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Negación criminal

María Dolores Arias
22 de agosto, 2017

La semana pasada nos indignó el ataque cobarde en contra de los pacientes y del personal del Hospital Roosevelt por parte de pandilleros cuando rescataban a uno de los líderes de su banda. Siete personas murieron y doce resultaron heridas durante el rescate exitoso de un reo que había sido trasladado de la cárcel al hospital para que se le realizara un examen de sangre.

Siete personas murieron por una cadena de negligencia, indolencia e incompetencia de las autoridades involucradas en la autorización y traslado del peligroso preso. ¿Quién, además de los sicarios rescatistas, pagarán por esto?

La indignación aumenta conforme se conocen los detalles del atentado. ¿Por qué arriesgar a la población inocente durante el traslado de un criminal de alta peligrosidad? ¿Por qué enviarlo al hospital para que le tomaran una muestra de sangre para exámenes de laboratorio? ¿Es acaso función de los hospitales públicos atender a los reos en procedimientos ambulatorios? ¿Por qué no existe el equipo necesario para extraer una muestra de sangre dentro de la cárcel?

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Por otro lado, deja muchas dudas la efectividad en la búsqueda, al parecer caótica, de los criminales dentro del hospital. Parecía más un “reality show” que una acción coordinada de comandos especializados en estas situaciones. El desorden y caos durante la evacuación del hospital, afortunadamente no cobraron más víctimas entre los periodistas y el personal médico.

Después de esta tragedia, todos los involucrados en la decisión y ejecución del traslado del peligroso reo, argumentan que lo hicieron siguiendo las leyes y cumpliendo con los tratados internacionales. La indignación surge cuando uno se pregunta si esas leyes y tratados avalan el poner en riesgo la vida de personas inocentes. ¿Qué Ley o tratado avala el sacrificio de estas siete víctimas de los pandilleros?

¿Quién le responderá a las familias enlutadas por la negligencia gubernamental? ¿Quién se comprometerá con el personal del hospital, pacientes y población en general que no se repetirá otro atentado? ¿Por fin se invertirá en cárceles de máxima seguridad con facilidades médicas y tribunales? ¿Se reasignaran fondos del presupuesto como una muestra clara del compromiso del gobierno con la seguridad de los ciudadanos?

Las acciones del comando que liberó al reo nos demuestra, con hechos, que son criminales dispuestos a matar a quien interfiera en sus planes, que no tienen la más mínima consideración por la vida humana. Son depredadores que visualizan a los demás, los que no somos de su pandilla, como animales sacrificables.

Ante esta realidad ¿seguirán los seudo-defensores de derechos humanos sacrificando a víctimas inocentes? ¿Seguirán creyendo que lo políticamente correcto nos salvará de sus balas y descuartizamientos? Esta negación criminal ya ha cobrado muchas víctimas. La realidad nos indica que debemos ser justos en el trato con los criminales y en el trato con las víctimas.

Lo justo es exigir una investigación hasta las últimas consecuencias para determinar ¿cuál es la responsabilidad de todos los involucrados desde el juez que autorizó el traslado, pasando por quienes lo avalaron y solicitaron como la directora, en ese momento, del Sistema Penitenciario, el alcaide y los médicos forenses entre otros? ¿Cómo se enteraron los sicarios del traslado y los horarios del mismo?

No se trata de venganza, se trata de justicia. Lo justo es tratar al criminal, que ha sido juzgado y sentenciado como lo que es. Lo justo es aplicar el castigo que corresponde acorde a sus delitos, es decir, clasificar a los reos y ubicarlos en las cárceles adecuadas para que cumplan sus condenas.

Lo justo es que el gobierno proteja nuestra vida y no la arriesgue aún más, exponiéndonos por su ineficiencia a situaciones como el ataque al Hospital Roosevelt. Lo justo es que nos traten como personas y no como animales sacrificables de los criminales.

@Md30
Facebook.com/Mda30

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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