Sin título
Lamentablemente, no es así por lo que las luchas de poder y la insaciable necesidad de llegar “a la guayaba”, como decimos en buen chapín, han retado a un sistema de justicia maltrecho, corrupto, débil y sin credibilidad.
¿Qué título podemos ponerle a este episodio en nuestra Guate? ¿Incertidumbre? ¿Relajo? ¿Ilegalidad? ¿Lucha de poderes? ¿Compra de voluntades? ¿Reto al maltrecho sistema? ¿Batalla ideológica? ¿Corrupción? ¿De todo un poco? Seguramente a usted se le ocurrirán otros nombres para tratar de definir la situación que estamos viviendo.
¿Qué hay detrás de todo esto? A mi criterio, lo que hemos visto en estos días es una gama dispersa de la interpretación de la ley. Un mismo párrafo es utilizado por ambos lados del espectro, según su conveniencia. Un caso específico es el de la prohibición de cancelar un partido político una vez hayan sido convocadas las elecciones. Muchos en las redes han dicho que sí se puede porque se trata de un delito penal. Otros dicen que no pues el artículo de la ley no hace distingos en esa materia.
¿Quiénes tienen la razón? Es imposible de saber ante esta incertidumbre que prevalece sobre todo lo demás. Si buscamos el fondo de esto, pienso que deriva, en parte, de la interpretatividad de nuestra legislación. Todas las leyes, sin excepción, están llenas de vocabulario florido y de redacción compleja. Adicionalmente, la lengua española es rica en términos con significados diferentes, según el contexto.
Este proceso electoral ha sido sumamente cuestionado. La participación de los candidatos estuvo sujeta a la voluntad del Tribunal Supremo Electoral, TSE. Los afectados elevaron su reclamo a la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Al no obtener el dictamen esperado, los casos se elevaron a la Corte de Constitucionalidad.
Una consecuencia de esto es la pérdida de credibilidad del TSE. En esta coyuntura, se requería de una entidad fuerte y firme cuyas decisiones fueran aceptadas. Lamentablemente, no es así por lo que las luchas de poder y la insaciable necesidad de llegar “a la guayaba”, como decimos en buen chapín, han retado a un sistema de justicia maltrecho, corrupto, débil y sin credibilidad.
En medio de todo, estamos los chapines. Nos toca convivir en la batalla de las acusaciones, conferencias de prensa, protestas, exigencias y demás. Lo que más queremos y necesitamos es paz, estabilidad y, sobre todo, un marco regulatorio firme, sin estar sujeto a la interpretación de los funcionarios de turno. Solo así podemos producir y generar nuestros ingresos para tener una vida digna. Quienes no tienen trabajo, requieren un país estable y pujante para que haya más inversión y comercio y así tener la oportunidad de conseguir un empleo.
La “clase política” deja muchísimo que desear. Se olvidan que su función es generar las condiciones para que podamos vivir y trabajar en paz y con libertad. Debemos recordarles que somos nosotros quienes generamos riqueza, parte de la cual se va en pagarles sus salarios.
¡Ya basta!
Sin título
Lamentablemente, no es así por lo que las luchas de poder y la insaciable necesidad de llegar “a la guayaba”, como decimos en buen chapín, han retado a un sistema de justicia maltrecho, corrupto, débil y sin credibilidad.
¿Qué título podemos ponerle a este episodio en nuestra Guate? ¿Incertidumbre? ¿Relajo? ¿Ilegalidad? ¿Lucha de poderes? ¿Compra de voluntades? ¿Reto al maltrecho sistema? ¿Batalla ideológica? ¿Corrupción? ¿De todo un poco? Seguramente a usted se le ocurrirán otros nombres para tratar de definir la situación que estamos viviendo.
¿Qué hay detrás de todo esto? A mi criterio, lo que hemos visto en estos días es una gama dispersa de la interpretación de la ley. Un mismo párrafo es utilizado por ambos lados del espectro, según su conveniencia. Un caso específico es el de la prohibición de cancelar un partido político una vez hayan sido convocadas las elecciones. Muchos en las redes han dicho que sí se puede porque se trata de un delito penal. Otros dicen que no pues el artículo de la ley no hace distingos en esa materia.
¿Quiénes tienen la razón? Es imposible de saber ante esta incertidumbre que prevalece sobre todo lo demás. Si buscamos el fondo de esto, pienso que deriva, en parte, de la interpretatividad de nuestra legislación. Todas las leyes, sin excepción, están llenas de vocabulario florido y de redacción compleja. Adicionalmente, la lengua española es rica en términos con significados diferentes, según el contexto.
Este proceso electoral ha sido sumamente cuestionado. La participación de los candidatos estuvo sujeta a la voluntad del Tribunal Supremo Electoral, TSE. Los afectados elevaron su reclamo a la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Al no obtener el dictamen esperado, los casos se elevaron a la Corte de Constitucionalidad.
Una consecuencia de esto es la pérdida de credibilidad del TSE. En esta coyuntura, se requería de una entidad fuerte y firme cuyas decisiones fueran aceptadas. Lamentablemente, no es así por lo que las luchas de poder y la insaciable necesidad de llegar “a la guayaba”, como decimos en buen chapín, han retado a un sistema de justicia maltrecho, corrupto, débil y sin credibilidad.
En medio de todo, estamos los chapines. Nos toca convivir en la batalla de las acusaciones, conferencias de prensa, protestas, exigencias y demás. Lo que más queremos y necesitamos es paz, estabilidad y, sobre todo, un marco regulatorio firme, sin estar sujeto a la interpretación de los funcionarios de turno. Solo así podemos producir y generar nuestros ingresos para tener una vida digna. Quienes no tienen trabajo, requieren un país estable y pujante para que haya más inversión y comercio y así tener la oportunidad de conseguir un empleo.
La “clase política” deja muchísimo que desear. Se olvidan que su función es generar las condiciones para que podamos vivir y trabajar en paz y con libertad. Debemos recordarles que somos nosotros quienes generamos riqueza, parte de la cual se va en pagarles sus salarios.
¡Ya basta!