Esta semana vivimos otro episodio trágico. Obviamente, me refiero al vil asesinato de tres miembros de nuestro ejército, de manos de narcotraficantes. El área del suceso es paso obligado de la ruta de la droga, que sigue su camino hacia el norte. Es trágico, triste y lamentable. Pero más lamentable es la falta de acciones contundentes para luchar contra este gran problema. Siendo un asunto internacional, es más que necesario que las acciones sean coordinadas y ejecutadas de igual forma. Sin embargo, cada vez que se hace algo, como compra de equipo u otro por parte del ejército, la izquierda hace tanto ruido que tira por la borda cualquier esfuerzo. Habiendo sido vencidos en el conflicto armado interno, detestan todo lo relacionado al ejército.
No estoy pretendiendo obviar errores de procedimiento o actos de corrupción que pudieron darse. Solo deseo resaltar la oposición sistemática a que el ejército se desarrolle como debe ser, pues es su responsabilidad la defensa del territorio.
Los acuerdos de paz establecieron la reducción del número de miembros del ejército. A pesar de que los mencionados acuerdos fueron rechazados en la consulta popular, se procedió con el cumplimiento de esto. Más de 20 años después, vivimos las consecuencias. Guatemala vive asediada por el narcotráfico. Hay territorios que están totalmente controlados por narcotraficantes, dejando a esas poblaciones sin posibilidad de desarrollo. Es imposible invertir pues esto generaría crecimiento económico y empleos. Esto es contrario al libre paso de la droga.
Sumado a lo anterior, está la conflictividad social. Personajes como César Montes, con su “ejército” de camisas rojas, dice que no aceptan la invasión de fincas pero sí se opone a los desalojos. ¿Cómo así? En esta reciente tragedia, se le acusa públicamente a él y a su grupo de ser los responsables de la muerte de los tres soldados. Esto tendrá que ser corroborado por el sistema de justicia. Por de pronto, hay presencia permanente de este dirigente guerrillero y de su grupo de delincuentes, bajo la sombrilla de la Fundación Turcios Lima, en el norte de Guatemala.
Lamentablemente, no son los únicos. La ex candidata presidencial, Telma Cabrera, con su grupo de ladrones de energía, bajo la sombrilla de CODECA, también mantienen presencia en casi todo el territorio nacional. “Hurtan fluidos” abiertamente y sin consecuencias penales para nadie. Las empresas distribuidoras de energía, legalmente establecidas y cumpliendo con sus obligaciones tributarias, tienen que vivir con las enormes pérdidas que les ocasiona este robo de grandes ligas. Losgobiernos de turno no han tomado medidas frontales y contundentes para poner un alto. Muy por el contrario, vimos cómo el Tribunal Supremo Electoral inscribió a la dirigente Cabrera como candidata a la presidencia, obviando los requisitos de honorabilidad e idoneidad exigidos para ello.
Hay más de mil setecientas invasiones en fincas. Recientemente, el Ministerio de Gobernación logró algunos desalojos. Sin embargo, el problema se dejó crecer hasta niveles difícilmente manejables. Desalojar a tantos grupos, dirigidos por auténticos delincuentes, no será fácil ni pacífico. Tampoco lo será encarcelar y procesar judicialmente a todos los esbirros de la dirigente Cabrera, ni a ella misma. Hay muchos casos más de conflictos sociales, como el de Mina San Rafael, que sigue cerrada ya por más de dos años. Aquí será extremadamente difícil, mas no imposible, procesar penalmente a los responsables: la llamada “trinca infernal” de la corte de constitucionalidad.
Tenemos esperanzas en el próximo gobierno. Creemos que cuentan con la suficiente fuerza para empezar a poner orden. Si esto sucede, la inversión privada, local o extranjera, podrá llegar a muchos lugares de nuestro país y así, generar crecimiento y desarrollo, tan necesarios y urgentes para Guatemala.
