real controversia constitucional todas las reclamaciones y conflictos: civiles, laborales, de familia, administrativas y penales.
Este lunes 8 de febrero, finalizó la recepción de expedientes de candidatos que desean optar a un puesto como magistrado titular o suplente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026.
La convocatoria para la recepción de expedientes estuvo abierta del 25 de enero al 08 de febrero y cerró con un total de 17 documentos. Entre los aspirantes se encuentra Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escriba, quienes aspiran una reelección.
El cronograma del Organismo Judicial (OJ) estableció que del 10 al 12 de febrero se recibirán objeciones contra los aspirantes admitidos en el proceso.
Usac también cierra convocatoria
La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), también cerró la convocatoria de recepción de expedientes este sábado. Ahora toda la documentación recibida se encuentra en proceso de evaluación.
En total el Consejo Superior Universitario recibió 19 expedientes. Los nuevos magistrados de la CC asumirán los cargos el 14 de abril de 2021 para un periodo de cinco años.
¿Qué reflexiones se deben hacer a las puertas de la elección y designación en una nueva CC?
Según Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), debemos reflexionar sobre el contexto en el cual se desarrolla la actual elección de magistrados de la corte de constitucionalidad para el período 2021-2026.
Los magistrados que asuman el 14 de abril deben de poner un alto a la equívoca invasión de funciones de la Corte de Constitucionalidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una especie de rescate urgente del sistema de gobierno Republicano, Democrático y Representativo. En donde la Corte de Constitucionalidad no es un supra poder con facultades de dirección y gobierno.
Sin duda, como órgano colegiado, los magistrados de la nueva magistratura que está por iniciar, deben poner un freno a las arbitrariedades. Y a cualquier actuar contrario a la Constitución mediante un actuar independiente y técnico. Desligándose de los órganos electores y designantes, para lo cual la herramienta más valiosa debe ser una sólida y consistente metodología de interpretación constitucional. Solo por medio de ella puede empezarse a recuperar el rescate al diseño republicano y de imperio de la Ley al que aspira nuestra Constitución.
En esta reflexión no podemos dejar de mencionar la lamentable desviación que ha ocurrido mediante el abuso que ciertas personas han hecho de la acción de amparo y la falta de un criterio consistente y sólido al momento de decidir qué tipo de acciones deben ser suspendidas en su trámite por notoriamente frívolas o improcedentes.
Lo anterior agrega un elemento que genera mayor complejidad a la situación actual, y es que la Corte de Constitucionalidad se ha venido convirtiendo no solo en un supra poder del qué hacer del Estado sino también de la administración de justicia, es a la Corte a donde llegan, sin impelerse su cuantía ni elementos técnicos de una real controversia constitucional todas las reclamaciones y conflictos: civiles, laborales, de familia, administrativas y penales.