Sánchez pierde en la nueva reforma del mercado eléctrico europeo
En definitiva, la posición del Consejo, la de la Comisión y Parlamento europeos está muy alejada de la propuesta española inicial y rechaza de plano la intervención en el mercado propuesta por Sumar.
ña es 67 euros/MWh y en Europa es de 180 euros/MWh, lo cual pone en enorme desventaja a las empresas españolas y desincentiva la inversión.
No podemos olvidar que Europa ha vuelto a rechazar la posibilidad de generalizar la equivocada “excepción ibérica”. Un subterfugio que solo ha servido para esconder el precio real de la energía y cobrarlo en la factura por otro lado y enviar centenares de millones de euros a Francia y Portugal, incluso Marruecos, que se benefician de comprar la energía subvencionada española y arbitrar con ella.
Para un cliente medio en PVPC (4,1 kW de potencia contratada y unos 2.300 kWh/año) la mal llamada “excepción ibérica” solo supuso en 2022 una reducción de la factura de un 14%, y un ahorro de unos 67 euros, mientras que los un consumidor doméstico con contrato fijo sufrieron un incremento del 41% en su factura, con un coste de unos 112 euros en 2022 por efecto del tope de gas.
La excepción ibérica ha dejado un ahorro imperceptible a los clientes regulados, un aumento considerable al resto de consumidores, un coste elevadísimo para el estado.
Más de 19 millones de españoles pagaron en 2022 un 41% más para que 11 millones pagasen solo un 14% menos y, mientras tanto, España envió millones de euros diarios a Francia, Marruecos y Portugal para que el gobierno maquillase el dato de IPC durante unos meses.
El gobierno de España se ha lanzado a afirmar que esta reforma va en el sentido de sus propuestas, pero es totalmente incorrecto:
Los contratos por diferencia (CFD) tienen carácter voluntario en todas las propuestas frente a precios regulados mediante CfDs obligatorios a instalaciones existentes (Hidráulica y nuclear) que proponía el gobierno de España. Además, no se contemplan medidas retroactivas ni de intervención sobre el mercado de generación como exige Sumar.
Cabe recordar que en España todavía están vigentes medidas intervencionistas, alejadas de las medidas europeas y que sería necesario eliminar para no restar competitividad frente a otros países, desde el injustificado impuesto sobre ingresos (no sobre beneficios) aplicado a gas y petróleo, pero también a electricidad, y la minoración de ingresos obligatoria a hidráulica y nuclear que en España es mucho más agresiva que en Europa y está vigente hasta final de 2023 a pesar de que la Comisión Europea ha recomendado no extender estas medidas más allá de junio de 2023.
En definitiva, la posición del Consejo, la de la Comisión y Parlamento europeos está muy alejada de la propuesta española inicial y rechaza de plano la intervención en el mercado propuesta por Sumar.
Si algo necesita el mercado eléctrico es más liberalización y menos intervención, menos impuestos encadenados y más inversión productiva. Con las medidas retrogradas y dañinas que ha presentado el gobierno de España se está entorpeciendo la inversión y además se perjudica a los consumidores. La planificación central nunca funciona, solo perpetúa la burocracia.
Sánchez pierde en la nueva reforma del mercado eléctrico europeo
En definitiva, la posición del Consejo, la de la Comisión y Parlamento europeos está muy alejada de la propuesta española inicial y rechaza de plano la intervención en el mercado propuesta por Sumar.
ña es 67 euros/MWh y en Europa es de 180 euros/MWh, lo cual pone en enorme desventaja a las empresas españolas y desincentiva la inversión.
No podemos olvidar que Europa ha vuelto a rechazar la posibilidad de generalizar la equivocada “excepción ibérica”. Un subterfugio que solo ha servido para esconder el precio real de la energía y cobrarlo en la factura por otro lado y enviar centenares de millones de euros a Francia y Portugal, incluso Marruecos, que se benefician de comprar la energía subvencionada española y arbitrar con ella.
Para un cliente medio en PVPC (4,1 kW de potencia contratada y unos 2.300 kWh/año) la mal llamada “excepción ibérica” solo supuso en 2022 una reducción de la factura de un 14%, y un ahorro de unos 67 euros, mientras que los un consumidor doméstico con contrato fijo sufrieron un incremento del 41% en su factura, con un coste de unos 112 euros en 2022 por efecto del tope de gas.
La excepción ibérica ha dejado un ahorro imperceptible a los clientes regulados, un aumento considerable al resto de consumidores, un coste elevadísimo para el estado.
Más de 19 millones de españoles pagaron en 2022 un 41% más para que 11 millones pagasen solo un 14% menos y, mientras tanto, España envió millones de euros diarios a Francia, Marruecos y Portugal para que el gobierno maquillase el dato de IPC durante unos meses.
El gobierno de España se ha lanzado a afirmar que esta reforma va en el sentido de sus propuestas, pero es totalmente incorrecto:
Los contratos por diferencia (CFD) tienen carácter voluntario en todas las propuestas frente a precios regulados mediante CfDs obligatorios a instalaciones existentes (Hidráulica y nuclear) que proponía el gobierno de España. Además, no se contemplan medidas retroactivas ni de intervención sobre el mercado de generación como exige Sumar.
Cabe recordar que en España todavía están vigentes medidas intervencionistas, alejadas de las medidas europeas y que sería necesario eliminar para no restar competitividad frente a otros países, desde el injustificado impuesto sobre ingresos (no sobre beneficios) aplicado a gas y petróleo, pero también a electricidad, y la minoración de ingresos obligatoria a hidráulica y nuclear que en España es mucho más agresiva que en Europa y está vigente hasta final de 2023 a pesar de que la Comisión Europea ha recomendado no extender estas medidas más allá de junio de 2023.
En definitiva, la posición del Consejo, la de la Comisión y Parlamento europeos está muy alejada de la propuesta española inicial y rechaza de plano la intervención en el mercado propuesta por Sumar.
Si algo necesita el mercado eléctrico es más liberalización y menos intervención, menos impuestos encadenados y más inversión productiva. Con las medidas retrogradas y dañinas que ha presentado el gobierno de España se está entorpeciendo la inversión y además se perjudica a los consumidores. La planificación central nunca funciona, solo perpetúa la burocracia.