El sector empresarial organizado en el Cacif hizo un llamado para respetar los plazos constitucionales. A permitir que la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) asuma el 14 de abril de 2021.
Por las acciones legales (amparos) que buscarían prorrogar en sus funciones a la actual CC, demandan respetar las elecciones realizadas. Además, que los otros procesos en marcha no se detengan.
El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresa la importancia de cumplir el plazo que manda la Constitución.
El 14 de abril, el plazo constitucional
El Cacif expresa su parecer mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
“Se respete el mandato legal relacionado con la inimpugnabilidad de los procesos que se lleven a cabo en los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)”.
“En los otros procesos en los que se han registrado impugnaciones, los recursos sean conocidos y resueltos con la celeridad que señala nuestro ordenamiento jurídico. Se evite que estas acciones legales sean utilizadas para retardar los procesos o para impedir que los cuerpos nominados cumplan con su función constitucional”.
“Preservar a la Corte de Constitucionalidad de intereses sectarios, ideológicos o de grupos cuya única intención es la de asegurar magistrados afines a sus posiciones por medio de la descalificación espuria y no fundamentada de aquellos profesionales que han presentado su nombre a consideración”.
“El proceso concluya por sobre todo, con la elección de profesionales probos, independientes y calificados. Que estén comprometidos con la defensa del orden constitucional y con un tribunal que sea fiel al mandato de imparcialidad en los casos que conozca. Y se garantice la independencia respecto de los poderes del Estado y la garantía de la igualdad ante la ley para quienes lleven sus casos a conocimietno de esta magistratura”.
Por el momento el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios, ya designaron a magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
El sector empresarial organizado en el Cacif hizo un llamado para respetar los plazos constitucionales. A permitir que la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) asuma el 14 de abril de 2021.
Por las acciones legales (amparos) que buscarían prorrogar en sus funciones a la actual CC, demandan respetar las elecciones realizadas. Además, que los otros procesos en marcha no se detengan.
El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresa la importancia de cumplir el plazo que manda la Constitución.
El 14 de abril, el plazo constitucional
El Cacif expresa su parecer mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
“Se respete el mandato legal relacionado con la inimpugnabilidad de los procesos que se lleven a cabo en los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)”.
“En los otros procesos en los que se han registrado impugnaciones, los recursos sean conocidos y resueltos con la celeridad que señala nuestro ordenamiento jurídico. Se evite que estas acciones legales sean utilizadas para retardar los procesos o para impedir que los cuerpos nominados cumplan con su función constitucional”.
“Preservar a la Corte de Constitucionalidad de intereses sectarios, ideológicos o de grupos cuya única intención es la de asegurar magistrados afines a sus posiciones por medio de la descalificación espuria y no fundamentada de aquellos profesionales que han presentado su nombre a consideración”.
“El proceso concluya por sobre todo, con la elección de profesionales probos, independientes y calificados. Que estén comprometidos con la defensa del orden constitucional y con un tribunal que sea fiel al mandato de imparcialidad en los casos que conozca. Y se garantice la independencia respecto de los poderes del Estado y la garantía de la igualdad ante la ley para quienes lleven sus casos a conocimietno de esta magistratura”.
Por el momento el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios, ya designaron a magistrados de la Corte de Constitucionalidad.