En McAllen, Texas, los refugios para migrantes luchan mientras la contención del covid-19 cae sobre ellos
Las iglesias y los grupos de ayuda a lo largo de la frontera sur de los EE. UU. dicen que no están equipados para abordar la crisis de salud pública que afecta los migrantes.
Mcallen, Texas. La propagación de la variante Delta de covid-19 está presionando aún más una red ya frágil de ciudades fronterizas. También a los refugios privados e iglesias encargadas de evaluar a las decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente cada mes.
La Patrulla Fronteriza ha dicho que llevaría demasiado tiempo examinar a los migrantes bajo su breve custodia. Que no tienen los recursos para poner en cuarentena a los que dan positivo.
Eso ha dejado la tarea a los refugios privados, iglesias y funcionarios locales a lo largo de la frontera. Están preparados para brindar ayuda básica a los migrantes durante horas o días. Pero ahora tienen que encontrar lugares para albergarlos hasta por un par de días o semanas.
- Deberías leer: Las hospitalizaciones por Covid-19 en Estados Unidos casi se duplicaron en agosto, ya que algunos estados solicitan recursos
McAllen cuida a contagiados
La necesidad de mantener el distanciamiento social dentro de estas instalaciones está cambiando la forma en que los refugios han operado durante años.
La situación se agravó tanto el mes pasado en este tramo del sur de Texas. Fue porque el Centro de Respiro Humanitario de Caridades Católicas en McAllen, cerró por alcanzar la capacidad máxima de migrantes.
La ciudad de McAllen había estado poniendo en cuarentena a los migrantes positivos de covid-19 en hoteles. Pero erigió un campamento de tiendas de campaña en un extenso parque colindante con el Río Grande. Así podría trasladar su operación de prueba.
Los migrantes que dieron positivo allí fueron trasladados a una carpa grande con aire acondicionado. Les dieron mantas y se les pidió que permanecieran durante 10 días. En su apogeo a principios de este mes, el parque albergaba a 1.500 migrantes en cuarentena.
“No tenemos la responsabilidad ni el deber de ocuparnos de la inmigración, ese es un problema federal”, dijo Richard Cortez, juez del condado demócrata de Hidalgo, el condado donde se encuentra McAllen. “Solo estamos lidiando con esto porque no tenemos otra opción”.
Aunque la frontera ha visto un gran número de migrantes que vienen antes en busca de asilo, más recientemente bajo el expresidente Donald Trump en 2019, nunca ha durado un aumento tan largo como este año, lo que aumenta la tensión.
Testimonio de migrantes
Maryori Ramos, junto con su esposo y su hija de seis años, abandonaron Tegucigalpa, la capital de Honduras, el verano pasado cuando su esposo perdió su trabajo en un taller de carrocería y la violencia de las pandillas empeoró con un aumento del desempleo. Se mudaron a una aldea remota a cuatro horas al sur de la capital, donde esperaban vivir por poco dinero cultivando gran parte de su propia comida.
Todavía no podían llegar a fin de mes. La hija de Ramos perdió un año de escuela; era un lugar remoto e Internet no era lo suficientemente fuerte. Después de casi un año, optaron por dirigirse a Estados Unidos, donde cruzaron la frontera en el sur de Texas en agosto.
“Estamos muy agradecidos por este país que abrió sus puertas”, dijo en una breve entrevista en la estación de autobuses de Brownsville, luego de dar negativo en la prueba de Covid-19.
La pandemia también ha obligado a los refugios a reducir enormemente sus operaciones. El refugio Loaves & Fishes en la cercana Harlingen, que atiende tanto a migrantes como a la población local sin hogar en su refugio principal, se ha quedado corto de espacio y se ha visto obligado a enviar a los migrantes a una iglesia cercana, donde duermen en catres en un gran comedor.
En Brownsville, la ciudad ha prohibido al pastor Carlos Navarro traer inmigrantes para pasar la noche en su iglesia bautista. En cambio, visita la estación de autobuses la mayoría de los días para entregar comida y mochilas llenas de champú y cepillos de dientes.
“Es estresante”, dijo. “Sientes que deberías hacer más, pero sabes que no puedes”.
La administración Biden se ha enfrentado a una presión bipartidista cada vez mayor para abordar la gran cantidad de cruces fronterizos ilegales, y los republicanos han indicado que harán de la frontera una pieza central de sus campañas de mitad de período.
Incluso los líderes fronterizos locales que favorecieron el tono más suave de Biden sobre la inmigración, en comparación con la postura más dura bajo la administración de Trump, dicen que ahora se están resquebrajando bajo la presión.
