Limbo institucional
Este episodio debe servir como un recordatorio de la importancia de respetar los plazos y los esquemas de nombramientos, definidos en nuestra Constitución. Ojalá nos sirva como precedente para mantenernos a lo que dicta nuestro marco normativo.
Los guatemaltecos llevamos cuatro años sin renovar nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ). Nuestro Congreso ha incumplido con su obligación de designar a los 13 magistrados de esta corte. Finalmente, el pasado 7 de noviembre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una orden que sacudió la política y la justicia en el país: el Congreso debe elegir, antes del 15 de diciembre, a los nuevos magistrados de la CSJ.
La CSJ es el órgano superior de la administración del Organismo Judicial. Esta corte tiene la potestad de impartir justicia conforme nuestra Constitución Política y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Es importante porque es el tribunal de justicia de superior jerarquía. Está integrado por 13 magistrados, los cuales sostienen este rol por un período de cinco años. La comisión de postulación respectiva genera una nómina de 26 candidatos, entre los cuales el Congreso debe seleccionar a 13. Nuestra ley indica que, tras los cinco años de servicio respectivos, los magistrados de la CSJ concluyen labores el 12 de octubre del año correspondiente. Por lo que el 13 de octubre deben tomar posesión los nuevos magistrados.
Sin embargo, desde 2019, Guatemala no cuenta con nuevas cortes, ni CSJ ni de Cortes de Apelaciones. Los actuales magistrados han permanecido en el cargo, ya que el Congreso no ha nombrado a los que los sustituirán.
Debemos recordar que, en el 2019, la Fundación Myrna Mack, interpuso un amparo el cual buscaba revisar la gradación de los profesionales. Esto provocó el incumplimiento inicial del plazo. Un subsiguiente amparo del Ministerio Público fue resuelto e impuso el requerimiento que cada diputado se debía pronunciar a “viva voz” sobre cada uno de los más de 400 candidatos a estas cortes. Esto implicaba que, de reunirse dos veces a la semana para tratar únicamente este tema, los diputados se tardarían un año entero en la elección de magistrados. Esto no era razonable.
A partir de ello, el Congreso agendó la elección de los magistrados en las órdenes del día de 269 sesiones. No obstante, una y otra vez, se rompió el quórum y la elección no se llevó a cabo. Si bien existía incertidumbre sobre cómo efectuar el procedimiento, tampoco existió mayor voluntad para aclararlo o solucionarlo. Bajo esa óptica, el Congreso (y su Junta Directiva) actuó de manera cínica, sobre todo a sabiendas que no tenían la intención de abordar ese tema en el orden del día.
El atraso carece de fundamento y una justificación razonable. Pero lo que es innegable es que esta demora en la elección de magistrados socava la confianza en nuestro marco institucional de una República Democrática, que depende de la alternancia de los poderes y el estricto cumplimiento de los plazos según la Constitución Política del país.
La elección de magistrados de la CSJ es fundamental para el funcionamiento de un sistema de justicia eficaz y confiable. Los ciudadanos guatemaltecos merecen una CSJ fuerte y capaz que defienda la justicia y la integridad, y para lograrlo, es esencial que el proceso de elección sea transparente y se base en méritos, no en influencias políticas.
El pronunciamiento de la CC quizás es extemporáneo, aunque no es tarde para retormar el orden institucional. Este episodio debe servir como un recordatorio de la importancia de respetar los plazos y los esquemas de nombramientos, definidos en nuestra Constitución. Ojalá nos sirva como precedente para mantenernos a lo que dicta nuestro marco normativo.
De momento, los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para elegir. Tienen la oportunidad de hacer una elección de altura, basada en honorabilidad. De lo contrario,
deberán enfrentar consecuencias por incumplimiento de sus labores. Esperemos que se tomen en serio este importantísimo pendiente y lo resuelvan de una vez por todas. La institucionalidad de nuestro país no puede seguir en el limbo, los guatemaltecos nos merecemos un sistema fuerte, confiable y transparente. Y la elección de los magistrados que la presidirán es fundamental para ello.
