*Por Bryslie Cifuentes-Velasco

En Guatemala, la actividad pesquera —que se desarrolla principalmente en el litoral Pacífico y en el Mar Caribe— contribuye al sustento de las poblaciones ribereñas marítimas y de aguas interiores y con ello a la lucha contra la pobreza a través de la generación de ingresos, sobre todo en el subsector artesanal.

La pesca —comercial artesanal, pequeña, mediana, de gran escala y de túnidos— genera empleo y es un ejercicio de soberanía, jurisdicción y de derechos en el mar mediante el uso del pabellón nacional.

Por todo lo anterior, el Estado guatemalteco debe garantizar que los recursos pesqueros sean administrados bajo un esquema de uso sostenible, evitando su sobreexplotación.

Hace ya un año, los 164 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobaron, en la duodécima Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra, el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca.

Este acuerdo prohíbe las subvenciones en tres casos particulares: las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; la pesca de especies sobreexplotadas y la captura en zonas no reguladas de alta mar. Se trata de un avance para la conservación del océano, evitando una mayor presión sobre los recursos pesqueros, particularmente para aquellas poblaciones que se encuentran en niveles de explotación no sostenibles.

Para que este instrumento entre en vigor se necesita que dos tercios del total de países miembros depositen su “instrumento de aceptación” ante la OMC y ratifiquen así el acuerdo. Algunos miembros ya lo han hecho. Entre ellos están Belice, Canadá, China, Estados Unidos, Islandia, Nigeria, Seychelles, Singapur, Suiza y la Unión Europea.

Cabe destacar que este compromiso internacional representa un hecho histórico. Es el primer acuerdo relacionado con el ambiente en el seno de la OMC, así como uno que da cumplimiento a la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la primera alcanzada mediante un acuerdo multilateral.

En Guatemala, no existen actualmente antecedentes de tipo legal que demuestren el otorgamiento de subsidios al sector pesquero, particularmente aquellos que son considerados nocivos, como el financiamiento de actividades de pesca ilegal o de la extracción de especies no reguladas, que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción.

Por ello, es consistente que el Estado de Guatemala haya participado en la negociación del Acuerdo de Subvenciones a la Pesca y que esté trabajando ahora para su eventual ratificación. En esa misma línea, el país tiene la oportunidad de crear normativas, tanto a nivel legislativo como a ejecutivo, que prohíban cualquier estímulo que pueda ir en detrimento de los recursos pesqueros.

La ratificación del acuerdo confirmaría la aplicación coherente de las políticas ambientales del Estado en materia de conservación de especies, así como el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Es labor de las y los tomadores de decisión, así como de la ciudadanía, dar seguimiento a la incorporación de un instrumento internacional de tal beneficio para el país al ordenamiento jurídico interno.

También es necesario verificar que la iniciativa de Ley General de Pesca y Acuicultura y su reglamento incluyan de manera firme disposiciones que contribuyan a una pesca sostenible en el país.

*Bryslie Cifuentes-Velasco es abogada del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).