Esta semana vivimos otro episodio trágico. Obviamente, me refiero al vil asesinato de tres miembros de nuestro ejército, de manos de narcotraficantes. El área del suceso es paso obligado de la ruta de la droga, que sigue su camino hacia el norte. Es trágico, triste y lamentable. Pero más lamentable es la falta de acciones contundentes para luchar contra este gran problema. Siendo un asunto internacional, es más que necesario que las acciones sean coordinadas y ejecutadas de igual forma. Sin embargo, cada vez que se hace algo, como compra de equipo u otro por parte del ejército, la izquierda hace tanto ruido que tira por la borda cualquier esfuerzo. Habiendo sido vencidos en el conflicto armado interno, detestan todo lo relacionado al ejército.
No estoy pretendiendo obviar errores de procedimiento o actos de corrupción que pudieron darse. Solo deseo resaltar la oposición sistemática a que el ejército se desarrolle como debe ser, pues es su responsabilidad la defensa del territorio.
Los acuerdos de paz establecieron la reducción del número de miembros del ejército. A pesar de que los mencionados acuerdos fueron rechazados en la consulta popular, se procedió con el cumplimiento de esto. Más de 20 años después, vivimos las consecuencias. Guatemala vive asediada por el narcotráfico. Hay territorios que están totalmente controlados por narcotraficantes, dejando a esas poblaciones sin posibilidad de desarrollo. Es imposible invertir pues esto generaría crecimiento económico y empleos. Esto es contrario al libre paso de la droga.
Sumado a lo anterior, está la conflictividad social. Personajes como César Montes, con su “ejército” de camisas rojas, dice que no aceptan la invasión de fincas pero sí se opone a los desalojos. ¿Cómo así? En esta reciente tragedia, se le acusa públicamente a él y a su grupo de ser los responsables de la muerte de los tres soldados. Esto tendrá que ser corroborado por el sistema de justicia. Por de pronto, hay presencia permanente de este dirigente guerrillero y de su grupo de delincuentes, bajo la sombrilla de la Fundación Turcios Lima, en el norte de Guatemala.
Lamentablemente, no son los únicos. La ex candidata presidencial, Telma Cabrera, con su grupo de ladrones de energía, bajo la sombrilla de CODECA, también mantienen presencia en casi todo el territorio nacional. “Hurtan fluidos” abiertamente y sin consecuencias penales para nadie. Las empresas distribuidoras de energía, legalmente establecidas y cumpliendo con sus obligaciones tributarias, tienen que vivir con las enormes pérdidas que les ocasiona este robo de grandes ligas. Losgobiernos de turno no han tomado medidas frontales y contundentes para poner un alto. Muy por el contrario, vimos cómo el Tribunal Supremo Electoral inscribió a la dirigente Cabrera como candidata a la presidencia, obviando los requisitos de honorabilidad e idoneidad exigidos para ello.
Hay más de mil setecientas invasiones en fincas. Recientemente, el Ministerio de Gobernación logró algunos desalojos. Sin embargo, el problema se dejó crecer hasta niveles difícilmente manejables. Desalojar a tantos grupos, dirigidos por auténticos delincuentes, no será fácil ni pacífico. Tampoco lo será encarcelar y procesar judicialmente a todos los esbirros de la dirigente Cabrera, ni a ella misma. Hay muchos casos más de conflictos sociales, como el de Mina San Rafael, que sigue cerrada ya por más de dos años. Aquí será extremadamente difícil, mas no imposible, procesar penalmente a los responsables: la llamada “trinca infernal” de la corte de constitucionalidad.
Tenemos esperanzas en el próximo gobierno. Creemos que cuentan con la suficiente fuerza para empezar a poner orden. Si esto sucede, la inversión privada, local o extranjera, podrá llegar a muchos lugares de nuestro país y así, generar crecimiento y desarrollo, tan necesarios y urgentes para Guatemala.