Se habla mucho de que “urge” una ley de competencia (LDC) en Guatemala. Eso es preocupante. La insistencia en la urgencia de cualquier ley puede incentivar la aprobación de una ley mal escrita, sin consideración de las malas consecuencias no intencionadas.

Abundan casos en Guatemala en los cuales se critican los abusos de leyes existentes con fines políticos. Por ejemplo, se critica el abuso de las leyes electorales, las leyes diseñadas para proteger a mujeres, leyes que fijan el plazo de la fiscal general, etc. Muchos de los críticos de los abusos de estas leyes pidieron los cambios en las leyes que hoy critican que se están abusando y no sin algo de razón.

La lección es esta: si una ley bien intencionada se redacta de manera que después podría ser mal usada, esa ley no se debería de aprobar.

El camino correcto es redactar mejores leyes de mejor manera, para evitar el riesgo de abusos por mala redacción, cosa que siempre abre la puerta al abuso de la discreción de los gobernantes de turno para su beneficio propio. Eso sería contribuir a la corrupción.

Cualquier propuesta de ley debería de ser ampliamente discutida y consensuada de la mejor manera posible en la sociedad donde se pretenden aplicar. Así viene siendo con la abogacía por una ley de infraestructura bien pensada y socializada (aquí, aquí, aquí).

Con respecto a una LDC, desde el extranjero se manda a escribir una para Guatemala y colocar el mensaje mediático de que “urge” que pase. A pesar de que esto no fue tema de peso en las elecciones de 2023, se vienen discutiendo varias versiones de una LDC en el Congreso de Guatemala.

El contenido de la propuesta pagada por fondos extranjeros no lo saben ni los líderes políticos ni el pueblo de Guatemala. Por esa misma razón es que vienen fondos del extranjero para levantar el tema mediáticamente en Guatemala, lo cual no sería necesario si fuera prioridad del ciudadano guatemalteco.

Que la presión por la “urgencia” de una LDC venga desde afuera de Guatemala es más razón por preocuparse por su redacción.

La ayuda extranjera muchas veces falla.

EE. UU. es el principal donante de ayuda extranjera en el mundo. En 2021, dio US$ 42 millardos para promover los intereses de su gobierno de turno, representando un 23% del total dado (US$ 187 millardos) de los 30 países que el Banco Mundial reporta como donantes. Si las intervenciones, los consejos y la ayuda de los países desarrollados siempre funcionara como pretenden, no estarían entre los peores gobernados los países de Libia, Iraq, Afganistán, Ucrania y Gaza. Asimismo, otros países no conflictivos receptores de ayuda internacional tendrían mejores resultados en el tema central: el desarrollo.

Si Guatemala va adoptar una LDC, lo ideal sería que no fuera una ley impuesta, que fuera respetuosa del Estado de Derecho y ampliamente discutida, con enfoque particular a las necesidades que tiene el país en temas de industrialización y crecimiento. Ningún país hoy desarrollado basó su estrategia de desarrollo en la aplicación de una LDC.

En el tema de LDC, el espíritu de las leyes de competencia de EE. UU. es el mejor ejemplo a seguir. EE. UU. adoptó una LDC cuando ya era un país más próspero que Europa Occidental. En general, su derecho de competencia conlleva mayor protección al debido proceso. EE. UU. no cuenta con una entidad administrativa con incentivos perversos de ganar por multar, como algunos proponen para Guatemala.

En EE. UU. se respeta más al Estado de Derecho, porque la parte acusadora tiene la carga de la prueba y las conductas empresariales eficientes se presumen que benefician al consumidor. A final de cuentas, la eficiencia del mercado, que maximiza el bienestar del consumidor, es el mero propósito de una LDC.