En Del Río, Texas, al oeste del Valle del Río Grande, la Coalición Humanitaria Fronteriza de Val Verde, que administra el único refugio en esa ciudad, recibió alrededor de 3,500 migrantes en agosto, en comparación con alrededor de 100 por mes el otoño pasado, cuando los cruces fronterizos estaban en una pausa.
Tiffany Burrow, directora del refugio, dijo que no tiene el personal ni la sala para evaluar a los migrantes mientras pasan brevemente por su cuidado. Los ha estado enviando a ciudades más grandes como El Paso, que tiene la capacidad de evaluarlos, aunque dijo que eso no siempre es posible.
“No creo que sea responsabilidad de Del Rio hacer esto”, dijo. “Es el gobierno federal el que nos ha puesto en esta situación”.
La administración de Biden reservó US$110 millones a principios de este año a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para reembolsar a estas entidades por la atención de migrantes.
En las últimas semanas, la administración intensificó silenciosamente sus tácticas de aplicación, deportando formalmente a algunas familias centroamericanas que buscaban asilo y, a través de otro arreglo, trasladando a otras al sur de México, donde funcionarios mexicanos las subieron a camionetas y las dejaron en Guatemala.
El refuerzo de la aplicación de la ley ha aliviado recientemente algo de la presión sobre los refugios. El parque cerca de McAllen albergaba solo a unos 300 migrantes la semana pasada y estaba programado para cerrar antes del huracán Ida.
La dinámica cambiará aún más después de que la Corte Suprema ordenó a la administración restablecer la política de Permanecer en México de la era Trump, que requiere que los solicitantes de asilo vivan en ciudades fronterizas mexicanas peligrosas durante la duración de sus casos de inmigración.
El presidente Biden se opuso enérgicamente a la política como candidato y la puso fin en su primer día en el cargo, pero algunos funcionarios del gobierno ahora ven la orden judicial como una oportunidad para aliviar los obstáculos políticos y logísticos que han acompañado a tantos migrantes que ingresan al país.
Los funcionarios fronterizos y los líderes de los refugios, sin embargo, dicen que no es la solución que tenían en mente.
“Ha sido abrumador, sí, pero la respuesta no es enviarlos de regreso”, dijo la hermana Norma Pimentel, quien dirige el refugio de Caridades Católicas en McAllen y supervisa la operación de prueba en el parque cercano. “Para empezar, es encontrar una solución real para solucionar el problema”.
Escriba a Michelle Hackman a michelle.hackman+1@wsj.com
Este artículo ha sido traducido por Noris Argotte Soto por República
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Mcallen, Texas. La propagación de la variante Delta de covid-19 está presionando aún más una red ya frágil de ciudades fronterizas. También a los refugios privados e iglesias encargadas de evaluar a las decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente cada mes.
La Patrulla Fronteriza ha dicho que llevaría demasiado tiempo examinar a los migrantes bajo su breve custodia. Que no tienen los recursos para poner en cuarentena a los que dan positivo.
Eso ha dejado la tarea a los refugios privados, iglesias y funcionarios locales a lo largo de la frontera. Están preparados para brindar ayuda básica a los migrantes durante horas o días. Pero ahora tienen que encontrar lugares para albergarlos hasta por un par de días o semanas.
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La situación se agravó tanto el mes pasado en este tramo del sur de Texas. Fue porque el Centro de Respiro Humanitario de Caridades Católicas en McAllen, cerró por alcanzar la capacidad máxima de migrantes.
La ciudad de McAllen había estado poniendo en cuarentena a los migrantes positivos de covid-19 en hoteles. Pero erigió un campamento de tiendas de campaña en un extenso parque colindante con el Río Grande. Así podría trasladar su operación de prueba.
Los migrantes que dieron positivo allí fueron trasladados a una carpa grande con aire acondicionado. Les dieron mantas y se les pidió que permanecieran durante 10 días. En su apogeo a principios de este mes, el parque albergaba a 1.500 migrantes en cuarentena.
“No tenemos la responsabilidad ni el deber de ocuparnos de la inmigración, ese es un problema federal”, dijo Richard Cortez, juez del condado demócrata de Hidalgo, el condado donde se encuentra McAllen. “Solo estamos lidiando con esto porque no tenemos otra opción”.
Aunque la frontera ha visto un gran número de migrantes que vienen antes en busca de asilo, más recientemente bajo el expresidente Donald Trump en 2019, nunca ha durado un aumento tan largo como este año, lo que aumenta la tensión.