Limbo institucional
Este episodio debe servir como un recordatorio de la importancia de respetar los plazos y los esquemas de nombramientos, definidos en nuestra Constitución. Ojalá nos sirva como precedente para mantenernos a lo que dicta nuestro marco normativo.
Los guatemaltecos llevamos cuatro años sin renovar nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ). Nuestro Congreso ha incumplido con su obligación de designar a los 13 magistrados de esta corte. Finalmente, el pasado 7 de noviembre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una orden que sacudió la política y la justicia en el país: el Congreso debe elegir, antes del 15 de diciembre, a los nuevos magistrados de la CSJ.
La CSJ es el órgano superior de la administración del Organismo Judicial. Esta corte tiene la potestad de impartir justicia conforme nuestra Constitución Política y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Es importante porque es el tribunal de justicia de superior jerarquía. Está integrado por 13 magistrados, los cuales sostienen este rol por un período de cinco años. La comisión de postulación respectiva genera una nómina de 26 candidatos, entre los cuales el Congreso debe seleccionar a 13. Nuestra ley indica que, tras los cinco años de servicio respectivos, los magistrados de la CSJ concluyen labores el 12 de octubre del año correspondiente. Por lo que el 13 de octubre deben tomar posesión los nuevos magistrados.
Sin embargo, desde 2019, Guatemala no cuenta con nuevas cortes, ni CSJ ni de Cortes de Apelaciones. Los actuales magistrados han permanecido en el cargo, ya que el Congreso no ha nombrado a los que los sustituirán.
Debemos recordar que, en el 2019, la Fundación Myrna Mack, interpuso un amparo el cual buscaba revisar la gradación de los profesionales. Esto provocó el incumplimiento inicial del plazo. Un subsiguiente amparo del Ministerio Público fue resuelto e impuso el requerimiento que cada diputado se debía pronunciar a “viva voz” sobre cada uno de los más de 400 candidatos a estas cortes. Esto implicaba que, de reunirse dos veces a la semana para tratar únicamente este tema, los diputados se tardarían un año entero en la elección de magistrados. Esto no era razonable.
A partir de ello, el Congreso agendó la elección de los magistrados en las órdenes del día de 269 sesiones. No obstante, una y otra vez, se rompió el quórum y la elección no se llevó a cabo. Si bien existía incertidumbre sobre cómo efectuar el procedimiento, tampoco existió mayor voluntad para aclararlo o solucionarlo. Bajo esa óptica, el Congreso (y su Junta Directiva) actuó de manera cínica, sobre todo a sabiendas que no tenían la intención de abordar ese tema en el orden del día.
El atraso carece de fundamento y una justificación razonable. Pero lo que es innegable es que esta demora en la elección de magistrados socava la confianza en nuestro marco institucional de una República Democrática, que depende de la alternancia de los poderes y el estricto cumplimiento de los plazos según la Constitución Política del país.
La elección de magistrados de la CSJ es fundamental para el funcionamiento de un sistema de justicia eficaz y confiable. Los ciudadanos guatemaltecos merecen una CSJ fuerte y capaz que defienda la justicia y la integridad, y para lograrlo, es esencial que el proceso de elección sea transparente y se base en méritos, no en influencias políticas.
El pronunciamiento de la CC quizás es extemporáneo, aunque no es tarde para retormar el orden institucional. Este episodio debe servir como un recordatorio de la importancia de respetar los plazos y los esquemas de nombramientos, definidos en nuestra Constitución. Ojalá nos sirva como precedente para mantenernos a lo que dicta nuestro marco normativo.
De momento, los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para elegir. Tienen la oportunidad de hacer una elección de altura, basada en honorabilidad. De lo contrario,
deberán enfrentar consecuencias por incumplimiento de sus labores. Esperemos que se tomen en serio este importantísimo pendiente y lo resuelvan de una vez por todas. La institucionalidad de nuestro país no puede seguir en el limbo, los guatemaltecos nos merecemos un sistema fuerte, confiable y transparente. Y la elección de los magistrados que la presidirán es fundamental para ello.