Una reforma para eliminar los sindicatos es el análisis de el Dr. Nicholas Virzi, Director Ejecutivo del CEES.
En mi último artículo escribí que Guatemala necesitaba emprender un sendero reformista serio, pero que todavía se alejaba de un Estado fallido. Hay muchas cosas que Guatemala es capaz de hacer por la vía reformista, sin necesidad de cambiar la Constitución del país, proceso que además está impregnado de riesgo e incertidumbre.
Estas reformas, según el aparente consenso, debe incluir la ley electoral, el servicio civil, la ley de compras y contrataciones del Estado. Otros insisten en temas como una ley de competencia, un tema que goza de menos consenso porque los que más la promueven parecen tener poca afinidad o comprensión de la lógica de un economía de libre mercado.
Se sospecha que la ven como un herramienta para atacar las empresas del país. Del mismo modo, se mueven iniciativas de ley de infraestructura y vivienda, las cuales también despiertan sospechas de intereses mercantilistas de quienes las promueven.
Sin entrar en un análisis de los méritos de estas iniciativas lo más prudente es no pasar ninguna ley sin que haya amplia discusión abierta y transparente sobre las mismas.
Las leyes no se deben juzgar por sus intenciones.
Siempre se dice que son buenas. Habría que analizar detenidamente y con ojo crítico cada propuesta de ley, dándole al público su oportunidad de emitir opinión sobre las mismas. Si el sistema político produce una ley bajo estas condiciones se reducen los riesgos de consecuencias no intencionadas negativas después.
Regresando a la cuestión de una ley de servicio civil, es un tema que debería de reflejar amplio consenso. Quienes abogan por más o menos campo de acción para el Estado en la sociedad deberían de estar de acuerdo que el Estado debería de ser probo, capaz, eficiente y libre de corrupción. De otra manera, de poco sirve asignarle tareas en pro del “bien común”.
¿Qué temas debería de abordar una ley de servicio civil?
Para empezar, reformar a los sindicatos públicos y los pactos colectivos dentro de lo posible sin entrar a una reforma constitucional.
Los sindicatos públicos existen en detrimento del interés común. Es preciso recordar las palabras del Presidente Franklin Delano Roosevelt, fundador del Estado Benefactor en Estados Unidos, quien había dicho en 1937:
Todos los empleados públicos deberían de entender que el proceso de negociación colectiva, como típicamente se entiende, no se puede transferir al servicio público. Tiene barreras imposibles de superar cuando se aplica al manejo de personal en el servicio público.
La naturaleza y propósito de gobierno hace que sea imposible que funcionarios representen plenamente o que obliguen al empleador en negociaciones con organizaciones de empleados públicos. El empleador es el pueblo entero, que habla por medio de leyes emitidas por sus representantes en el Congreso.
Esta opinión fue compartida por los sindicatos privados en su tiempo. George Meany, el presidente del sindicato privado más grande y activo de Estados Unidos, en 1955 afirmó “es imposible negociar colectivamente con el gobierno.”
¿Por qué es imposible negociar con el gobierno?
La lógica del sindicato público es distinta a la del sindicato privado. Un sindicato en el sector privado aboga por obtener una mayor porción de las ganancias de la empresa.
El gobierno, sin embargo, no genera ganancias, por lo que un sindicato público simplemente aboga por obtener una mayor porción de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Una huelga pública sería en contra de los contribuyentes, una aberración. Negociación colectiva con el gobierno básicamente implica que los votantes no tienen voz y voto final sobre las políticas públicas y el manejo de la cosa pública.
Simple y sencillamente, sindicatos públicos se enriquecen en violación del bien común. En Guatemala, sobra evidencia de esto. Se firman pactos colectivos en beneficio de los sindicatos públicos comprometiendo los fondos del gobierno, que siempre reclama escasez de recursos financieros. Guatemala ha llegado al punto donde empleados del Estado reclaman para que sus puestos sean hereditarios, una aberración total que atenta contra los intereses del pueblo.
Lo que se tendría que hacer en un mundo ideal es eliminar a los sindicatos públicos, cosa que los abogados afirman no se puede hacer en Guatemala, apelando a la ley en detrimento de la justicia.
Lo que queda por hacer, entonces, sería reformar el código laboral y los pactos colectivos vigentes para que no sean violatorios de los intereses del bien común.
Esta discusión también debería de formar parte de la agenda de una lucha contra la corrupción.
