Sarcásticamente conocida como Ley Monsanto, el decreto número 19-2014 causó revuelo la semana pasada. La ley, promulgada mientras Uruguay ganaba a Italia 1 por 0 en Brasil 2014, ha puesto de manifiesto nuevamente y más allá de las discusiones sobre organismos genéticamente mejorados y la propiedad intelectual, la picardía de la mayoría de diputados del Congreso de la República.
¿Por qué en una ley para la protección de obtenciones vegetales se amplía el presupuesto de ingresos en 550 millones de quetzales? ¿Por qué se asignan estos fondos al Ministerio de Comunicaciones? No es casualidad que hayan sido asignados a la cartera del Ministro que, a todas luces, hace campaña política anticipada con el partido oficial. Esto es lo más importante y lamentablemente ha pasado inadvertido.
Y mientras seguramente los diputados del partido oficial festejan la ampliación presupuestaria, otros apenas se dan cuenta que una vez más han levantado la mano sin por qué ni para qué. Ahora estos últimos osan en proponer su derogación y buscan de paso, el aplauso público. Está claro: la ley para la protección de obtenciones vegetales tenía un móvil aún más relevante, la ampliación del presupuesto mediante “préstamos externos a largo plazo”. Otro gol a favor del endeudamiento público.
Exceptuando el artículo 46 y la picardía que él engendra, pienso muy válido que se defina claramente y respete la propiedad intelectual y que florezca la biotecnología para mitigar amenazas como la canícula aún vigente. La mejora de rendimientos por unidad de área y la tolerancia a ciertas condiciones climáticas son rasgos importantes de nuevas variedades vegetales, mismas que podrían ser solución para problemas como la desnutrición crónica y la escasez de alimentos en el área rural. El arroz dorado es un buen ejemplo de ello. Es más, considero que la investigación y el desarrollo biotecnológico privado ofrecería más y mejores soluciones que toda la batería de políticas públicas sobre seguridad alimentaria que se aplican en el país desde hace décadas y que no hacen más que profundizar el paternalismo y el desperdicio de recursos.
Pero esta tecnología no puede estar disponible si no se definen claramente los derechos de propiedad, pues son estos los que propician la existencia de un mercado. Si este emerge espontáneamente, sin privilegios y en sana competencia, hay mayores posibilidades de que los pobladores de Jocotán o La Mesilla dejen de ser noticia reiteradamente. Tendrían acceso a mejores alimentos de igual forma como tienen acceso hoy por hoy a mejores teléfonos celulares.
Sin embargo, aún me pregunto si para ello es necesario una ley y la tutela del gobierno. La propiedad es un derecho fundamental anterior al Estado, es una institución cuya aplicación se reconoce, no se obliga. Una ley como esta justifica la existencia del MAGA y de su más perverso departamento: Normas y Regulaciones. De ambos, dicho sea de paso, deriva el paternalismo y la cultura del permiso, la burocracia y la ineficiencia.
Invito a leer sobre estos temas. A informarse correctamente y a no sólo repetir ideas sin fundamento o que se hayan demostrado científicamente. Exigir transparencia y rectitud a los diputados quizás sea mucho pedir.
Sarcásticamente conocida como Ley Monsanto, el decreto número 19-2014 causó revuelo la semana pasada. La ley, promulgada mientras Uruguay ganaba a Italia 1 por 0 en Brasil 2014, ha puesto de manifiesto nuevamente y más allá de las discusiones sobre organismos genéticamente mejorados y la propiedad intelectual, la picardía de la mayoría de diputados del Congreso de la República.
¿Por qué en una ley para la protección de obtenciones vegetales se amplía el presupuesto de ingresos en 550 millones de quetzales? ¿Por qué se asignan estos fondos al Ministerio de Comunicaciones? No es casualidad que hayan sido asignados a la cartera del Ministro que, a todas luces, hace campaña política anticipada con el partido oficial. Esto es lo más importante y lamentablemente ha pasado inadvertido.
Y mientras seguramente los diputados del partido oficial festejan la ampliación presupuestaria, otros apenas se dan cuenta que una vez más han levantado la mano sin por qué ni para qué. Ahora estos últimos osan en proponer su derogación y buscan de paso, el aplauso público. Está claro: la ley para la protección de obtenciones vegetales tenía un móvil aún más relevante, la ampliación del presupuesto mediante “préstamos externos a largo plazo”. Otro gol a favor del endeudamiento público.
Exceptuando el artículo 46 y la picardía que él engendra, pienso muy válido que se defina claramente y respete la propiedad intelectual y que florezca la biotecnología para mitigar amenazas como la canícula aún vigente. La mejora de rendimientos por unidad de área y la tolerancia a ciertas condiciones climáticas son rasgos importantes de nuevas variedades vegetales, mismas que podrían ser solución para problemas como la desnutrición crónica y la escasez de alimentos en el área rural. El arroz dorado es un buen ejemplo de ello. Es más, considero que la investigación y el desarrollo biotecnológico privado ofrecería más y mejores soluciones que toda la batería de políticas públicas sobre seguridad alimentaria que se aplican en el país desde hace décadas y que no hacen más que profundizar el paternalismo y el desperdicio de recursos.
Pero esta tecnología no puede estar disponible si no se definen claramente los derechos de propiedad, pues son estos los que propician la existencia de un mercado. Si este emerge espontáneamente, sin privilegios y en sana competencia, hay mayores posibilidades de que los pobladores de Jocotán o La Mesilla dejen de ser noticia reiteradamente. Tendrían acceso a mejores alimentos de igual forma como tienen acceso hoy por hoy a mejores teléfonos celulares.
Sin embargo, aún me pregunto si para ello es necesario una ley y la tutela del gobierno. La propiedad es un derecho fundamental anterior al Estado, es una institución cuya aplicación se reconoce, no se obliga. Una ley como esta justifica la existencia del MAGA y de su más perverso departamento: Normas y Regulaciones. De ambos, dicho sea de paso, deriva el paternalismo y la cultura del permiso, la burocracia y la ineficiencia.
Invito a leer sobre estos temas. A informarse correctamente y a no sólo repetir ideas sin fundamento o que se hayan demostrado científicamente. Exigir transparencia y rectitud a los diputados quizás sea mucho pedir.