Redacción
10 de julio, 2014
Sin lugar a dudas el incidente ocurrido el 2 de julio donde un menor de edad, miembro de una pandilla, lanzó una granada en la zona 18 es un suceso alarmante. Esta acción puede catalogarse como un hecho terrorista considerando que el ataque viene de una pandilla organizada que ejerce coacción sistemática sembrando miedo en la población.
La reacción del público no se hizo esperar en las redes sociales. Las demandas populares exigen medidas más drásticas para frenar la ola de criminalidad. Estas van desde exigir la aplicación de la pena de muerte hasta el establecimiento de medidas de represión y persecución más rigurosas.
Naturalmente cuando se vive en un país con tasas de homicidio muy altas la opinión pública tiende a demandar una intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Sin embargo, no debemos perder de vista que dotar de más medios de coacción al Estado no es sinónimo de que el orden será efectivamente restablecido. Además, estas medidas pueden llegar a violar los derechos individuales de nosotros, los ciudadanos.
Hay que mencionar que contrario a lo que mucha gente piensa tanto la legislación como la práctica común es bastante drástica en la persecución criminal. Por poner un ejemplo, en Guatemala es una práctica sumamente común decretar prisión preventiva en una alta proporción de los casos penales. Pese a que se han flexibilizado los criterios para dictar prisión preventiva, se calcula que por lo menos un 45% de los acusados guardan prisión preventiva.
La ley establece medidas bastante rigurosas sobre todo en la legislación de lavado de dinero y puntualmente con la conocida Ley de Extinción de Dominio. En la ley contra lavado de dinero se dan atribuciones sumamente arbitrarias a la autoridad pública para intervenir en los asuntos privados de personas cuya culpabilidad ni siquiera ha sido comprobada y sin necesidad de demostrar la culpabilidad de los sospechosos. La ley de extinción de dominio incluso permite la confiscación de la propiedad aun y cuando no se pruebe que el acusado ha cometido un delito.
Los resultados están a la vista de todos. La criminalidad no se ha reducido pese a contar con legislación sumamente restrictiva. La población en cambio queda expuesta. Un colega me comentó cómo fue testigo de un caso en el cual tres hombres, uno tras otro, guardaron prisión preventiva debido a que una mujer les acusaba de violación. Cada acusado fue sometido a pruebas científicas de ADN que en todos los casos resultaron negativas. El daño que sufrieron estos acusados, inocentes, mientras guardaron prisión preventiva son irreparables y este es solo un caso entre muchos más.
La invitación al lector no es a defender a los criminales, como comúnmente se dice. La idea es invitarlo a tomar en consideración que cuando la autoridad pública tiene poderes muy amplios los derechos de la gente inocente ya no solo quedan a merced de los delincuentes sino también a violaciones por parte de la propia autoridad pública que está supuestamente establecida para protegernos.
Lo realmente importante es enfocarnos en la urgente reforma de la Policía Nacional Civil para contar finalmente con unas fuerzas armadas dignas, profesionales y respetadas. El actual cuerpo de policía apenas está equipado para contrarrestar el crimen común y es completamente inoperante para enfrentar al crimen organizado. Además es foco de continuas acusaciones de corrupción. Es por esta razón que reclamar medidas más drásticas es aún más peligroso pues los encargados de hacerlas valer son estas autoridades en las que tan poco confiamos.
Redacción
10 de julio, 2014
Sin lugar a dudas el incidente ocurrido el 2 de julio donde un menor de edad, miembro de una pandilla, lanzó una granada en la zona 18 es un suceso alarmante. Esta acción puede catalogarse como un hecho terrorista considerando que el ataque viene de una pandilla organizada que ejerce coacción sistemática sembrando miedo en la población.
La reacción del público no se hizo esperar en las redes sociales. Las demandas populares exigen medidas más drásticas para frenar la ola de criminalidad. Estas van desde exigir la aplicación de la pena de muerte hasta el establecimiento de medidas de represión y persecución más rigurosas.
Naturalmente cuando se vive en un país con tasas de homicidio muy altas la opinión pública tiende a demandar una intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Sin embargo, no debemos perder de vista que dotar de más medios de coacción al Estado no es sinónimo de que el orden será efectivamente restablecido. Además, estas medidas pueden llegar a violar los derechos individuales de nosotros, los ciudadanos.
Hay que mencionar que contrario a lo que mucha gente piensa tanto la legislación como la práctica común es bastante drástica en la persecución criminal. Por poner un ejemplo, en Guatemala es una práctica sumamente común decretar prisión preventiva en una alta proporción de los casos penales. Pese a que se han flexibilizado los criterios para dictar prisión preventiva, se calcula que por lo menos un 45% de los acusados guardan prisión preventiva.
La ley establece medidas bastante rigurosas sobre todo en la legislación de lavado de dinero y puntualmente con la conocida Ley de Extinción de Dominio. En la ley contra lavado de dinero se dan atribuciones sumamente arbitrarias a la autoridad pública para intervenir en los asuntos privados de personas cuya culpabilidad ni siquiera ha sido comprobada y sin necesidad de demostrar la culpabilidad de los sospechosos. La ley de extinción de dominio incluso permite la confiscación de la propiedad aun y cuando no se pruebe que el acusado ha cometido un delito.
Los resultados están a la vista de todos. La criminalidad no se ha reducido pese a contar con legislación sumamente restrictiva. La población en cambio queda expuesta. Un colega me comentó cómo fue testigo de un caso en el cual tres hombres, uno tras otro, guardaron prisión preventiva debido a que una mujer les acusaba de violación. Cada acusado fue sometido a pruebas científicas de ADN que en todos los casos resultaron negativas. El daño que sufrieron estos acusados, inocentes, mientras guardaron prisión preventiva son irreparables y este es solo un caso entre muchos más.
La invitación al lector no es a defender a los criminales, como comúnmente se dice. La idea es invitarlo a tomar en consideración que cuando la autoridad pública tiene poderes muy amplios los derechos de la gente inocente ya no solo quedan a merced de los delincuentes sino también a violaciones por parte de la propia autoridad pública que está supuestamente establecida para protegernos.
Lo realmente importante es enfocarnos en la urgente reforma de la Policía Nacional Civil para contar finalmente con unas fuerzas armadas dignas, profesionales y respetadas. El actual cuerpo de policía apenas está equipado para contrarrestar el crimen común y es completamente inoperante para enfrentar al crimen organizado. Además es foco de continuas acusaciones de corrupción. Es por esta razón que reclamar medidas más drásticas es aún más peligroso pues los encargados de hacerlas valer son estas autoridades en las que tan poco confiamos.