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Una reforma para eliminar los sindicatos es el análisis de el Dr. Nicholas Virzi, Director Ejecutivo del CEES.
En mi último artículo escribí que Guatemala necesitaba emprender un sendero reformista serio, pero que todavía se alejaba de un Estado fallido. Hay muchas cosas que Guatemala es capaz de hacer por la vía reformista, sin necesidad de cambiar la Constitución del país, proceso que además está impregnado de riesgo e incertidumbre.
Estas reformas, según el aparente consenso, debe incluir la ley electoral, el servicio civil, la ley de compras y contrataciones del Estado. Otros insisten en temas como una ley de competencia, un tema que goza de menos consenso porque los que más la promueven parecen tener poca afinidad o comprensión de la lógica de un economía de libre mercado.
Se sospecha que la ven como un herramienta para atacar las empresas del país. Del mismo modo, se mueven iniciativas de ley de infraestructura y vivienda, las cuales también despiertan sospechas de intereses mercantilistas de quienes las promueven.
Sin entrar en un análisis de los méritos de estas iniciativas lo más prudente es no pasar ninguna ley sin que haya amplia discusión abierta y transparente sobre las mismas.
Las leyes no se deben juzgar por sus intenciones.
Siempre se dice que son buenas. Habría que analizar detenidamente y con ojo crítico cada propuesta de ley, dándole al público su oportunidad de emitir opinión sobre las mismas. Si el sistema político produce una ley bajo estas condiciones se reducen los riesgos de consecuencias no intencionadas negativas después.
Regresando a la cuestión de una ley de servicio civil, es un tema que debería de reflejar amplio consenso. Quienes abogan por más o menos campo de acción para el Estado en la sociedad deberían de estar de acuerdo que el Estado debería de ser probo, capaz, eficiente y libre de corrupción. De otra manera, de poco sirve asignarle tareas en pro del “bien común”.
¿Qué temas debería de abordar una ley de servicio civil?
Para empezar, reformar a los sindicatos públicos y los pactos colectivos dentro de lo posible sin entrar a una reforma constitucional.
Los sindicatos públicos existen en detrimento del interés común. Es preciso recordar las palabras del Presidente Franklin Delano Roosevelt, fundador del Estado Benefactor en Estados Unidos, quien había dicho en 1937:
Todos los empleados públicos deberían de entender que el proceso de negociación colectiva, como típicamente se entiende, no se puede transferir al servicio público. Tiene barreras imposibles de superar cuando se aplica al manejo de personal en el servicio público.
La naturaleza y propósito de gobierno hace que sea imposible que funcionarios representen plenamente o que obliguen al empleador en negociaciones con organizaciones de empleados públicos. El empleador es el pueblo entero, que habla por medio de leyes emitidas por sus representantes en el Congreso.
Esta opinión fue compartida por los sindicatos privados en su tiempo. George Meany, el presidente del sindicato privado más grande y activo de Estados Unidos, en 1955 afirmó “es imposible negociar colectivamente con el gobierno.”
¿Por qué es imposible negociar con el gobierno?
La lógica del sindicato público es distinta a la del sindicato privado. Un sindicato en el sector privado aboga por obtener una mayor porción de las ganancias de la empresa.
El gobierno, sin embargo, no genera ganancias, por lo que un sindicato público simplemente aboga por obtener una mayor porción de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Una huelga pública sería en contra de los contribuyentes, una aberración. Negociación colectiva con el gobierno básicamente implica que los votantes no tienen voz y voto final sobre las políticas públicas y el manejo de la cosa pública.
Simple y sencillamente, sindicatos públicos se enriquecen en violación del bien común. En Guatemala, sobra evidencia de esto. Se firman pactos colectivos en beneficio de los sindicatos públicos comprometiendo los fondos del gobierno, que siempre reclama escasez de recursos financieros. Guatemala ha llegado al punto donde empleados del Estado reclaman para que sus puestos sean hereditarios, una aberración total que atenta contra los intereses del pueblo.
Lo que se tendría que hacer en un mundo ideal es eliminar a los sindicatos públicos, cosa que los abogados afirman no se puede hacer en Guatemala, apelando a la ley en detrimento de la justicia.
Lo que queda por hacer, entonces, sería reformar el código laboral y los pactos colectivos vigentes para que no sean violatorios de los intereses del bien común.
Esta discusión también debería de formar parte de la agenda de una lucha contra la corrupción.
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