Testimonio de migrantes
Maryori Ramos, junto con su esposo y su hija de seis años, abandonaron Tegucigalpa, la capital de Honduras, el verano pasado cuando su esposo perdió su trabajo en un taller de carrocería y la violencia de las pandillas empeoró con un aumento del desempleo. Se mudaron a una aldea remota a cuatro horas al sur de la capital, donde esperaban vivir por poco dinero cultivando gran parte de su propia comida.
Todavía no podían llegar a fin de mes. La hija de Ramos perdió un año de escuela; era un lugar remoto e Internet no era lo suficientemente fuerte. Después de casi un año, optaron por dirigirse a Estados Unidos, donde cruzaron la frontera en el sur de Texas en agosto.
“Estamos muy agradecidos por este país que abrió sus puertas”, dijo en una breve entrevista en la estación de autobuses de Brownsville, luego de dar negativo en la prueba de Covid-19.
La pandemia también ha obligado a los refugios a reducir enormemente sus operaciones. El refugio Loaves & Fishes en la cercana Harlingen, que atiende tanto a migrantes como a la población local sin hogar en su refugio principal, se ha quedado corto de espacio y se ha visto obligado a enviar a los migrantes a una iglesia cercana, donde duermen en catres en un gran comedor.
En Brownsville, la ciudad ha prohibido al pastor Carlos Navarro traer inmigrantes para pasar la noche en su iglesia bautista. En cambio, visita la estación de autobuses la mayoría de los días para entregar comida y mochilas llenas de champú y cepillos de dientes.
“Es estresante”, dijo. “Sientes que deberías hacer más, pero sabes que no puedes”.
La administración Biden se ha enfrentado a una presión bipartidista cada vez mayor para abordar la gran cantidad de cruces fronterizos ilegales, y los republicanos han indicado que harán de la frontera una pieza central de sus campañas de mitad de período.
Incluso los líderes fronterizos locales que favorecieron el tono más suave de Biden sobre la inmigración, en comparación con la postura más dura bajo la administración de Trump, dicen que ahora se están resquebrajando bajo la presión.
En Del Río, Texas, al oeste del Valle del Río Grande, la Coalición Humanitaria Fronteriza de Val Verde, que administra el único refugio en esa ciudad, recibió alrededor de 3,500 migrantes en agosto, en comparación con alrededor de 100 por mes el otoño pasado, cuando los cruces fronterizos estaban en una pausa.
Tiffany Burrow, directora del refugio, dijo que no tiene el personal ni la sala para evaluar a los migrantes mientras pasan brevemente por su cuidado. Los ha estado enviando a ciudades más grandes como El Paso, que tiene la capacidad de evaluarlos, aunque dijo que eso no siempre es posible.
“No creo que sea responsabilidad de Del Rio hacer esto”, dijo. “Es el gobierno federal el que nos ha puesto en esta situación”.
La administración de Biden reservó US$110 millones a principios de este año a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para reembolsar a estas entidades por la atención de migrantes.
En las últimas semanas, la administración intensificó silenciosamente sus tácticas de aplicación, deportando formalmente a algunas familias centroamericanas que buscaban asilo y, a través de otro arreglo, trasladando a otras al sur de México, donde funcionarios mexicanos las subieron a camionetas y las dejaron en Guatemala.
El refuerzo de la aplicación de la ley ha aliviado recientemente algo de la presión sobre los refugios. El parque cerca de McAllen albergaba solo a unos 300 migrantes la semana pasada y estaba programado para cerrar antes del huracán Ida.
La dinámica cambiará aún más después de que la Corte Suprema ordenó a la administración restablecer la política de Permanecer en México de la era Trump, que requiere que los solicitantes de asilo vivan en ciudades fronterizas mexicanas peligrosas durante la duración de sus casos de inmigración.
El presidente Biden se opuso enérgicamente a la política como candidato y la puso fin en su primer día en el cargo, pero algunos funcionarios del gobierno ahora ven la orden judicial como una oportunidad para aliviar los obstáculos políticos y logísticos que han acompañado a tantos migrantes que ingresan al país.
Los funcionarios fronterizos y los líderes de los refugios, sin embargo, dicen que no es la solución que tenían en mente.
“Ha sido abrumador, sí, pero la respuesta no es enviarlos de regreso”, dijo la hermana Norma Pimentel, quien dirige el refugio de Caridades Católicas en McAllen y supervisa la operación de prueba en el parque cercano. “Para empezar, es encontrar una solución real para solucionar el problema”.
Escriba a Michelle Hackman a michelle.hackman+1@wsj.com
Este artículo ha sido traducido por Noris Argotte Soto por República