Decimos que el individuo es responsable porque posee libre albedrío. Porque lo suponemos capaz de tomar decisiones autónomas según su propia reflexión y voluntad. Porque consideramos que sus decisiones están determinadas por su arbitrio o juicio, y no por necesidades, limitaciones o predeterminaciones. Entonces, concluimos que por ser libre de decidir cómo actuar, es que lo podemos responsabilizar moralmente. Tiene, por tanto, libertad tanto para hacer bien como para hacer mal. Pero este razonamiento es válido sólo si es libre. Es decir, sólo si es libre es moral.

Pero ¿es libre? ¿Tiene el hombre libre albedrío?

Ser moral significa regir uno su conducta por leyes morales, leyes sobre lo que es correcto, leyes universales y objetivas determinadas por la razón y validadas por la ley de no contradicción. Difiere de las leyes de la naturaleza a la cual está sujeta la voluntad en que son leyes que están sujetas a una voluntad en cuanto a su relación con sus acciones libres. Es actuar según lo que es moralmente correcto y no por alguna inclinación inmediata que le mueva a ello como la mastigofobia o miedo al castigo o deseo del premio. Y como efectivamente la persona puede actuar conforme a la moral desafiando sus inclinaciones y miedos, podemos sin lugar a duda, concluir que su conducta está regida por su libre albedrío. Entonces, como es moral, es libre y por tanto responsable de sus actos.

La justicia es la moralidad aplicada a las interrelaciones de los individuos en una sociedad. La justicia es un compromiso para garantizar la ventaja mutua, para prevenir que uno dañe a otros y evitar que uno sea dañado por otros. El fin de la justicia es establecer las pautas y normas que permitan a los asociados vivir en concordia. Para aquellos seres vivos incapaces de hacer pactos de no dañar a otros ni ser dañado, no hay ni justicia ni injusticia. El león no es injusto con el antílope que caza y se come.

El viernes 24 de noviembre, un grupo de ciudadanos y la Contraloría De Cuentas, clamando por justicia ratificaron la denuncia contra el Tribunal Supremo Electoral por malgasto del dinero de los guatemaltecos: anomalías en la adquisición del TREP, entre estas, sobrevaloración del equipo y servicios, falta de calidad en el gasto público, compra de equipo innecesario, contratación a DATASYS quien a la vez subcontrató a PODERNET quien al mismo tiempo designó a un tercero de su confianza para que los auditara, etc.

La Comisión Pesquisidora por antejuicio a magistrados del TSE deberá elaborar un informe para el Congreso recomendando o no se les quite la inmunidad a los acusados para que queden sujetos a investigación pues son responsables de sus actos. Julio Enrique Montano, el diputado que preside la Comisión Pesquisidora del TSE, preguntó a dos de los denunciantes, los abogados Karen Fischer y Giovani Fratti, que si consideraban que el tiempo estipulado para rendir su informe era adecuado o muy corto.

Ambos abogados coincidieron con Montano que, dado el tamaño del expediente, probablemente era corto. Sin embargo, más tarde el diputado Montano, aduciendo irresponsabilidad de lo que dice en el Congreso de la República, afirmó que la indagación es una “estupidez de sesión que está más arreglada que todo lo demás” y que es un jueguito con el propósito de evitar que Bernardo Arévalo quede como presidente. Tal parece entonces que el tiempo sí ha sido suficiente para que él emita su veredicto, contradiciendo su argumento anterior. Por tanto, el tiempo estipulado para rendir el informe sí es adecuado. Esta es una cuestión de justicia, de moral. Si bien el goza de irresponsabilidad de lo que dice por ser diputado, ante la población es responsable de sus actos.