El supuesto reglamento para la autorización, importación y distribución de vacunas contra el covid-19 para uso de emergencia, en Guatemala, está envuelto en polémica.
Una primera versión fue retirada del portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Salud, lo que desató una lluvia de críticas en redes sociales.
La mayoría de los cuestionamientos presumen que la institución preparaba el camino para que el Gobierno ya no gestionara las compras directas con los fabricantes.
¿Aval del Ministerio?
Julia Barrera, portavoz de la institución, confirmó que el documento no fue conocido, ni emitido por ninguna autoridad del Ministerio. No obstante, el instrumento sí cuenta con el aval del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines.
La supuesta normativa detalla la aplicación general y requisitos a todas las solicitudes para la autorización, importación y distribución de vacunas covid-19 para uso de emergencia.
El reglamento “excluye a las vacunas con Registro Sanitario emitido por Autoridades Reguladoras del nivel IV o estrictas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que ya tiene una legislación vigente”.
“Está claro que es una reglamentación a nivel de departamento, como las normativas de adquisiciones a nivel de circular”, dijo el exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien instó a Salud a aclarar quién es el responsable de la normativa.
“Puede que sea emitido a un nivel correcto, no lo śe, pero claramente tiene impacto grande en la política pública de Salud que afecta a los guatemaltecos. No puede salir a luz sólo porque alguien tuvo la iniciativa”.
Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas.
Con reglas claras
Estrada agregó que es inaceptable que se abra el mercado cuando el Gobierno en la actualidad cuenta con fondos para adquirir vacunas.
“Este es un momento en que la población debe saber que todos tienen acceso a la vacuna con prioridad y de forma equitativa”, enfatizó.
El exministro consideró que no se trata de un producto donde pueda entrar a funcionar el mercado, mientras no exista la opción de vacunarse de manera gratuita.
Por ello insistió en que la comunicación de este tipo de herramientas sea específica.
“La Ministra o el Presidente deben explicar cuáles serán las reglas”, aseveró. Dio como ejemplo una plan en el que se indique una cantidad administrada de vacunas a nivel público, para desspués darle paso a la comercialización.
Y añade: “sino la gente piensa de inmediato que lo entramparon -el proceso de compra- para generarle el negocio a alguien. Lo curioso es que uno se entere de este proceso porque a alguien se le escapó (el documento)”.
Efectos adversos a cargo de empresas
Con Estrada coinciden otros expertos de Salud, que opinaron que puede tratarse de pugnas entre distribuidores locales cuya normativa no les favorece. O, por otra parte, una estrategia para allanar el camino de la distribución a otros, con compras que realice el Gobierno por medio de intermediarios.
Sin embargo, refirieron que lo más grave es que dejan las consecuencias adversas de la vacuna a cargo de los importadores.
Según el artículo 6, inciso “c”: “por medio de una declaración jurada, el responsable (importador) del producto adquiere la responsabilidad sobre daños y perjuicios que ocasione el producto”.
Rechazaron lo anterior, sobre todo cuando expertos de la OMS y agencias estatales de Salud le dan seguimiento a lo que hoy ocurre con la vacuna de AstraZeneca.
Involucrar al sector privado
Estrada aclaró que no se trata de dejar a un lado al sector privado. Al contrario, “hoy es cuando deben implementarse estrategias para acelerar la vacunación”, enfatizó. “Deberíamos estar vacunado a un ritmo de 15 mil a 20 mil personas diarias y no tres mil”, dijo el exministro.
“La vacuna en su momento será privada, como ocurre hoy con la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero hoy, en que hay escasez y las vacunas son de emergencia, no pueden sacar un reglamento de la nada”, puntualizó el exfuncionario.
- Te sugerimos leer:
El supuesto reglamento para la autorización, importación y distribución de vacunas contra el covid-19 para uso de emergencia, en Guatemala, está envuelto en polémica.
Una primera versión fue retirada del portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Salud, lo que desató una lluvia de críticas en redes sociales.
La mayoría de los cuestionamientos presumen que la institución preparaba el camino para que el Gobierno ya no gestionara las compras directas con los fabricantes.
¿Aval del Ministerio?
Julia Barrera, portavoz de la institución, confirmó que el documento no fue conocido, ni emitido por ninguna autoridad del Ministerio. No obstante, el instrumento sí cuenta con el aval del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines.
La supuesta normativa detalla la aplicación general y requisitos a todas las solicitudes para la autorización, importación y distribución de vacunas covid-19 para uso de emergencia.
El reglamento “excluye a las vacunas con Registro Sanitario emitido por Autoridades Reguladoras del nivel IV o estrictas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que ya tiene una legislación vigente”.
“Está claro que es una reglamentación a nivel de departamento, como las normativas de adquisiciones a nivel de circular”, dijo el exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien instó a Salud a aclarar quién es el responsable de la normativa.
“Puede que sea emitido a un nivel correcto, no lo śe, pero claramente tiene impacto grande en la política pública de Salud que afecta a los guatemaltecos. No puede salir a luz sólo porque alguien tuvo la iniciativa”.
Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas.
Con reglas claras
Estrada agregó que es inaceptable que se abra el mercado cuando el Gobierno en la actualidad cuenta con fondos para adquirir vacunas.
“Este es un momento en que la población debe saber que todos tienen acceso a la vacuna con prioridad y de forma equitativa”, enfatizó.
El exministro consideró que no se trata de un producto donde pueda entrar a funcionar el mercado, mientras no exista la opción de vacunarse de manera gratuita.
Por ello insistió en que la comunicación de este tipo de herramientas sea específica.
“La Ministra o el Presidente deben explicar cuáles serán las reglas”, aseveró. Dio como ejemplo una plan en el que se indique una cantidad administrada de vacunas a nivel público, para desspués darle paso a la comercialización.
Y añade: “sino la gente piensa de inmediato que lo entramparon -el proceso de compra- para generarle el negocio a alguien. Lo curioso es que uno se entere de este proceso porque a alguien se le escapó (el documento)”.
Efectos adversos a cargo de empresas
Con Estrada coinciden otros expertos de Salud, que opinaron que puede tratarse de pugnas entre distribuidores locales cuya normativa no les favorece. O, por otra parte, una estrategia para allanar el camino de la distribución a otros, con compras que realice el Gobierno por medio de intermediarios.
Sin embargo, refirieron que lo más grave es que dejan las consecuencias adversas de la vacuna a cargo de los importadores.
Según el artículo 6, inciso “c”: “por medio de una declaración jurada, el responsable (importador) del producto adquiere la responsabilidad sobre daños y perjuicios que ocasione el producto”.
Rechazaron lo anterior, sobre todo cuando expertos de la OMS y agencias estatales de Salud le dan seguimiento a lo que hoy ocurre con la vacuna de AstraZeneca.
Involucrar al sector privado
Estrada aclaró que no se trata de dejar a un lado al sector privado. Al contrario, “hoy es cuando deben implementarse estrategias para acelerar la vacunación”, enfatizó. “Deberíamos estar vacunado a un ritmo de 15 mil a 20 mil personas diarias y no tres mil”, dijo el exministro.
“La vacuna en su momento será privada, como ocurre hoy con la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero hoy, en que hay escasez y las vacunas son de emergencia, no pueden sacar un reglamento de la nada”, puntualizó el exfuncionario.
- Te sugerimos leer: